El juez halla indicios de delito en cuatro trabajadores funerarios por lucrarse con cadáveres donados a la ciencia

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha procesado a las cuatro personas a las que investigaba por urdir presuntamente una trama desde una empresa funeraria para lucrarse a costa de cadáveres donados a la ciencia. El magistrado considera que, de las diligencias practicadas, existen suficientes indicios de la comisión de delitos de estafa y de falsedad de documentos tanto públicos como privados.

Los presuntos delitos se ejecutaron por dos vías: en un caso, el juez ha hallado indicios de que los investigados se confabularon para falsificar un documento donde se hacía constar erróneamente que un ciudadano francés fallecido, cuyo cadáver habían recogido, en diciembre de 2002, del mortuorio del Hospital La Fe de Valencia y llevado después a una universidad privada de Valencia, había donado su cuerpo a la ciencia. En el segundo caso, el juez apunta a que, al margen de “las serias dudas sobre la realidad de los documentos de donación de los cadáveres a la ciencia”, la investigación ha desvelado que la funeraria no realizó siete incineraciones por las que cobró, procedimiento que requieren los cuerpos una vez han sido utilizados para su disección y estudio. Es decir, aprovecharon los hornos de cremación para meter más de un cadáver.

“En esta trama se produjo un enriquecimiento injusto, a costa de la Universidad CEU y Facultad de Medicina de Valencia, de una manera un tanto penosa, al tratarse de actividades sobre cadáveres, que aunque legalmente tiene la consideración de objeto para el derecho, no podemos olvidar que son restos humanos, de personas que han fallecido, a los cuales se le debe tener cierto respeto y consideración en estos casos”, indica el juez en sus autos.

Según se recoge en el auto judicial, en uno de los documentos se plasmó un nombre falso para ocultar la identidad real del empleado -uno de los investigados- de la funeraria que había acudido a la recogida de los restos mortales. Esa documentación fue entregada tanto al Hospital La Fe como al Registro Civil de Valencia “con la intención de lograr un posterior beneficio económico por la gestión de servicios funerarios”, añade el magistrado, pues la empresa elaboró una factura de 1.331 euros en enero de 2023 que, sin embargo, fue anulada en mayo de ese mismo año.

En la segunda de las causas, los trámites respecto a los cadáveres de otras siete personas fallecidas se produjeron entre octubre de 2020 y diciembre de 2022. En este caso, el juez entiende que existen indicios que apuntan a que fueron incinerados de forma fraudulenta, pues se introducían supuestamente varios de ellos en un mismo féretro, pese a que después se facturaban por separado. En su escrito indica que en la causa constan nueve facturas por incineración de cadáveres por importes que oscilan entre los 1.331 y los 1.784 euros pagados por el CEU entre enero de 2018 y 2023 sin que conste que “fuera llevada a cabo en ningún crematorio de Valencia, siendo los restos mortales incinerados junto a otros distintos”, apunta el instructor.

También constan otras dos facturas emitidas en 2021 a la Facultad de Medicina de una universidad pública de Valencia por los trámites funerarios de otros dos casos en los que tampoco consta la incineración.

El magistrado concluye que la “trama urdida” por los cuatro investigados simuló presuntamente, inventó o falseó la donación de cuerpos a la ciencia “con el fin de emitir un gasto por los servicios funerarios que de otra manera no hubieran conseguido”.

Los dos autos de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado concluyen la fase de instrucción y emplazan a la Fiscalía y las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Ambas resoluciones pueden ser recurridas en reforma (ante el propio Juzgado de Instrucción 1 de Valencia) y/o en apelación, ante la Audiencia Provincial.