La macabra trama de venta de cadáveres que se limitaba a dos cuerpos y dos trabajadores en Valencia

La alarma saltó el lunes a primera hora. La policía envío una nota de prensa en la que informaba de la desarticulación de un “entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres en Valencia”. De inmediato, se disparó el imaginario macabro. Había ingredientes para ello. La supuesta trama falsificaba documentación con el objeto de “poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cadáver”. Daba la impresión de que había un comercio ilegal al por mayor. En realidad, se trata de dos cadáveres y la acción criminal se centra en una pequeña funeraria de la ciudad, según ha revelado la propia investigación policial de un caso que visibiliza una serie de prácticas vinculadas a la manipulación de los muertos y a la necesidad de su estudio.

La supuesta trama urdida sobre todo por dos trabajadores de la funeraria Montesinos (también conocida como Servicios Rivato 1) se empezó a destapar cuando el Ayuntamiento de Albal llamó al Hospital La Fe, preguntando por el cadáver de un indigente francés empadronado en la población valenciana que había muerto en diciembre de 2022. Los familiares lejanos del fallecido habían declinado hacerse cargo del cuerpo y se había puesto en marcha el procedimiento de entierro de beneficencia, según explican fuentes municipales. Sin el deseo expresado en vida del fallecido o el posterior consentimiento de los familiares o allegados no se puede donar un cuerpo a la ciencia. Pero el cadáver nunca llegó a Albal. El hospital lo denunció y se desencadenó la investigación que acabó con la detención inicial de cuatro personas de la citada funeraria.

El cadáver había sido vendido para las prácticas de los estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera, como confirmaron desde el centro a la policía ya en enero de 2023. Salió del hospital con documentación falsificada supuestamente por dos trabajadores. En el libro mortuorio aparecía el nombre de otra funeraria que también prestaba servicios de guardia en el hospital, una práctica habitual con décadas de antigüedad en diversos centros sanitarios valencianos.

La Fe tenía un acuerdo con la Asociación de Empresas de Pompas Fúnebres de Valencia, que integraba a más de una docena de firmas que trabajaban por turnos, para gestionar y registrar a los muertos. En mayo del 2023, la Consejería de Sanidad mandó una instrucción a todos los centros para cambiar el protocolo con el fin de que sean los sanitarios los que transmitan toda la información sobre funerarias, si el fallecido no tiene contratado los servicios o un seguro, y los celadores los que manipulen los cuerpos, como sucede en la mayoría de hospitales de España, según fuentes del sector. El Hospital General de Valencia, no obstante, mantiene esa “guardia funeraria” de una UTE de seis funerarias hasta que concluya la adjudicación en noviembre.

La policía continuó con la investigación y localizó “otro caso con el mismo modus operandi”. El difunto se encontraba ingresado en una residencia geriátrica y tres días antes de fallecer autorizó la donación de su cuerpo, cuando “sufría un deterioro cognitivo severo” por lo que no entendía lo que firmaba. Los agentes descubrieron también que “mediante engaño” los presuntos estafadores consiguieron que el personal sanitario firmara un cambio de destino del cuerpo para remitirlo a una universidad que “pagaba más dinero por el mismo”, según indicaba la nota policial.

A las pocas horas de publicarse la información, las universidades valencianas con estudios en Medicina y Ciencias de la Salud incidieron en que no compran cadáveres y que los protocolos son muy estrictos en la aceptación de donaciones, basada en el altruismo. Solo se paga por el traslado, el papeleo y la incineración posterior del cuerpo, una vez empleado para su disección y estudio. Fuentes del sector funerario señalan que algunas universidades privadas pagan más que otras por esos servicios. La cantidad aproximada es de 1.200 euros, pero no está estipulada en ningún sitio. El coste medio de un entierro o una incineración en Valencia oscila entre 3.000 y 3.500 euros (incluido el ataúd). En esta ciudad no hay diferencia de precio en función de la altura del nicho municipal, pero poblaciones más pequeñas cercanas reservan “la quinta tramada”, los nichos más altos para las personas con menos recursos o sin familiares, señalan fuentes del sector funerario.

España no tiene una norma que regule el proceso de donación de cuerpos a la ciencia. Son unos trámites que se desempeñan apoyados en procedimientos voluntarios y códigos éticos en toda España que no todos cumplen, aun siendo excepciones, afirman fuentes universitarias. Las universidades públicas españolas reciben cada año más de un millar de cadáveres con fines científicos. No hay leyes ni reglas que marquen cómo hacerlo, si bien la Sociedad Anatómica Española, que agrupa a la mayoría de los profesores de la materia en España, tiene un protocolo de buenas prácticas. Pero nadie está obligado a cumplirlo. “Estamos desesperados por que nos regulen”, asegura la presidenta de la sociedad, Teresa Vázquez. Sin una ley, que sí existe en el resto de países de Europa, es más fácil que se desplieguen malas prácticas y que existan lagunas que permitan el pillaje y que la venta de cadáveres quede en una acusación de falsedad de documentos, apunta.

Para donar un cuerpo a la ciencia es necesario realizar el trámite con dos testigos y concretar la universidad a la que se desea destinar o, en el caso de fallecimiento fuera de la comunidad en la que se encuentre el centro, autorizar a que sea trasladado a otro. Hay muchas universidades públicas que sacan a licitación la recogida de cadáveres puesto que es un servicio repetitivo y solo la autorizan tras ver el informe médico y comprobar que cumple con los requisitos para los fines científicos. En el caso de cuerpos de personas sin familiares conocidos, son los trabajadores sociales de las residencias, hospitales o ayuntamientos los que, en representación del fallecido, realizan los trámites pero siempre que la persona haya expresado su voluntad de donación.

José María Toro, presidente de la patronal valenciana de residencias (Aerte), incide en que el caso fraudulento desvelado por la policía es excepcional. Explica que la inmensa mayoría de usuarios, sus familiares o allegados, tienen que explicitar nada más entrar en el centro si cuenta con seguro y servicio de funeraria y cuál será el destino final del cuerpo.

El agujero legal es de semejantes dimensiones que en España, por ejemplo, está regulada la importación de cadáveres pero no está limitada y, por tanto, la norma no señala quién puede hacerlo, con lo que hay empresas.

11 incineraciones

La policía averiguó también que se había facturado a una universidad 5.040 euros por 11 incineraciones, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en Valencia. “Aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres”, señalan los agentes.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia tiene abiertas dos causas por un delito de falsedad en documento privado y en documento oficial. La primera se refiere al caso de un ciudadano francés, fallecido en diciembre de 2022. En ella, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional para el gerente y administrador de la funeraria Montesinos al “no apreciar indicios delictivos suficientes respecto a ellos” tras tomarles declaración en julio e imputó a dos trabajadores. Un responsable de la empresa aseguró el lunes a este periódico que había despedido al trabajador imputado al conocer los hechos y que el otro implicado no trabajaba para ellos durante la comisión de los mismos. La segunda sigue el caso del cadáver del geriátrico y también las irregularidades en las incineraciones. De momento, están imputados las cuatro personas de la funeraria a la espera de que se decrete la apertura de juicio oral de la primera causa.