La vivienda enfrenta a la coalición en plena campaña

La coalición entra abiertamente en la batalla por la política de vivienda. La disputa por un asunto que fue bandera de Unidas Podemos, cuyo nacimiento tiene mucho que ver con la lucha contra los desahucios, y ahora está enarbolando el PSOE, que ha convertido esta cuestión en el eje de la precampaña de Pedro Sánchez, ha llegado al cénit este lunes por la última medida anunciaba por el presidente en un mitin socialista el fin de semana, esto es el aval público del 20% de las viviendas para jóvenes para permitir que puedan cubrir el 100% del coste con la hipoteca que les ofrezca el banco, que suelen estar limitadas al 80%.

Mientras las medidas que promovía Sánchez tenían que ver con poner en manos de los ciudadanos las viviendas de la Sareb o promover vivienda pública para alquiler social, Podemos hacía críticas sobre “electoralismo” y disputaba la batalla del relato para atribuirse la paternidad de algunas ideas. Pero Sánchez ha dado un salto a ayudar con dinero público a la compra de vivienda libre, no protegida, y esto para Podemos es un anatema que recuerda a las épocas de la burbuja inmobiliaria, que tuvo entre sus combustibles una políticas agresivas de desgravaciones para la compra de vivienda y créditos de los bancos del 100% de la hipoteca.

“En cuanto no depende de Podemos, las propuestas del PSOE en vivienda son contrarias al interés general”, ha llegado a decir en redes sociales Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales y una de las negociadoras de la ley de vivienda, que salió con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu. Mientras, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha defendido en una rueda de prensa en La Moncloa. “Este es un instrumento más, no se puede medir aisladamente. Hay gente que opta por el alquiler, y estamos promoviendo el social, pero no podemos tampoco demonizar la compra”. En el fondo del asunto está la disputa clásica, que ya se vivió en la ley de vivienda, entre Podemos, que quiere dirigirse a un núcleo de población muy determinada y con especiales carencias, frente al PSOE, que siempre busca incluir también a la clase media más amplia. De hecho, en la ley de vivienda, el PSOE empujaba para que hubiera desgravaciones a los propietarios y no topes a los alquileres, y Podemos apostaba por esto último. Al final salió un acuerdo híbrido en el que hay medidas en los dos sentidos, que protegen a los propietarios y también que ayudan a los inquilinos con topes en algunas zonas siempre que los impongan las comunidades.

En este caso, Yolanda Díaz, menos habitual en el choque público con el PSOE, se posicionó este lunes en contra del modelo planteado por los socialistas. La vicepresidenta justificó a su llegada a un acto ya por la tarde que “va en dirección opuesta al espíritu de la ley de vivienda”, no soluciona el problema de acceso por parte de los jóvenes, los resultados son “fallidos” allí donde se ha aplicado y puede tener, además, “consecuencias inflacionistas”.

Al cóctel político explosivo de una nueva guerra interna del Gobierno en plena precampaña se ha sumado el PP, que había propuesto una medida muy similar hace poco —Alberto Núñez Feijóo planteó avales del 15%— y la está promoviendo en sus comunidades, por lo que ha acusado a Sánchez de “copiar” a los populares y se ha ofrecido a apoyarla: “Si están bien copiadas las aprobaremos, porque las hemos defendido nosotros”, dijo Borja Sémper, portavoz del PP. “Mucho criticar al PP, pero luego plagian nuestras medidas sociales. Hoy Sánchez anuncia como una gran idea los avales para jóvenes en materia de vivienda que pusimos en marcha hace tiempo en Andalucía”, señaló Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de esta comunidad. Los socialistas creen que lo importante es que han logrado que la campaña gire sobre vivienda, un tema en el que tienen iniciativa, y el PP “va a rebufo”.

El Consejo de Ministros estudiará la medida este martes y saldrá adelante pese a la oposición de Podemos, porque en ese órgano no se vota y todas las decisiones son colegiadas, de manera que decide el presidente, que suele apelar a que el PSOE tiene margen para tomar decisiones en las carteras que controla, y esta es una de ellas. Nadie espera que se rompa el Gobierno por esto, si no lo hizo por algo mucho más grave como la ley del sólo sí es sí, pero es una tensión añadida en un momento en que la última encuesta de EL PAÍS señala que la resistencia de Podemos es fundamental para que la Comunidad Valenciana no pase a manos del PP y para que Madrid no tenga una mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. En el PSOE creen que Podemos exagera porque está en campaña y los morados opinan que los socialistas giran para competir por el voto de centro con el PP.

La vivienda vuelve así, como casi toda la legislatura, a ser el epicentro de la disputa política en la coalición. En privado, fuentes de Podemos tachan la iniciativa de “infame” y se muestran muy críticos con una propuesta que la derecha ve con buenos ojos. “Es una medida de Ana Patricia Botín, [presidenta del Banco Santander], que también ha planteado el PP, que agrada a Vox y que ha fracasado en el Reino Unido. Medidas como esta son las que provocaron en su día la burbuja inmobiliaria con los catastróficos resultados que todos conocemos”, ha valorado el coportavoz del partido Pablo Fernández este lunes en la rueda de este lunes tras la Ejecutiva.

Más allá de la valoración de Díaz, el responsable de esta materia en Sumar —la plataforma que la titular de Trabajo lidera para las generales— y actual gerente de vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona, Javier Burón Cuadrado, ya había expresado el domingo su rechazo en Twitter: “Si la medida fuese para comprar Vivienda de Protección Oficial en suelo público y no descalificable, tendría un pase. Pero si es para comprar vivienda libre, es un grave error. Ya sabemos lo que han producido estos programas en España y otros países: precios más altos y dividendos dopados”.

El sector socialista del Gobierno insiste en que Podemos se equivoca porque no analiza el paquete conjunto de medidas. Raquel Sánchez fue muy clara después de una reunión con los representantes del sector de la vivienda. “No podemos tampoco demonizar la compra. Establecemos desde el Gobierno esta línea de crédito para complementar lo que han puesto en marcha en algunas comunidades. No se puede valorar aisladamente, hay que verla en su conjunto. Todas las medidas juntas nos van a permitir pasar a un modelo en el que la vivienda es un derecho, el quinto pilar del Estado de bienestar. Estamos cambiando el modelo de vivienda, y eso implica un parque público de alquiler asequible, pero hay muchas personas que siguen optando por la compra. Este Gobierno está a dar respuesta a colectivos diferentes para tener una vivienda a su alcance”, ha remarcado la ministra.