Joan Llinares, de la Agencia Valenciana Antifraude: “Regalar un empleo público con trampas es una de las corruptelas más grandes”

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) recibió 453 denuncias de posibles irregularidades en las administraciones públicas en 2022, 94 más que el año anterior. La mayoría fueron denuncias anónimas (un 58%) y fueron dirigidas principalmente a las administraciones locales, en concreto, a procesos de selección de personal. “Regalar un sueldo para toda la vida a una persona que no ha hecho los esfuerzos por estudiar y prepararse para un empleo público; regalarles un trabajo con trampas, sin cumplir con los criterios de mérito, capacidad e igualdad que propugna la Constitución, es uno de los actos de corrupción más grandes y denunciables”, ha afirmado el director de la Agencia, Joan Llinares, tras la presentación de la memoria de actividades de 2022.

Las trampas que puedan hacerse en los procesos de selección de personal público —ya sea la filtración de un examen o cualquier otra irregularidad— no tiene efectos en el ámbito penal y solo puede tener responsabilidades disciplinarias. Algunas administraciones las ponen en marcha pero otras no, convirtiéndose en cómplices de estas situaciones. “Los beneficiarios de ese favor siempre se lo deberán siempre a la persona que los ha colocado, con lo que se vicia su gestión”, subraya Llinares. Así se desprende de la memoria anual de la institución que el director de la AVAF ha entregado este martes en las Cortes Valencianas y que recoge, entre otras cosas, que el 79% de los denunciantes protegidos por la agencia lo son por asuntos relacionados con la administración local.

Por entidad denunciada, el 60% (275 denuncias) implica a administraciones municipales, seguidas con un 10% (47 denuncias) por la Generalitat Valenciana y otro 10% (47 denuncias) referidas al sector privado, que no se admiten por falta de competencia legal. Esa es precisamente una de las cuestiones que corrige la ley estatal que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, aprobada el pasado febrero.

Las administraciones “incumplidoras” han pasado de cinco en 2021 a 14 en 2022. Entre ellas, la propia Generalitat; las Diputaciones de Alicante y Valencia; el IVAM, el Patronato de Turismo Costa Blanca y los ayuntamientos de Valencia, Benidorm, Torrevieja, Tous, Alcoi, Gavarda, San Antonio de Benagéber y una entidad del Ayuntamiento de Paterna.

Llinares ha comentado que, en muchos casos, estas administraciones tienen una actitud de “no bajarse del burro” en la irregularidad señalada, aunque no vuelven a incurrir en ella. “Hay una actitud de enroque”, ha manifestado respecto a lo ya realizado, pero también ha precisado que reincidir podría devenir en prevaricación.

La Agencia finalizó el año pasado 346 expedientes de investigación, frente a los 268 expedientes finalizados en 2021 o los 152 finalizados en 2020, con lo que el aumento es de un 25% y un 150% con respecto a 2021 y 2020. Antifraude instó además a la recuperación de más de 5,6 millones de euros de fondos públicos, aunque el proceso final compete al Tribunal de Cuentas.

Según Llinares, la ley española recién aprobada acaba también con la polémica de las agencias antifraude —en vigor en cinco comunidades autónomas españolas— de si deben aceptar o no denuncias anónimas. “Sabemos que tienen riesgos, que necesitan un análisis más riguroso si cabe, pero lo asumimos porque gracias a esos denunciantes anónimos se han descubierto grandes escándalos. Además son anónimos porque tienen miedo y piensan que una denuncia nominal solo puede que complicarles la vida”, ha añadido el director de la primera Agencia Antifraude creada en España. Por último, otro de los motivos para no denunciar, “el peor de todos, es que piensan que todo el sistema es corrupto”.

El responsable de Antifraude ha propuesto para mejorar los procesos de selección de personal funcionario en las policías locales, que los ayuntamientos deleguen en instituciones como el IVASPE (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias) la elección del personal. “Sería bueno sacar esos procesos de selección del ámbito local”, ha defendido Llinares.

Pese a todo lo anterior, la Comunidad Valenciana ha mejorado en la percepción de corrupción en la comunidad autónoma. Si el informe de la Universidad de Gotemburgo, que analiza este aspecto en 208 regiones europeas, situaba en 2017 a la autonomía valenciana en el puesto 14 (de 17), el informe del año pasado de esta misma institución la coloca en el sexto lugar, con una notable mejora respecto a cinco años atrás. A la cabeza están La Rioja, País Vasco, Navarra o Extremadura.

Por último, el director de la Agencia ha recordado que la nueva ley 2/2023 obliga a todos los ayuntamientos valencianos a habilitar antes del 13 de junio un canal interno de denuncias de irregularidades, con conexión al buzón de la AVAF, y ha recordado, en referencia a la adaptación de la agencia valenciana a la ley estatal, que una vez se constituyan las nuevas Cortes Valencianas, tras las elecciones del 28-M, cabe la posibilidad de que la entidad valenciana amplíe sus competencias al ámbito privado.