Belarra anuncia una reforma del Código Penal para perseguir a empresas ‘desokupas’

La secretaria general de Podemos y ministra Ione Belarra anunció el miércoles una reforma del Código Penal para perseguir expresamente a las personas y empresas que, “movidos por el ánimo de lucro, hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad”. La reforma legal, que su grupo parlamentario ha registrado ya este jueves en el Congreso, crearía un nuevo tipo que permitiría la disolución de empresas desokupas ―dedicadas a intermediar con inquilinos para que abandonen o desalojen una vivienda con prácticas en ocasiones agresivas y de acoso― e impondría penas de hasta cuatro años de prisión a sus miembros. “Las empresas como Desokupa son un problema democrático grave, son el germen de un comando parapolicial y no vamos a permitir que haya gente que se lucre extendiendo el odio al vulnerable, la aporofobia”, defendió Belarra en un acto de campaña para las elecciones autonómicas y municipales en Alicante. “Hay que tomarse muy en serio la existencia de organizaciones como Desokupa, que están en contra de los principios y valores de la Constitución”, ha respondido escuetamente este jueves el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, sin posicionarse directamente sobre la iniciativa ya presentada en la Cámara baja por su propio grupo en forma de proposición de ley.

“En una democracia no se puede permitir que haya personas o grupos que actúen al margen de la ley y como grupos parapoliciales extendiendo el odio hacia personas y colectivos vulnerables y que además se lucren y hagan negocio con ello”, ha incidido el coportavoz de Podemos y secretario de la mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna, tras el registro. “Con esta reforma, empresas como Desokupa serían declaradas asociaciones ilícitas, como empresa sería disuelta, se eliminaría toda su presencia en internet y sus miembros acabarían en la cárcel”, ha explicado antes de subrayar que este tipo de entidades son un “peligro para la seguridad y un peligro democrático”. En la misma línea y desde un encuentro de la campaña del partido en Ávila, la ministra de Igualdad, Irene Montero ha insistido en que el “Partido Popular y Vox están defendiendo y apoyando” a estas compañías. “Cuidado con el PP que a lo mejor van a terminar proponiendo ilegalizarse a sí mismos. Nosotras proponemos proteger los derechos humanos, perseguir penalmente a esas empresas que se están lucrando con el odio y la violencia hacia el vulnerable y que podamos vivir en sociedades seguras”, ha recalcado.

Según fuentes de Podemos, el texto subraya la necesidad de una nueva redacción que eleve el reproche penal para los que hacen negocio contra personas en situación de vulnerabilidad, y que conjugue elementos del delito de coacciones y del delito de odio. La formación liderada por Belarra plantea el cambio de los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal ―relacionados con los delitos de odio y asociaciones ilícitas ― para penar con multa de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años a “quienes, con ánimo de lucro y para la consecución de sus fines, promuevan, inciten, fomenten o realicen directa o indirectamente actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o social, aun cuando dicha actuación resulte un mero medio para la consecución de sus fines”.

Además, según la formación, se establecería la disolución de las personas jurídicas (empresas) responsables de dichos delitos y se bloquearía su acceso a internet. Así, las sociedades con ánimo de lucro que “fomenten, promuevan o inciten a o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia” contra personas en situación de vulnerabilidad económica o social pasarían a considerarse asociaciones ilícitas, por lo que podrían ser perseguidas e imponerse a sus integrantes las correspondientes penas.

La actividad de las empresas dedicadas a intermediar con inquilinos para que abandonen o desalojen una vivienda, comúnmente conocidas como empresas “desokupas”, se ha incrementado desde la pandemia. Utilizan el reclamo de la lentitud de la justicia para captar a sus clientes.

Desokupa, la compañía que mencionó la ministra Belarra, ha provocado la intervención de los Mossos d’Esquadra en 28 ocasiones en Cataluña, según un informe policial al que ha tenido acceso EL PAÍS. El texto detalla las distintas diligencias efectuadas por la actividad de la compañía, liderada por Daniel Esteve desde 2015 y con sede en Barcelona. Esta empresa alentó en las últimas semanas el conflicto de la ocupación en el barrio barcelonés de la Bonanova, que ha entrado de pleno en la campaña municipal en la ciudad y que culminó con dos manifestaciones contrarias en la ciudad, sin disturbios.

El informe policial detalla que la compañía, constituida oficialmente en 2016, se identificaba inicialmente como empresa de seguridad privada y representantes legales de la propiedad, lo que llevó a los Mossos a denunciarles por intrusismo administrativo en el ámbito de la seguridad privada, según fuentes policiales. Posteriormente, pasaron a presentarse como controladores de acceso, desvinculados de la seguridad privada, para acabar en los últimos tiempos erigiéndose en mediadores, abogados o representantes legales de las propiedades para las que actuaban.

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