Radiografía electoral | Navarra, remanso económico y banco de pruebas político

Navarra ha vuelto a ser este año —como los 15 anteriores— la comunidad autónoma con mejor calidad de vida, según el informe anual del Instituto Nacional de Estadística (INE) que mide parámetros como la presencia de zonas verdes, el nivel de ruido y contaminación, la renta por habitante, la seguridad o el nivel educativo. Es la tercera autonomía con mayor PIB per capita (solo por detrás de Madrid y el País Vasco) y la única región que ha estado presidida por mujeres durante tres mandatos consecutivos: Yolanda Barcina (UPN, 2011-2015), Uxue Barkos (Geroa Bai, 2015-2019) y la actual presidenta, la socialista María Chivite. Pero Navarra ha sido también en esta legislatura un pequeño banco de pruebas: Chivite fue investida en 2019 gracias a la abstención de varios diputados de EH Bildu —aunque los socialistas sostienen que nadie se lo pidió—, cuando los acuerdos a escala nacional del PSOE con la formación abertzale aún no existían; y ha sacado adelante sus cuatro presupuestos con el apoyo de ese grupo, lo que ha indignado a la oposición. El PSN, que gobierna en coalición con Geroa Bai y Podemos, aspira a reeditar ese Ejecutivo tripartito tras el 28-M.

El paisaje político navarro, en todo caso, se ha removido a izquierda y derecha. La marca Navarra Suma, con la que hace cuatro años concurrieron en coalición Unión del Pueblo Navarro (UPN), el PP y Ciudadanos, se ha deshecho, y ahora estos tres partidos se presentan por separado (el PP lleva en sus listas a una tránsfuga de CS, la senadora Ruth Goñi, y a dos de UPN, los diputados del Congreso Sergio Sayas y Carlos García Adanero). También se presenta Vox, a quien los sondeos pronostican una entrada en el Parlamento autonómico con hasta tres escaños de los 50 que forman la Cámara. En la otra orilla, el movimiento ha sido el contrario: Podemos, Izquierda Unida, Batzarre, Equo e independientes concurren coaligados en Contigo Navarra.

Con una población de 665.000 habitantes y una economía eminentemente industrial (en Navarra el sector secundario representa el 31% del PIB autonómico, el doble que la media nacional), el sector estrella es el de la automoción. En este ámbito, la legislatura ha vivido un hito con la decisión del Grupo Volkswagen de fabricar varios modelos de coche eléctrico en su planta del polígono de Landaben, en Pamplona. Una buena noticia para la economía regional que, sin embargo, tiene también su reverso: la incertidumbre sobre qué pasará con los 13.000 trabajadores —un 4,5% de la población activa de la comunidad— que ahora están empleados en la industria auxiliar de los vehículos de combustión, un sector que deberá transformarse de manera integral.

En el seno del Gobierno tripartito ha habido discrepancias claras; una de las fundamentales, a cuenta de la política lingüística. Desde hace cuatro décadas, Navarra se divide en tres zonas sociolingüísticas: la vascófona (donde un 62% de la población habla euskera y un 13,7% lo comprende, según la última encuesta del Instituto Navarro del Euskera), la mixta (con un 12,6% de población vascoparlante) y la no vascófona (donde menos del 2% de la población habla euskera). En cada una de ellas, el peso dado por la Administración a las dos lenguas, castellano y euskera, es distinto.

El anterior Gobierno, presidido por Uxue Barkos, aprobó un decreto que introducía el conocimiento del euskera como mérito para lograr un empleo público en la zona no vascófona e incrementaba notablemente su peso en el baremo final en la zona mixta. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra lo anuló en 2019 por “discriminatorio”. En este mandato, el Ejecutivo presidido por la socialista María Chivite ha estado trabajando en una nueva norma —aún no aprobada— que ha enfrentado a los dos socios: PSN y Geroa Bai. Los socialistas propusieron que en la zona no vascófona el euskera no puntuara como mérito, y que en la zona mixta solo lo hiciera en las plazas de atención directa a la ciudadanía y en los empleos del servicio público de salud. En la zona vascófona sí se valoraría el euskera como mérito de forma generalizada.

