Más presión sobre la costa valenciana con la nueva ley del PP y Vox

Hace una semana que salió a exposición pública el borrador de anteproyecto de ley de ordenación y protección de la costa valenciana, un texto que hiere de muerte el plan de protección del litoral en vigor, el Pativel, aprobado en 2018 por el Consell del Botànic para preservar las últimas hectáreas de litoral sin urbanizar que escaparon a décadas de presión urbanística. El texto rebaja a 200 metros de la ribera del mar la instalación de hoteles en suelo no urbanizable y permite nuevos residenciales a partir de los 500 metros. También permite las actividades recreativas en suelos no urbanizables del litoral y abre la vía a la consolidación de los poblados marítimos ilegales en el dominio marítimo-terrestre, de competencia estatal. “Queremos desarrollar nuestra competencia autonómica para proteger la propiedad privada y las diferentes actividades comerciales, pero también defender y proteger nuestras playas”, justificó el presidente valenciano Carlos Mazón hace unos días tras entrevistarse con afectados por la ley de Costas en plena campaña electoral a las europeas.

La futura norma, en fase de alegaciones durante un mes, no ha sido aprobada todavía por el Consell por lo que la tramitación está en una fase muy temprana pero los grupos de la oposición han lanzado la voz de alarma tras una primera lectura. El anterior gobierno autonómico del Botànic aprobó el Pativel en mayo de 2018 para proteger unas 7.500 hectáreas de suelo de la voracidad urbanística de una época en la que en los banquetes de bodas se coreaban “Viva los PAI (Plan de Actuación Integrada)” por los pingües beneficios derivados de una intensa urbanización del territorio. El Pativel devolvió a rústico lo que antes se había dibujado en los planes generales municipales como urbanizable, protegiendo miles de hectáreas de litoral. De hecho, a resultas del Pativel se evitó la urbanización de más de cinco millones de metros cuadrados de suelo tras la caducidad de varios PAI proyectados en la franja de los 1.000 metros de costa.

El Pativel permitía en los primeros 500 metros desde la línea de costa al interior solo algún tipo de instalación (camping u hotel) de altura y superficie muy limitada, sostenible e integrada en el paisaje. Y solo a partir de los 1.000 se permitían usos residenciales. Sin embargo, una empresa afectada recurrió el plan ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que acabó estimando el recurso, aunque más tarde el Tribunal Supremo validó el plan hoy en vigor.

“Creemos además que pueden estar planteando amnistiar los núcleos de casas ilegales en el litoral de Nules, Denia…”, plantea la diputada socialista María José Salvador, exconsejera de Medio Ambiente con el Botànic y artífice del Pativel. El artículo 17 de la ley señala que un ayuntamiento podrá pedir a la Generalitat que se declaren núcleos urbanos con especiales valores etnológicos las casas o comercios que están en el dominio marítimo-terrestre, es decir, a pie de playa, para consolidarlos. Y relacionado con este punto está la disposición adicional tercera, que viene a decir que todos aquellos espacios que según la ley de Costas de 1988 tenían la condición de ser urbanizables pero no lo eran, ahora podrían serlo. “Eso se parece mucho a una amnistía”, apunta Salvador. Por último, el artículo 43 del borrador se refiere a la autorizaciones y concesiones de dominio público marítimo-terrestre y su zona de servidumbre “serán otorgadas por la Generalitat”. “Para ello se necesita el traspaso previo de competencias de gestión de la Administración General del Estado”, advierte la socialista.

“Es una vuelta al pasado, a las políticas y a la presión urbanística que se desarrolló y ejerció el PP durante los 20 años de su gobierno. Y asesta un golpe de muerte a un instrumento fundamental para la preservación activa del litoral como es el Pativel. Además se sitúa en las antípodas de lo que debe ser una legislación del litoral de lucha contra el cambio climático”, denuncia Salvador, quien insiste en que todos los indicios apuntan a que el anteproyecto de ley puede “vulnerar aspectos esenciales de la ley de Costas estatal” y terminar recurrido en el Tribunal Constitucional.

Paula Espinosa, diputada de Compromís, añade que “la mal llamada” ley de ordenación del litoral intenta apelar a la singularidad de la costa valenciana pero lo que hace es “desprotegerla”, además de colisionar con directivas europeas de lucha contra el cambio climático, y leyes estatales como la ley de Costas o la de Evaluación Ambiental. “El Pativel nos puso a la vanguardia en protección de la costa, teniendo en cuenta lo maltratada que ha estado históricamente, y ahora quieren vaciarlo”, advierte la parlamentaria.

Antonio Montiel, profesor asociado de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universitat de València, observa en el anteproyecto un cambio de modelo: “Hay un empeño, sin ninguna base científica, en aumentar la presión residencial y turística sobre el litoral, prescindiendo de consideraciones sobre la fragilidad de la costa y los efectos del cambio climático, que se menciona hasta 16 veces pero de forma meramente retórica”, considera.

Montiel añade que la reducción de distancias y protecciones del litoral evidencia “el puro interés de atraer inversiones a costa de ocupar el espacio público, privatizándolo” y considera que se generan “falsas expectativas” sobre la posible legalización de los núcleos de construcciones a pie de playa. Según su análisis, la norma tampoco articula medidas reales de protección de la costa porque cuando se habla de efectos negativos, como la regresión del litoral, precisan que de eso debe encargarse el Estado. Y advierte: “Aunque se pudiera aplicar [la ley], está muy deficientemente redactada, en términos muy confusos y muy difíciles de llevar a término. La aplicación de la ley no será ni fácil ni pacífica”.

Para Joaquín Farinós, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universitat de València, el anteproyecto de ley se elabora para quitarle fuerza legal al Pativel. Y le sorprende que algunos de los argumentos del anteproyecto valenciano para consolidar las casas y negocios a pie de playa partan de la experiencia de la ley de ordenación de la costa gallega [recurrida por posible invasión de competencias del Estado y recién avalada por el Constitucional]. El caso valenciano no es equiparable porque no tenemos la misma naturaleza de costas ni tampoco muchos poblados que estén cerca del mar porque viven de la pesca, los astilleros o el marisqueo, matiza el experto.

Para el geógrafo, la vuelta a la zonificación o clasificación de suelos (protegidos, recuperables y no recuperables) del anteproyecto entraña una pérdida de la visión de conjunto del sistema territorial, que es lo que pretendía articular el Pativel. Una concepto que recoge también la estrategia española y la de la Unión Europea. Por último, Farinós ve “una cierta conflictividad latente respeto del uso o la coordinación interadministrativa que se pueda hacer respecto a determinadas competencias”.