Los últimos vestigios de los barracones valencianos: “Mis hijos han cursado toda primaria en un centro prefabricado”

El alumnado del CEIP Santo Ángel de la Guarda, en Valencia, lleva más de seis años estudiando en barracones y alejado de su barrio. Tras el derrumbamiento de sus antiguas instalaciones, durante las Navidades de 2017, el centro provisional de aulas prefabricadas se instaló a veinte minutos a pie de distancia, en una parcela vecina al hospital Peset Aleixandre. Y no se ha movido desde entonces, a pesar de las continuas promesas —por parte de los dos gobiernos de distinto signo político— de que era una medida temporal y de que se iba a resolver sin gran demora. Así lo cuenta Antonio Richart, portavoz de la Asociación de Madres, Padres y Alumnos (AMPA) del colegio, cuya resignación refleja los años de lucha en balde. “¿Nos atienden? sí; ¿cumplen los plazos? no, nunca”, lamenta. “Mi hijo mayor, de 12 años, ha pasado toda primaria en las instalaciones prefabricadas y mi hija pequeña, de nueve, lleva el mismo camino”.

El caso de este colegio de infantil y primaria, que alberga a unos 280 niños, es uno de los últimos vestigios de la situación endémica que vivía la Comunidad Valenciana hace una década. En 2015, alrededor de 19.000 alumnos estudiaban en aulas prefabricadas y eran 27 los centros que se encontraban íntegramente en barracones sin ningún proyecto de reforma o de construcción en marcha, según anunciaba el consejero de Educación en aquella época, Vicent Marzà. Ahora, la situación ha mejorado considerablemente y, esos 27 centros, están ya todos construidos. Eso no quita, sin embargo, que todavía queden otros teóricamente provisionales, como el Santo Ángel de la Guarda, pero que llevan años y años estancados. Con proyecto de construcción, sí, pero sin avanzar.

Los datos disponibles acerca del alumnado y de los centros en instalaciones provisionales son los facilitados por la Consejería de Educación. Pero no siempre se ofrecen de manera homogénea ni se pueden comparar. Para ello, es imprescindible diferenciar entre los barracones estructurales, aquellos que llevaban varios años con aulas prefabricadas y sin ningún proyecto de mejora o de cambio, y los barracones coyunturales, creados cuando la mejora de la infraestructura requería el traslado del alumnado. Los primeros, crónicos; los segundos, supuestamente provisionales. Además, hay que diferenciar también entre los colegios que se encuentran íntegramente en esta situación y los que cuentan, únicamente, con alguna aula prefabricada.

Así pues, según los últimos datos de Educación ofrecidos al inicio del curso pasado, en la Comunidad Valenciana todavía quedaban 33 centros completamente en barracones coyunturales y 115 con alguna aula provisional. A las preguntas de este periódico sobre la situación al inicio del curso 2024-2025, la consejería ha optado por no responder y por no actualizar la información.

La eliminación de los barracones estructurales se explica, principalmente, por un factor determinante: el programa Edificant. Aprobado mediante decreto-ley en 2017, el objetivo de la norma era agilizar los trámites burocráticos para la mejora del parque público de centros valencianos y, para ello, la consejería cedía la gestión a los ayuntamientos que se quisieran adscribir y se encargaba de financiar los proyectos. El presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, que representa a 1083 asociaciones de madres y padres de alumnos, y de FAMPA Valencia, Rubén Pacheco, considera que el balance de Edificant es “positivo, pero mejorable”. “Veníamos de una situación donde el mantenimiento de los colegios era lamentable tras casi 20 años de abandono”, explica Pacheco, y concreta que, “en los proyectos de mantenimiento o de rehabilitación y en pequeños y medianos ayuntamientos, el programa ha funcionado”, pero que en los grandes municipios, como la capital valenciana, “la construcción de nuevas instalaciones se ha estancado”.