“Es un avance porque valora el euskera para el acceso a determinados puestos de la Administración en la zona mixta, donde ahora no se puntúa, pero es insuficiente: lamentamos que en la zona no vascófona no se valore el euskera para acceder a estos puestos, y sí el inglés o el francés”, afirma Mikel Arregi, gerente del Instituto Navarro del Euskera, dependiente de una consejería dirigida por Geroa Bai. En materia de euskera, además, hay otra discrepancia mayor en el seno del Ejecutivo: Geroa Bai (al igual que EH Bildu) apuesta por superar la zonificación lingüística, lo que en la práctica supondría dar al euskera la condición de lengua cooficial en todo el territorio, no solo en las zonas mixta y vascófona como en la actualidad.

Las discrepancias entre los socios de Gobierno se han reproducido también en el ámbito educativo. En concreto, por los cambios en el PAI (programa de aprendizaje en inglés), a través de una ley que el PSN aprobó con el apoyo de Navarra Suma y el rechazo de Geroa Bai; y por la reducción de las horas de religión y el consiguiente excedente de profesores: mientras PSN y Podemos abogaban por rescindir los contratos de este profesorado, Geroa Bai pactó con Navarra Suma una ley para blindarlos.

La oposición ha centrado sus críticas en la política sanitaria, por el incremento en las listas de espera y la alta temporalidad en el servicio. El portavoz de la Plataforma Navarra de Salud, Lázaro Elizalde, denuncia que “las plantillas han llegado a tener hasta un 60% de temporalidad, con lo que eso conlleva para el personal y para los pacientes”. Con las últimas medidas se estima que se reducirá al 40%, pero eso no elimina el problema, por la elevada rotación y la falta de profesionales en zonas rurales. La confianza de los navarros en el servicio, en todo caso, es alta: apenas el 11% de la ciudadanía tiene un seguro privado, según la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa).

Más consenso ha generado la política sobre Memoria Histórica, que ha unido al Gobierno y no ha sido especialmente usada como arma por la oposición. Amaia Lerga, presidenta de Affna-36 (Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra), sostiene que la comunidad foral tiene una normativa más avanzada que la nacional, una legislación que ya ha permitido proteger lugares de memoria, retirar símbolos franquistas, impulsar las exhumaciones y crear un banco de ADN para identificar los restos de personas represaliadas. “En Navarra se ha logrado un nivel de diálogo y sensibilización que ha permitido avanzar más que en otros lugares porque aquí no hubo frente de guerra”, afirma. Lerga destaca el programa de Escuelas con Memoria, que se puso en marcha hace ya cinco años con iniciativas como los encuentros intergeneracionales entre víctimas de la represión y el alumnado. De cara al futuro, confía en hallar una solución para el Monumento a los Caídos de Pamplona, uno de los edificios franquistas más grandes de España.

Además, Navarra ha sido pionera en aprobar una ley de atención a víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. Una comisión de expertos trabaja ya en la identificación y reconocimiento individualizado de los denunciantes. La ciudadanía navarra también ha dado un salto en la sensibilización y la lucha contra la violencia machista. Ha habido varios puntos de inflexión, señala Tere Sáez, cofundadora de la Asociación Lunes Lilas-Andrea. Entre ellos, los asesinatos de Alicia Arístegi (2002) y Nagore Laffage (2008), y la repulsa que generó la violación de La Manada en los Sanfermines de 2016. Todo ello ha propiciado la implantación del programa Skolae, un contenido transversal en la red de enseñanza pública, con contenidos de educación afectivo-sexual, que el PP rechaza por considerarlo “un intento claro de adoctrinamiento desde las escuelas”.

Esta legislatura ha estado también marcada por los avances en las obras de la N-121-A, uno de los tramos más conflictivos de la red de carreteras, y la conexión con Europa. Se ha avanzado igualmente en la llegada de la alta velocidad, prevista para 2027, y hay acuerdo entre la mayoría de los grupos para terminar de construir el Canal de Navarra, con el que se pretende obtener agua del embalse de Itoiz y llevarla a la zona media y sur de la comunidad. Una infraestructura, aún en tramitación, que permitirá producir energía eléctrica a través de las placas fotovoltaicas que van a instalarse sobre ella. Los ecologistas aplauden este proyecto aunque, al mismo tiempo, critican otra de las apuestas verdes del Gobierno navarro: Navarra duplicará su potencia de producción de energía renovable antes de 2026, con la instalación de grandes parques fotovoltaicos y eólicos. Eduardo Navascués, de Ecologistas en Acción, califica de “desoladora” la afección que esos parques tendrán en el paisaje y las poblaciones vecinas.

Recibe cada tarde el boletín Diario de elecciones, escrito por el director adjunto de EL PAÍS Claudi Pérez. Y aquí, la radiografía de todas las comunidades que van a las urnas.