Opinar sobre la Ley de la Costa Valenciana

Aunque a algunos les duela, el Consell de Carlos Mazón cumple con sus promesas. Una de ellas fue desarrollar una ley autonómica propia para la costa valenciana. No fue ninguna sorpresa que el anuncio del inicio de la redacción fuera suficiente para que algunos dirigentes políticos se apresuraran a criticarla. Un vaticinio al que han seguido pronunciamientos apriorísticos denostando una norma que hasta hace relativamente poco no tenía contenido conocido.

Una vez publicado el borrador del Anteproyecto y conocido el texto, el bloque a la contra se mantuvo. La consigna de formaciones como PSPV y Compromís fue rotunda: oposición total a la Ley y pedir su retirada. Paradójicamente la instrucción tuvo un éxito relativo. Las direcciones de los partidos alegaron de forma airada, pero la respuesta municipal fue muy distinta. La mayoría de los alcaldes de los 22 municipios valencianos de costa gobernados por PSPV o Compromís callaron o incluso alegaron con propuestas constructivas. Todos, menos Gandia.

Y es que la instrucción política se hace difícil de cumplir cuando los alcaldes deben defender su municipio porque saben que la normativa actual de costas les perjudica. Todos anhelan una mayor proximidad y adecuación de la norma a nuestra realidad. No me lo han de contar, lo he palpado en mis años como responsable municipal.

Así, la oposición frontal se ha reducido a mera propaganda que pocos han comprado. Y quienes siguen en su campaña ni siquiera se han detenido a estudiarla. Cada día estoy más convencido porque solo repiten esa fantasía falaz de catalogar la futura norma como una puerta a la “orgía desenfrenada del ladrillo”. Y ese juicio apresurado también se extiende a pseudoexpertos que en estas mismas páginas se atreven a escribir un catálogo completo de juicios de valor que en nada se sustentan en la ley.

La realidad es que esta ley busca un protección y ordenación de la costa, como su nombre indica. También preservar nuestra riqueza ambiental y hacerla compatible con la actividad económica, cultural y social de nuestro litoral, como han sabido hacer históricamente nuestros antepasados.

Los valencianos vivimos en, de, con, y por el Mediterráneo. Ese es el primer objetivo y en ninguna parte del texto se puede extraer que facilita ningún desmán urbanístico. Es más, la norma es muy rigurosa con la preservación de los entornos naturales, respeta las figuras de protección vigentes en nuestro litoral y ahonda en nuestro autogobierno. Busca identificar y proteger los enclaves históricos, aunque hayan quedado ubicados en terrenos de dominio público marítimo terrestre. Porque son nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio etnológico. Y facilita alternativas a quienes, ante la desidia de la Administración, ven perder sus derechos tras un deslinde. Algo que está ocurriendo en nuestro territorio, mientras el Gobierno de España nunca acaba de ejecutar las actuaciones de regeneración costera.

Es sano hablar de lo que se conoce y poder dialogar para mejorarlo. Es lo que pretendemos hacer hasta que la futura norma tenga un texto final aprobado. Pero opinar sin conocer es simplemente un prejuicio. Comprensible en un hooligan, pero imperdonable en quien quiere etiquetarse como experto o en quien dirige un partido político.

Vicente Martínez Mus es consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat valenciana.