La universidad también es para los extutelados

El número de niñas, niños y adolescentes atendidos por el sistema público de protección a la infancia asciende a 56.902, según los últimos datos, de 2021, lo que supone un incremento de más del 15% respecto al año anterior. Son menores de entre cero y 17 años, que viven bajo la tutela de la administración, en centros, residencias, pisos o familias de acogida. Y, cuando se van haciendo mayores, más complicado es que ese acogimiento, o la adopción, sea una vía de reintegración social. “A más edad, mayor número de menores de edad en acogimiento residencial”, señala el Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia del Ministerio de Derechos Sociales.

Una vez cumplen la mayoría de edad, los chavales han de dejar el sistema de protección. Les preparan para ello, los educadores tratan de orientarles para un inmediato futuro en el que tendrán que buscarse la vida, un trabajo y, probablemente, un lugar donde vivir. Existen ayudas públicas que les acompañan en ese proceso a una vida adulta con la que se topan en cuanto cumplen los 18 y, en la mayoría de los casos, seguir estudiando queda totalmente descartado. La Formación Profesional es la manera más ágil de una inserción sociolaboral rápida y ese el camino habitual. Pero no el único. En la Universidad del País Vasco, este año, son 42 los jóvenes extutelados que cursan una carrera universitaria, gracias al programa Arrakasta (éxito, en euskara) que se puso en marcha en Gipuzkoa, a raíz de la investigación de una doctoranda que detectó las dificultades que tenían estos jóvenes para acceder y acabar estudios universitarios. Esa doctoranda era Joana Miguelena: “La Universidad nunca era un itinerario que se planteaba”. Y así, con la ayuda de la Diputación de Gipuzkoa y la Fundación SM, se puso en marcha una iniciativa que trata de blindar a los jóvenes que se deciden por la universidad a través de dos vías, por una parte, la económica, con ayudas habitacionales y prestaciones económicas tanto para material como para manutención y, por otra, con terapia y tutorías académicas así como con un servicio de orientación. “Empezamos con siete. Incluso, algunos se han ido de Erasmus”, explica Miguelena, que ahora forma parte del proyecto.

La Generalitat Valenciana acoge a casi 5.000 de esos menores tutelados. Jeni Vivó y Christopher Symonds, hoy mayores de edad, formaron parte de ese sistema. La primera ya es maestra y el segundo comenzará, previsiblemente, Ingeniería Informática, el curso que viene. Jeni apenas tuvo ninguna ayuda específica con la que costear sus estudios de Magisterio pero Christopher podrá acogerse a unas becas recién aprobadas por la Universidad Politécnica de Valencia que, al hilo de Arrakasta, financiará, junto a la Generalitat Valenciana, parte de los gastos de sus estudios universitarios. Existen otros puentes, como en Cataluña, que han optado por reserva una plaza en cada grado para estudiantes extutelados.

Derecho a estudiar

Tanto Jeni como Christopher participaron el mes pasado en una jornada sobre el itinerario universitario de jóvenes tutelados y extutelados organizado por la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València y la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia y ambos coinciden en que, si para un chaval en una “familia ordinaria” ya supone un sacrificio y un esfuerzo el hacer una carrera universitaria, en su caso, lo es aún más. “Piensas que no tienes derecho a esa formación, que te seguirán diciendo que vives de las paguitas cuando nosotros, en ningún momento, hemos elegido esta vida y esa debe ser una opción”, reprocha Vivó. “Lo habitual no es que se opte por una carrera universitaria porque hay mucha dificultad para centrarse y concentrarse en los estudios”, añade Symonds. Ambos coinciden también en el papel fundamental de los educadores y en que, aunque ser universitario no tiene por qué ser el objetivo de todos los tutelados, sí es importante que esta posibilidad exista. Con la jornada, el director de la Cátedra, Vicente Cabedo, intentó dar un toque de atención porque “algo está fallando y hay que dar a conocer a estos jóvenes que tienen la oportunidad de llegar a la universidad”. “En la Comunidad Valenciana, como máximo, hay nueve alumnos que el curso que viene podrían continuar con sus estudios”, explica para dimensionar el hecho de que las ayudas no requieren un importante desembolso.

Enfrentarse al futuro

La tutela pública de Jeni comenzó a los 13 años. Recuerda, como si de una película se tratara, el momento en el que fue “elegida” para vivir con una familia de acogida, aunque separada de sus dos hermanos. Tres años después, volvió a una vivienda tutelada. Cuando cumplió los 18 tuvo la oportunidad de vivir en otro piso, financiado por una pareja que apoyaba a chicas que habían salido del sistema de protección pero querían seguir estudiando. Hizo un grado medio. Después otro superior, sin dejar de trabajar “en lo que salía”. Dejó el piso e incluso pasó por una residencia de mujeres maltratadas. “A los 21 empecé a priorizar mi salud”, asegura. Y fue el momento en el que se dio cuenta de que apenas había podido elegir en su vida y de que tenía necesidades psicológicas que abordar y para las que necesitaba ayuda porque, entre otras cosas, “a los 16, en lugar de estar pensando en el chico que te gusta tienes que pensar en tu futuro, porque no tienes colchón de ningún tipo”, recuerda. “Tenía la cabeza en mil cosas. Desde los 18 a los 23, fue muy duro porque quería estudiar pero el trabajo tenía que ir por delante. Fue muy complejo. Me he rodeado de educadores que me han contagiado las ganas de aprender”, resume. A los 23 y con cierta estabilidad emocional, fue cuando comenzó Magisterio. “Hace 17 años, cuando mi yo de 8 años trataba de escapar de esa casa que fue de todo menos hogar, soñaba con llegar a hacer algo grande”, escribió en sus redes sociales el día que se graduó.

Christopher estuvo desde los 3 años yendo y viniendo de centros de acogida. También fue “escogido” por una familia hasta que sus padres biológicos recuperaron la custodia “y empezó el caos”. “Fue un periodo oscuro. Entre los 10 y los 13 dejé de estar escolarizado y la vuelta a un centro de acogida fue mi salvación”, rememora. Ahora, con 18, vive en un piso de emancipación de una fundación y está acabando segundo de Bachiller. “Conozco a un chico de 18 años que quería estudiar pero, de repente, se tenía que buscar todo por su cuenta, sin apoyo ni ayuda. Al final, lo que decides es con agobio y angustia de no saber qué va a pasar y optas por buscar trabajo para estar ‘salvado”, explica. Por ello, agradece que existan ayudas como las del País Vasco, Cataluña o la Comunidad Valenciana. “Tendré que trabajar igual pero saber que, aunque no tenga unos padres detrás, voy a poder contar con apoyo para acabar la carrera es muy importante”, reflexiona.