El plan de vivienda de Mazón movilizará una inversión de 7.326 millones a través de la colaboración público-privada

El Gobierno valenciano ha presentado este martes un plan de vivienda que pretende el desarrollo y construcción de 10.000 viviendas públicas hasta 2027, que movilizará una inversión de 7.326 millones de euros, un 2% del PIB, a través de la colaboración público-privada y la puesta a disposición de suelo de titularidad municipal y autonómica.

Así lo han explicado en un acto institucional el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; la vicepresidenta segunda y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rocío Cortés, y el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández. Durante esta cita, se ha suscrito un convenio entre la Generalitat y la FVMP para que la federación incentive la movilización de suelo propiedad de los ayuntamientos.

Mazón ha destacado que se trata de un plan “ambicioso” y “sostenible” en el que se ha trabajado “desde el primer día de la legislatura” y que ya cuenta con la implicación de más de 40 ayuntamientos, basado en tres pilares fundamentales: la seguridad jurídica, la cooperación entre administraciones y la colaboración público privada.

El plan aprovechará el suelo urbano o dotacional residencial de titularidad pública, “sin recalificar nada”, y el suelo privado que está pendiente de ejecución, empleando mecanismos de colaboración como los concursos de derechos de superficie, concesiones administrativas que permitan al sector privado la gestión de las edificaciones durante 50-70 años y permutas.

El plan incluye cambios normativos ya puestos en marcha y la modificación del decreto que regula el reglamento de la vivienda de protección pública, que ya ha pasado el primer trámite de consulta previa y se aprobará este abril.

Un estudio elaborado por el Instituto Valenciano de la Edificación del Instituto ha detectado, según el secretario autonómico de Vivienda, una bolsa importante de suelo público, sobre todo de las Administraciones locales, que podrían alojar más 9.200 viviendas en esta legislatura. Además, la Generalitat y la EVHA —Entitat Valenciana d’Habitatge y Sól— disponen de una reserva de suelo para 1.101 viviendas y otras 685 en suelo de titularidad de la Generalitat.

El Plan Vive cuenta con un “cronograma”, según el Consell. Por un lado, entre 2024 y 2026, a través de los mecanismos de colaboración público privada, se construirán 6.000 viviendas en toda la Comunitat con financiación privada que estarán condicionadas a la cesión de suelos por parte de los ayuntamientos y se destinarán a alquiler, alquiler con opción a compra o compras a precio de protección pública.

Entre 2024 y 2026, se desarrollarán 1.101 viviendas incorporadas a programas de fondos europeos que se encuentran en fase 1 de concurso de derecho de superficie para alquiler asequible. La empresa adjudicataria está a la espera de poder concretar con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) la financiación necesaria, sobre lo que Mazón ha exigido al Gobierno que agilice estos créditos para financiar la puesta en marcha de “cientos de viviendas paralizadas en la Comunitat Valenciana” y así evitar superar los plazos de ejecución de fondos europeos.

En ese mismo periodo, también se desarrollarán las 360 viviendas del proyecto del antiguo Cuartel de Ingenieros de València para alquiler asequible. Un proyecto con fondos europeos que se encuentra en una “situación compleja” pendiente de la cesión de la titularidad del suelo por parte de SEPES. También entre 2024 y 2026 se terminarán 685 viviendas procedentes de un concurso se derecho de superficie. La licitación de las obras se pondrá en marcha a lo largo de abril.

Además este año se incorporarán al parque disponible 184 viviendas correspondientes a la rehabilitación del edificio de La Torre. Entre 2024 y 2027 se realizarán 600 actuaciones de rehabilitación integral de viviendas. Se incorporarán 1.100 viviendas resultantes de permutas a cambio de obra sobre suelo público.

El plan se presenta el mismo día que el último informe de Idealista apunta a que el precio medio por metro cuadrado del alquiler subió un 2,8% en la Comunidad Valenciana durante el primer trimestre de este año, hasta situarse en 10,4 euros. Este dato supone un crecimiento del 15,9% interanual y el mayor precio de la serie histórica para la comunidad autónoma.