A dos días de que expire el plazo para emitir el voto por correo, la mayoría de papeletas de los electores que han solicitado el sufragio por vía postal en Melilla sigue en el limbo. De las 11.707 peticiones de votos por correo, solo se han entregado 1.302, el 11,12% del total, según datos de la delegación del Gobierno actualizados a este lunes. La ciudad autónoma vive estos días una campaña embarrada por la investigación judicial sobre el posible fraude electoral —abierto a instancias de la Policía Nacional, tras la avalancha de solicitudes y ante los altos indicios de la compra de esos votos—, que ha desembocado además en un cruce de acusaciones entre las principales formaciones políticas. Fuentes judiciales apuntan a que la tensión va en aumento conforme se acerca la cita en las urnas del próximo 28 de mayo.

La junta electoral de zona (JEZ) acordó el miércoles exigir a los electores por correo presentar su sobre personalmente y con el DNI al acudir a la oficina de Correos de Melilla para emitir su voto. Un día después, la Junta Electoral Central (JEC) amplió este requisito a todo melillense que hiciese lo propio en el resto de municipios españoles. Hasta ese momento, 761 personas habían depositado ya sus votos sin esa condición (161 en la Península), validados posteriormente por la JEC. Por lo que solo 541 han sido presentados desde el viernes bajo la condición de identificación. También se reforzó la seguridad en las salidas de la ciudad para evitar la fuga de los supuestos defraudadores con los sobres. Y se han sucedido las identificaciones de sospechosos en los últimos días. “Hay una total incongruencia entre los votos pedidos y los ejecutados. Todo parece indicar que hay una relación con las medidas policiales y judiciales”, sostienen fuentes del Ministerio del Interior. Por ahora, quedan 10.405 sufragios pendientes de depositarse (en torno al 18% de todos los votos posibles) hasta este jueves día 25, fecha límite para entregarse en Correos.

De mantenerse esta tendencia, parece previsible que buena parte de los votos pedidos por correo se queden en un cajón, ya que, una vez solicitado, no se puede acudir luego a las urnas durante la jornada electoral. Lo que a su vez tendría un impacto en el resultado del domingo. En las elecciones municipales y autonómicas de 2019, 4.210 papeletas se emitieron por vía postal, un 7,78% del cómputo total. Entonces, el Partido Popular fue la fuerza más votada al concitar 12.943 sufragios y 10 diputados; Coalición por Melilla (CpM) —partido local con mayor influencia sobre la comunidad musulmana—, 10.472 votos y 8 asientos, y el PSOE, 4.928 y 4 escaños. El único representante logrado por Ciudadanos, Eduardo de Castro, fue investido presidente al pactar un Gobierno de coalición con PSOE y CpM. La Asamblea de Melilla reparte 25 escaños y cada diputado cuesta algo más de mil votos.

El peso del voto por correo en este 28-M es tal que hay más sufragios solicitados por vía postal que los que CpM llegó a aglutinar en las urnas hace cuatro años. Con el añadido de que todo parece indicar que varios escaños quedarán en el aire si los votos por correo no llegan a materializarse. Y con las respectivas consecuencias que este vacío pueda provocar en la ciudad autónoma desde la noche electoral. Según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), el Tribunal Superior de Justicia podría pedir declarar la nulidad de la votación en todas o algunas mesas y acordar que se proceda a la repetición de las elecciones. Precisamente, en 1989 y en Melilla, se decretó la repetición de un proceso electoral al no poder garantizarse el carácter “secreto” del voto. Una decisión ratificada por el Tribunal Constitucional.

Cruce de acusaciones entre los partidos

Entre tanto, CpM ha recurrido la decisión de la JEZ ante la JEC, a la que solicita que se invaliden los 761 votos emitidos sin DNI, y amenaza con impugnar las elecciones. Mientras que el expresidente de Melilla y candidato del PP, Juan José Imbroda, ha acusado directamente a CpM de la compra de votos, este lunes, durante una comparecencia. “Ahora se ha hecho mediático y los poderes del Estado se van a fijar bien y vamos a arreglar esto. Pero estamos luchando con esto, años, el Partido Popular, solos, como en un combate de boxeo. Esta situación es de mafia total y de ruptura del sistema constitucional y contra la democracia”, ha aseverado, además de acusar al PSOE de haber callado ante el supuesto fraude por haber pactado el Gobierno con la formación de Mustafa Aberchán, condenado por un caso de compra de votos en 2008, en la legislatura que ahora acaba. Por su parte, la número siete de la lista de Coalición por Melilla, Cecilia González, ha señalado, en rueda de prensa: “Vamos a pedir que Delegación de Gobierno explique qué está pasando en Correos, si realmente se están respetando los dictados de la Junta Electoral en el sentido de que la acreditación sea personal e intransferible”.

El Ministerio del Interior ha informado este lunes sobre el despliegue preparado ante el próximo domingo para velar por la seguridad durante la jornada electoral en Melilla. En total, 594 agentes integrarán el dispositivo especial: 241 miembros de la Policía Nacional, 213 de la Guardia Civil y 140 de la Policía Local. Desde la delegación de Gobierno recuerdan que, en Melilla, los números son similares a los de las elecciones de 2019. Eso sí, en Ceuta, con población y tamaño similar, el operativo cuenta con menos de la mitad de efectivos, 247. “Hace cuatro años ya pusimos un dispositivo de seguridad importante porque en otras elecciones se habían vivido momentos de tensión y algún problema, incluso una pelea entre un interventor del PP con otro de CpM, e indicios de compra de votos”, puntualizan. “Se localizó un coche con votos y dinero en las inmediaciones de un colegio electoral en las elecciones generales”.

La Policía Nacional investiga a decenas de sospechosos por su presunta implicación en las redes de captación de votos por correo, según fuentes de Interior. Los investigadores tienen el foco puesto sobre integrantes de CpM, pero también en “otros partidos” respecto a los que los indicios son menos concluyentes. El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla asumió las diligencias previas del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario, porque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de visita este domingo en la ciudad autónoma, prefirió, en un acto de campaña, no desvelar más detalles y se mostró “cauto”. Lo que sí aseguró el ministro es que el Gobierno estudia “reformar” la LOREG para que se exija la identificación del votante por correo también a la hora de emitir el voto y no solo en la solicitud y en la recepción de la documentación electoral, como así se ha impuesto en Melilla ante las sospechas de fraude.

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