Si bien la maraña burocrática se redujo con el decreto-ley, aparecieron nuevas trabas que volvieron a retrasar las obras, en algunos casos. Por ejemplo, el aumento del precio de los materiales de construcción provocó que algunas empresas abandonaran los proyectos y obligaba a realizar un nuevo presupuesto y una nueva licitación.

Es en este proceso kafkiano en el que se encuentra el Santo Ángel de la Guarda, que todavía no está en construcción tras más de seis años, según relata el portavoz del AMPA. Hay un proyecto de ejecución aprobado, pero están pendientes de la urbanización en los alrededores, por lo que en los presupuestos de 2024 no hay ni rastro del centro. “Cada vez que parecía que se iban a iniciar las obras, aparecía un nuevo problema”, comenta Richart.

Sabedores de las tardanzas y los retrasos continuos, los padres del Santo Ángel de la Guarda apostaron por exigir mejoras en el nuevo espacio. Así, consiguieron la instalación de un cobertizo para ampliar las zonas de sombra en el exterior y un cambio en el suelo del patio para que, cuando lloviera, no resbalara. “Las aulas en sí no están mal, mientras no tengan goteras y la climatización sea buena, yo con eso me conformo”, espeta Richart, que se queja, eso sí, del mal olor que desprende el descampado que envuelve el colegio por un costado, donde se acumulan diariamente las necesidades de animales.

Desvinculación del barrio

El mayor problema para los padres, cuenta el portavoz del AMPA, es la distancia respecto a las anteriores instalaciones, que ha provocado una “fuerte desvinculación entre el barrio y la escuela”. “Las familias participan cada vez menos en las actividades extraescolares y la relación entre los padres se ha mermado… Nos sentimos abandonados y desmotivados”, comenta Richart. El presidente de FAMPA Valencia advierte de que, a medida que pasan los años y la situación se prolonga, “los padres abandonan el centro y buscan una alternativa más cercana”. “En muchos casos, la opción es la concertada. Son familias que se ven expulsadas del sistema pública educativo”, lamenta Pacheco.

A las quejas y las reivindicaciones habituales del centro, este año se ha sumado una más: el servicio de autobuses. Primero, porque de los tres vehículos que trasladaban a los niños por la tarde —a las dos, a las tres y media y a las cinco—, ahora solo funcionan dos. “Unas 40 familias se quedan sin servicio, por lo que se dificulta todavía más la conciliación”, se apena Richart. Y segundo, porque desde que se cambió la empresa de autobuses, los retrasos y las incidencias se han multiplicado. “Ha habido varios días en los que los niños han llegado más de media hora tarde a clase. O también otros en los que, sabiendo que hay que recoger a 55, llega un autobús de 35 plazas”, comenta Richart, y remarca que estos fallos han sido frecuentes.

Que los centros a medio construir o a medio reformar no caigan de nuevo en la situación estructural en la que se encontraba la Comunidad Valenciana hace una década depende, en buena medida, de que se mantenga la inversión económica planeada para estas infraestructuras. Sin dinero, todo se paraliza. Y es un riesgo que se encuentra latente, según denuncian Compromís y el Partit Socialista del País Valencià (PSPV), tras la entrada del nuevo Gobierno. De un año a otro, la cantidad destinada al programa en los presupuestos autonómicos ha bajado de 306 millones de euros a 184.

El consejero de Educación, José Antonio Rovira, del PP, argumentó que la paralización se realizaba porque la delegación de competencias en estos ayuntamientos se había producido “con el anterior gobierno en funciones” y lo consideraba “ilegal”. A principios de 2024, cientos de familias de 12 municipios afectados protestaron por la paralización de Edificant y el temor a no ver terminadas las obras.

Richart ha perdido la fe en que su hija vea el nuevo colegio terminado antes de finalizar los tres años que le quedan en primaria. Pero no se resigna a abandonar la reivindicación. “Estoy luchando para recuperar la conexión escuela-barrio y que haya un poco de dignidad”, sentencia.