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El puerto de Valencia aprueba su terminal norte con la oposición del alcalde

El futuro muelle, de 137 hectáreas de superficie, costará más de 1.500 millones de euros de inversión público-privada y duplicará la capacidad de tráfico de contenedores

Cristina Vázquez
Puerto de Valencia muelle norte
Una imagen de las grúas de carga del puerto de Valencia.PUERTO DE VALENCIA (PUERTO DE VALENCIA)

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha aprobado este viernes, con dos votos en contra —el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el secretario autonómico de la vicepresidencia de la Generalitat Iván Castañón, ambos de Compromís— el proyecto para la construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte con un presupuesto base de 542,7 millones de euros. La suma de la inversión público-privada en la infraestructura superará los 1.500 millones de euros.

La futura terminal de contenedores tendrá 137 hectáreas de superficie, 1.970 metros de línea de atraque y un calado de 20 metros, e incrementará la capacidad del recinto portuario en otros cinco millones de teus. El proyecto se licitará a lo largo de 2023 y el periodo de construcción sería de 58 meses.

La compañía italo-suiza TIL, filial de MSC, invertirá por su parte 1.021 millones para levantar la terminal de contenedores y explotarla en régimen de concesión, que se ubicará en aguas interiores del dique de abrigo de la ampliación norte y será la cuarta terminal del Puerto de Valencia. La firma europea será la encargada de la construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de la nueva terminal de contenedores.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, se ha felicitado por la aprobación de un proyecto que arrancó en 2006, con la construcción de los diques de abrigo en el frente norte portuario y cuyo avance frenó la crisis. La nueva terminal sale adelante rodeada de polémica y rechazo por parte de partidos como Compromís y Unides Podem y de plataformas ciudadanas como Port-Ciutat por su posible afección a las playas urbanas y a la Albufera, o a la movilidad de la capital valenciana. Los socialistas han defendido la terminal siempre que se cumplieran los requisitos medioambientales, y PP y Cs lo consideran un proyecto estratégico.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha explicado su voto en contra porque se trata de una situación “importante” y “estratégica” para la ciudad en la que “no se ha adoptado el camino adecuado”. El primer edil ha justificado su rechazo a la actuación en la “incertidumbre” que genera “desde un punto de vista jurídico el hecho de que la Autoridad Portuaria sea juez y parte en cuanto a la Declaración de Impacto Ambiental”. “No es normal esto; normalmente, la DIA no la hace nunca el que hace el proyecto, es una cosa absolutamente anormal y es muy fácil que tenga consecuencias a nivel jurídico”, ha advertido el primer edil, quien ha subrayado que ya hay una demanda ante los tribunales por esta cuestión.

Una decena de activistas de la Comissió Ciutat-Port se ha concentrado frente al Edificio del Reloj, quienes han asegurado que, a su juicio, la ampliación comportará “graves afecciones” para el medio ambiente. Además que el proyecto está “fuera de la legalidad” por tener una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “caduca”. La APV “cruza una línea roja y declara abiertamente la guerra a la ciudadanía”, ha denunciado.

Por el contrario, el presidente de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro, ha calificado este viernes de “día histórico” por la aprobación del proyecto, y ha recordado que los empresarios siempre han defendido que eran los técnicos quienes debían establecer si esta actuación era posible y en qué condiciones y “así ha sido”. “Desde la Confederación hemos defendido que la política debe generar certidumbre y, en este caso, ha generado bastante incertidumbre”, ha lamentado Navarro, quien ha destacado que, en todo caso, los empresarios siempre han defendido que los técnicos eran quienes debían decidir “si era posible o no y qué modificaciones tenía que haber” para la ampliación del Puerto “y así ha sido”.

Retraso por la DIA

Aurelio Martínez ha insistido tras el consejo de administración en que “cuando se toma una decisión estratégica como esta, hay que estar suficientemente avalado y documentado. No podemos dejarla al albur del enfoque político que tenga cada partido. Hay que basarse en informes técnicos y los hemos pedido y han avalado este proceso. Si falta algo más se hará”. El presidente descartó someterse a una nueva DIA, ha asegurado, porque hubiera alargado el proceso otros cinco años.

El puerto pidió en enero de 2022 un estudio de afección de las obras de la terminal norte a la Albufera a un experto de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) —el catedrático José Serra— que, “en su último párrafo concluye que las obras previstas de la nueva terminal norte no implican modificación de las condiciones de contorno, son obras interiores y los dragados no implican modificación de la dinámica litoral. Por todo ello, las obras previstas no implican un riesgo para las playas situadas al sur del puerto, no significando un aumento de los procesos regresivos del mismo frente y consecuentemente no implican riesgo para el cordón litoral de la Albufera”, ha leído el presidente de la APV.

El proyecto ha salido adelante después de que la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente emitiera esta semana un informe “favorable con condiciones” a la obra. Según el director general del puerto, Francesc Sánchez, el documento hace hincapié en el dragado y la posible afección que tendrá sobre el entorno de la terminal. “Desde un punto de vista técnico, todos los análisis del Ministerio sobre el proyecto son similares a los que se piden en una DIA. Se habrían hecho los mismos estudios y análisis y cabría esperar que hubieran llegado a las mismas conclusiones”, ha sostenido.

El documento incide en la obligación legal del puerto de, si aparecen arenas aptas para la regeneración de las playas, entregarlas a la Dirección General de Costas, de no tocar los puntos del polígono marino de Cullera y Sueca donde Costas está actuando —aunque el puerto defiende que sí puede hacerlo en otros puntos de la zona—, y el cumplimiento del plan de vigilancia ambiental. “Son todas asumibles, lógicas y las vamos a contemplar. No tenemos que modificar el proyecto constructivo, solo añadir condiciones al pliego y al plan de vigilancia”, ha dicho el director de la APV.

De la afección que los nuevos diques de abrigo del muelle norte, ya construidos, hayan tenido sobre las playas al norte y al sur del puerto, Sánchez ha insistido en que tiene que ser Costas quien elabore el proyecto. “La recuperación de las playas del sur es compleja y no existe todavía un proyecto integral de la costa, pero en el momento en que esté aumentaremos nuestra aportación para contribuir a su regeneración”.

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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