La Agencia Valenciana Antifraude cree que la reforma del PP acaba con “el sambenito” de su eliminación por la derecha

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, ha realizado este martes una lectura en positivo de la proposición de ley que presentó el PP la pasada semana porque, fundamentalmente, garantiza la continuidad de la entidad, creada a partir de una ley aprobada en 2016 por las Cortes Valencianas, con los votos a favor del PSPV-PSOE, Compromís, Podem y Ciudadanos y el rechazo del PP. “Lo más importante es que durante siete años hemos vivido con el sambenito de que, cuando lleguen los otros” la agencia sería eliminada, ha dicho en alusión a un posible cambio de gobierno en la Generalitat, que se produjo en julio del pasado año con la llegada al poder del PP y Vox. A lo largo del tiempo, la derecha ha criticado en numerosas ocasiones a la Agencia, impulsada por el anterior gobierno de izquierdas, y ha manifestado la posibilidad de bloquearla o cambiarla. Este martes, el PP y Vox han eliminado la oficina anticorrupción de Baleares.

“Ahora, con esta proposición de ley, la Agencia se consagra como una institución admitida” por todas las formaciones políticas, cuyo futuro dependerá de su buen trabajo, pero ya no estará cuestionada, ha respondido, cuando se le ha preguntado por la modificación planteada por los populares. En virtud de la misma, el sustituto de Llinares, que acaba mandato el 25 de mayo, podrá ser elegido por mayoría absoluta en el parlamento valenciano y no por mayoría cualificada (tres quintas partes), como fue nombrado él. De este modo, los dos grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno de la Generalitat, el PP y Vox, podrán imponer a su candidato.

Tras entregar la memoria de la Agencia 2023 a la presidenta de Las Cortes, Llanos Massó, de Vox, Llinares, de 70 años, ha comparecido ante los medios de comunicación y ha incidido en, si bien la mayoría cualificada es “la ideal”, no “puede cuestionar la legitimidad” que da una mayoría absoluta del parlamento y que el tiempo dirá si es la fórmula idónea. Ha apuntado que para la Oficina Antifraude Andaluza se eligió por mayoría absoluta en segunda vuelta al magistrado Ricardo Puyol, que instruyó conocidos casos contra la corrupción, como el Malaya.

Llinares ha reconocido que muchas de las peticiones que formuló la propia Agencia en 2022 han sido recogidas por la proposición del PP, como ha reiterado el portavoz parlamentario popular, Miguel Barrachina, desde su presentación, incluida la de la mayoría absoluta. En ese sentido, ha defendido aumentar las retribuciones del director de la Agencia, lo que aumento, entraría en vigor una vez finalizado su actual mandato de siete años, y ha defendido que el puesto no puede estar sometido a que una persona con capacidad y méritos tenga una pérdida de sus retribuciones de su carrera funcionarial. Es “ilógico” que una persona que venga de los habilitados nacionales o de la administración autonómica, pasen a cobrar “mucho menos” que ahora si accedieran a la dirección de Antifraude.

Entre las modificaciones de la norma se encuentra también definir qué es corrupción, el fraude, las irregularidades administrativas y el déficit de ética, unas cuestiones que considera importantes y que ya planteó en 2022 y quedaron a la espera. Además, los funcionarios de la Agencia tendrán reconocida de forma automática la prestación de servicios especiales para no perder su destino de origen en la administración, ha añadido.

Acoso sexual

En su memoria, la Agencia explica que recibió un total de 556 denuncias (309 hacían referencia a la administración municipal, 66 a la Generalitat y 65 al sector privado) durante el año pasado, lo que supone un aumento del 22,73% respecto a 2022. Se recuperó un total de 5.145.193 euros. El coste real ejecutado de la agencia fue de 3.818.569 euros por lo que la ratio de retorno económico es del 134,74%. El 40% de las denuncias versaron sobre recursos humanos, principalmente en relación con procesos selectivos, como los de cinco policiales locales de La Nucia que falsificaron su expediente de estudios para acceder al puesto. El Ayuntamiento los ha apartado.

En cuanto a la protección de denunciantes, la Agencia realizó en 2023 un total de 128 asesoramientos, aunque solo 21 personas solicitaron el estatuto de protección y este se concedió en seis casos. En sus siete años se ha otorgado en 35 ocasiones.

A preguntas de los informadores, Llinares señaló que la Agencia está ultimando la investigación de un segundo bloque de contratos de material sanitario realizados durante la pandemia en los que la Fiscalía no ha visto conductas delictivas. Esta investigación se abrió de oficio la agencia sobre las compras de la Consejería de Sanidad, pero se paralizó al solicitar Fiscalía la investigación. En el primer bloque, en el que Fiscalía tampoco vio indicios de delito penal, la Agencia ya emitió un informe sobre irregularidades administrativas, en el que detectó márgenes comerciales sin justificar de alrededor de un 30% en una empresa que suministró material sanitario por procedimiento de emergencia a la Consejería de Sanidad y que no tenía preparación ni habilitación para poder contratar con la Administración.

Además, Llinares ha informado de la sanción disciplinaria a una trabajadora del organismo de 18 meses de suspensión de empleo y sueldo por presuntas filtraciones de documentos internos respecto a la investigación de supuestos casos de acoso sexual en el seno de la agencia, unos casos que él negó categóricamente hace unos meses. “Hubo una serie de acusaciones muy graves contra el personal de la agencia, que había habido acoso sexual, esto dio lugar a que se abriera un expediente interno informativo. Sorprendentemente, de esta investigación aparecieron unas filtraciones que aparecieron en un medio y contenían párrafos enteros de correos electrónicos internos del propio personal de la agencia”, ha expuesto.

“Si el recurso de reposición [a la sanción] no modifica nada, la resolución definitiva será firme y, además, se remitirá a la Fiscalía porque consideramos que se ha producido un delito de revelación de secretos”, ha avanzado. El otro expediente se inició más tarde y todavía no está cerrado.

La trabajadora suspendida de empleo y sueldo ha presentado alegaciones en las que rechaza los argumentos de la resolución y exige que el expediente sea resuelto sin ninguna sanción, archivándose sin más trámites. En las alegaciones, esta empleada explica que “jamás” filtró información a la prensa y que se “limitó” a enviar un correo a una cuenta personal “para garantizar que una delegada de personal tuviese cabal conocimiento de lo que ocurría respecto de las opiniones de la inacción de la agencia ante el acoso laboral”.

“El hecho de que el 20 de junio de 2023 remitiera un correo de apoyo al de los delegados de personal, que se entendió como crítico con la dirección por algunos de sus miembros, ha supuesto un calvario, una persecución, una sanción temporal y ahora una amenaza de sanción por 18 meses de suspensión de funciones con pérdida de puesto de trabajo”, expone en el documento remitido a Antifraude, al que ha tenido acceso Europa Press. La empleada considera que ha habido una acción coordinada para eliminar a “cualquier persona crítica con actos de la dirección”.