Sánchez se centra en la vivienda para contrastar con el PP y da por amortizada la batalla por el ‘solo sí es sí’

El Gobierno cree que tiene un filón político en la ley de vivienda. El Ejecutivo ha concentrado toda su estrategia en esta norma, pactada la semana pasada con ERC y Bildu, y en las decisiones alrededor de ella, como la reconversión de los pisos del banco malo (Sareb) para utilizarlos como vivienda de alquiler social. Pedro Sánchez y su equipo profundizan en el giro a la izquierda que iniciaron tras el fiasco de las elecciones andaluzas, el pasado verano, y buscan la confrontación de “dos modelos”, el de la coalición y la mayoría progresista que la avala, por un lado; y el del bloque del PP y Vox, por otro. Por eso el sector socialista del Ejecutivo quiere superar cuanto antes el trámite de la reforma de la ley del solo sí es sí, que le une al PP porque solo puede sacarla adelante con esta formación ante la falta de acuerdo con Unidas Podemos. El Gobierno da por amortizada la batalla por el solo sí es sí —espera que concluya este jueves con la votación en el Congreso— e intenta concentrarse en buscar el contraste ideológico con el PP en cuestiones decisivas como la política de vivienda.

Es lo que previsiblemente se verá este miércoles en el largo pleno que ha convocado Pedro Sánchez en el Congreso. En teoría está previsto para dar cuenta del último Consejo Europeo, pero lo cierto es que este pleno, y el aún más decisivo de la próxima semana en el Senado, con Alberto Núñez Feijóo como rival dialéctico, llega en pleno periodo electoral y es casi seguro que se convertirá en un acto más de la precampaña, con un cruce de posiciones en especial en las cuestiones en las que Sánchez quiere marcar su agenda, esto es sus reformas clave como la de vivienda, la de pensiones o la laboral, todas ellas rechazadas por el PP, que plantea otras soluciones como la de facilitar al sector privado la construcción de más viviendas, algo que para el PSOE es “un modelo fracasado” porque fue el que llevó a la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera de 2008-2013.

Tanto la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros como la sesión de control en el Senado estuvieron dominadas por este asunto de la vivienda y por el interés del Gobierno en buscar el contraste de su modelo, que quiere promover la construcción de vivienda pública para lograr que España se acerque a la media europea —actualmente, está en el 3% frente al 9%, según explicó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño— frente al del PP. La portavoz, Isabel Rodríguez, fue directa al choque con la oposición: “Las políticas del PP en vivienda han fracasado. Esto lo sabemos todos, sobre todo los que sufrieron los desahucios, la burbuja, la corrupción. El Gobierno trabaja para dar una solución a ese problema. Donde antes había deuda [por la Sareb] hoy habrá vivienda”.

El Gobierno tiene muy claro que, según detectan todas las encuestas, “la vivienda uno de los principales problemas para los jóvenes”, según explicó Rodríguez. Y por eso, después de dejar que ERC y Bildu tuvieran todo el protagonismo la semana pasada, porque así lo exigieron para llegar a un acuerdo, Pedro Sánchez está centrando su agenda en vivienda para reivindicar la ley y las medidas que está tomando en la Sareb, donde pretende poner a disposición del alquiler social hasta 50.000 viviendas que acabaron en manos del banco malo durante la crisis financiera.

Sánchez se fue este martes a Leganés, a una zona donde se está construyendo mucha vivienda pública, para reunirse con un grupo de jóvenes a hablar de la cuestión y a explicarles que su objetivo es que España pase del 3% al 20% de vivienda pública. El Gobierno cree que la mayoría de los jóvenes apoyan esta política de vivienda pública, y quiere contrastar con el modelo del PP. El encuentro no estaba en la agenda del presidente ni fueron convocados los medios a cubrirlo, algo que La Moncloa hace habitualmente para evitar que alguien organice una protesta contra el presidente. Sánchez acude con su propio equipo de prensa y publica las imágenes solo a posteriori, controladas por La Moncloa.

“Queremos dejar de estar a la cola en política pública de vivienda. Es momento de abordar la vivienda como un verdadero derecho. Ambicionamos estar a la cabeza de Europa, vamos a trabajar en el ámbito de nuestras competencias para lograr el 20% de vivienda pública. Por eso demandamos responsabilidad a las comunidades, no podemos mirar hacia otro lado. El Gobierno va a poner toda la fuerza del Estado para cumplir ese derecho”, setenció la portavoz Rodríguez.

Mientras, Calviño reivindicó la decisión de usar la vivienda de la Sareb para lograr más vivienda pública, algo que el PSOE rechazó hace unos meses cuando lo plantearon en el Congreso varios de sus socios de legislatura. “La Sareb se creó en 2012 y se dijo que no costaría nada a los contribuyentes. En 2020 tuvimos que incorporar a la deuda pública más de 34.000 millones de euros por la Sareb. En primavera de 2022 tomamos el control de la sociedad, e iniciamos una gestión para maximizar sus beneficios. Redujimos los sueldos de directivos el 40%. Vendimos activos, en un 90% a minoristas, no a fondos. Hemos aumentado los ingresos un 8%. Ahora hemos incorporado personas especializadas en gestión de inmuebles, en vivienda social, y vamos a movilizar hasta 50.000 viviendas. Vamos a reconstruir el parque publico de vivienda”.

Sánchez profundiza así un claro giro a la izquierda, también en la ley de vivienda, porque durante los primeros años de su mandato el PSOE rechazaba de plano la idea de poner topes a los alquileres y apostaba más por los incentivos fiscales, pero ahora ha pactado con ERC y Bildu una ley que abre la puerta a esos alquileres máximos en zonas tensionadas y limita la subida anual al 3% durante 2024 —ahora está en el 2%—, pero La Moncloa pone distancia también con Yolanda Díaz por algunas de sus declaraciones en la entrevista en La Sexta. En especial la referida a Marruecos. La vicepresidenta segunda, que no viajó a Rabat en la última cumbre porque rechaza, como toda Unidas Podemos, el giro de polítíca sobre el Sáhara Occidental, dijo que Marruecos “es una dictadura”, algo que ha generado tensión con el país vecino. Preguntada sobre este asunto en dos ocasiones, Rodríguez desautorizó a la vicepresidenta y dejó claro que el sector socialista no se siente implicado por esa afirmación y no está dispuesto a asegurar que Marruecos es una dictadura. “Son declaraciones en el ámbito personal. Esta no es la posición del Gobierno, que está en la hoja de ruta que se ha firmado y en la última reunión de alto nivel en Rabat. España va a seguir trabajando bajo los principios de colaboración y respeto mutuo con Marruecos”, remató Rodríguez.