Feijóo zanja el debate interno en el PP sobre la ilegalización de Bildu tras el archivo de la Fiscalía
El líder del PP considera un “brindis” y “poco seria” esa medida, que plantean Ayuso y Vox, ya que la Ley de Partidos no es aplicable con ETA disuelta
Alberto Núñez Feijóo ha sorteado como ha podido el debate sobre la ilegalización de Bildu agitado por las voces más duras de la derecha porque cree que esta no es viable jurídicamente. El líder del PP ha cumplido una semana evitando pronunciarse sobre si lo consideraba una posibilidad a estudiar, como pide la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o directamente había que promover la ilegalización, como reclaman algunos sectores de su propio partido y Vox. Lo más lejos que ha llegado ha sido a instar al Gobierno a que active a la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado para que encontraran un resquicio para anular las candidaturas de los 44 condenados por delitos de terrorismo. Una vez que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha descartado ese camino —este miércoles archivó la denuncia presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia al no apreciar indicios de ilegalidad—, el líder del PP zanja el debate interno sobre las vías jurídicas. Según fuentes de su entorno directo, Feijóo considera que instar a la ilegalización de EH Bildu a través del mecanismo previsto en la Ley de Partidos es un “brindis”, además de un planteamiento poco serio, toda vez que ETA abandonó la violencia hace doce años y anunció su disolución hace cinco.
Tras analizar los hechos y recabar las hojas de antecedentes penales de los condenados por terrorismo en las listas de Bildu, la Fiscalía concluyó este miércoles que no encuentra “circunstancia alguna que permita atisbar que nos hallemos ante un supuesto de inelegibilidad” previsto por la ley, ni ningún indicio que apunte a la comisión de un ilícito penal. Un estudio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ya apuntó en esa dirección, al concluir que los 44 exetarras presentes en las listas de la coalición abertzale habían cumplido sus penas de inhabilitación, lo que impedía judicializar el caso. Tras recibir esta respuesta negativa, Dignidad y Justicia se ha dirigido ahora a la Fiscalía General del Estado con una petición similar a la cursada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Los juristas del PP llevan días estudiando las posibilidades de actuar contra las candidaturas de la coalición abertzale, que ya se ha comprometido a que los siete exetarras con delitos de sangre que van en sus listas no tomarán posesión de sus actas de concejales si resultan elegidos. Y la conclusión del equipo jurídico del PP es que “no hay fórmula” de ilegalizar a Bildu con la Ley de Partidos en la mano porque la norma está pensada para una banda en activo, y ETA renunció a la actividad armada hace más de una década. Feijóo entiende, por tanto, que defender políticamente la ilegalización es “un brindis” y “en el PP, brindis, los justos”. “Nosotros nos mantenemos en posiciones serias”, insisten en el entorno directo del líder popular, lo que implica enmendar la plana no solo a Vox, sino también a Ayuso, que este mismo lunes había pedido “volver a plantearse la ilegalización de Bildu”. La posición de Feijóo debería implicar que el PP no vote a favor de la proposición que Vox ha registrado en el Congreso instando a ilegalizar al partido vasco, pero fuentes de la dirección evitan comprometer su voto en contra.
El debate, en todo caso, sigue abierto en la derecha y en el PP, donde algunos sectores consideran tibia la reacción del líder popular. “Bildu es legal porque en España no se cumple la ley”, tuiteó la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo el jueves, una reflexión que han defendido también otros exdirigentes del PP, como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.
Feijóo, que se mueve con la presión del ala más dura del PP y Vox, no ha llegado tan lejos como para pedir una ilegalización que no ve viable, pero ha preferido no confrontar en público sus tesis con las de los halcones. El pasado lunes, propuso cambiar la Ley de Partidos y la ley electoral (LOREG) si no sirven para impedir que exterroristas con las penas cumplidas vayan en las listas electorales. “Debemos aplicar estas dos leyes y si esas leyes conllevan declarar ilegales las listas que incluyan condenados por asesinato, resolvemos el problema; pero si facilitan que sean elegidos, esa ley es indecente y hay que cambiarla”, dijo en un mitin en Cantabria.
La realidad es que el PP ha estudiado también las posibilidades de una reforma legal y solo contempla, aunque tiene dudas, una opción de modificar la LOREG para exigir un plus de inelegibilidad a los exterroristas. Pero una medida como esta afectaría al derecho de sufragio pasivo, así que el PP cree que quizá exigiría una reforma constitucional, por lo que de momento los populares han renunciado a presentar ninguna propuesta de acción jurídica. El PP opta solo por la vía política y este miércoles registró una proposición no de ley para que los partidos se obliguen a no promover ningún tipo de acuerdo con los abertzales, con la intención de poner en apuros al PSOE.
La dirección popular pretende conseguir una desmovilización del votante socialista más centrado, al que cree que disgustan los pactos con Bildu, y por eso Feijóo insiste en referirse a los socialistas en sus mítines. Este miércoles, el líder del PP dio un paso más y trazó una división entre los “verdaderos socialistas” y Pedro Sánchez. “Nunca voy a abandonar mi reconocimiento a los buenos servicios del PSOE durante los años que estuvo gobernando. Nunca voy a confundir a verdaderos socialistas como Felipe González con aquellos que pactan con Bildu”, clamó en Santander dejando clara su estrategia de desgaste contra el presidente del Gobierno.
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