El Tribunal de Cuentas hace responsable a una exdirectiva del fraude de 4 millones a la EMT

El Tribunal de Cuentas ha declarado responsable contable directa a la exdirectiva de la EMT Celia Zafra de la estafa en 2019 a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia por cuatro millones de euros y la condena al reintegro del dinero estafado, además de los intereses de demora, ha anunciado este viernes en una comparecencia pública el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi.

La entonces jefa de administración transfirió entre el 3 el 20 de septiembre cuatro millones de euros a una cuenta bancaria en Hong Kong creyendo que participaba en una operación confidencial de la compañía pública, cuando en realidad, según fuentes de la investigación, estaba siendo una víctima de la conocida como estafa del CEO (consejero delegado).

El Tribunal reconoce casi tres años después de la estafa que la práctica regular en la empresa era el abono a proveedores por medio de la preparación de los pagos en la banca electrónica de CaixaBank, y que dicho protocolo estaba instaurado en la compañía. El delegado instructor reconoce que hubo negligencia grave por parte de la exdirectiva.

Según la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, la demandada no llevó a cabo unas mínimas averiguaciones sobre la veracidad de las identidades de los terceros (estafadores) que buscaban lograr su cooperación. Ello es especialmente grave cuando una de ellas correspondía al propio presidente de la EMT. “No consideró lo improbable de que el principal directivo de la sociedad se dirigiera a ella, un cargo directivo medio, para poner en marcha una operación de tal envergadura”.

La exdirectiva se sometió a una supuesta cláusula de confidencialidad por la que se obligaba a no informar a sus superiores jerárquicos directos, ni al resto del personal de la EMT, de la operación a realizar, sin plantearse la posible irregularidad de aquélla, ya fuera por el nivel de responsabilidades que debería asumir o por la excepcionalidad que representaba su utilización en la forma habitual de proceder de la EMT. En las pruebas testificales quedó acreditado que ese género de cláusulas nunca se había aplicado, explica el Ayuntamiento.

La responsable proporcionó a los estafadores documentos con las firmas de sus superiores jerárquicos, los únicos autorizados a los pagos, así como copias escaneadas de sus documentos nacionales de identidad, sin conocimiento y consentimiento de aquéllos. “Aparentemente, no le causó extrañeza la solicitud de tales datos, cuando como directora de Administración sabía que el pago a los proveedores se realizaba previa la preparación material de los pagos y la subida de los correspondientes ficheros a la banca en línea, que era su función, anterior a la autorización de los mismos por sus superiores, mediante sus firmas digitales mancomunadas”.

Zafra asumió y ejerció, con plena consciencia, funciones que correspondían a otros cargos directivos de la sociedad, sin tener atribuidas las competencias correspondientes, y su actuación no se limitó solo a la del 3 de septiembre de 2019, sino que se repitió hasta el 23 de septiembre. En esta fecha, un aviso de la entidad bancaria sobre la excepcionalidad de las sumas abonadas hasta ese momento sin seguir el procedimiento protocolizado llevó al gerente a paralizar la última transferencia ordenada, sin que para facilitar o provocar esa decisión hubiera mediado aviso o voluntad de la demandada.

El proceso penal sobre el fraude sufrido por la empresa pública sigue tres vías judiciales. Por el momento, tanto en el ámbito laboral como en el contable la judicatura ha dado la razón a la EMT Valencia, que aparece en todo caso como perjudicada. La tercera vía, la penal, se encuentra aún en fase de instrucción, pero cabe destacar que la EMT ha solicitado que se impute a CaixaBank por blanqueo de capitales y que el Tribunal de Cuentas apunta a la entidad bancaria como colaboradora del fraude, aunque no es competente al no ser CaixaBank gestora de fondos públicos.