El exconsejero Fernando Castelló se niega a aclarar ante la jueza del ‘caso Erial’ si cobró comisiones por la concesión del plan eólico

El exconsejero de Industria y exsecretario de Estado, Fernando Castelló, se ha negado a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, por el conocido como caso Erial por el supuesto cobro de mordidas en la adjudicación de contratos públicos de la Generalitat en el que también está imputado el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Según fuentes judiciales, también ha rechazado declarar el representante legal de la firma energética Elecnor, que consta como acusada en el proceso por supuestas irregularidades en los contratos del plan eólico valenciano, de los que resultó adjudicataria junto a otras empresas.

En los informes presentados al juzgado que investiga esta causa, la Guardia Civil atribuye a esta mercantil el pago de 150.000 euros al exconsejero Fernando Castelló, en lo que pudo constituir una comisión ilícita, según consta en el sumario. La Guardia Civil considera que Castelló tuvo un “papel activo” en 2002 en una supuesta trama liderada por el expresident Eduardo Zaplana para obtener beneficios económicos de la concesión del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV) a empresarios afines.

El caso Erial, en el que está imputado Eduardo Zaplana junto a otros, se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

También se ha negado a declarar el exdirector de gabinete de Eduardo Zaplana, Juan Francisco García, está investigado en esta misma causa por su responsabilidad en la mesa de contratación en el proceso de privatización de las ITV. En el sumario consta una comunicación de mayo de 2002 y dirigida por Juan Francisco García a “Eduardo”, se señala, a propósito de Transvía, que “hay que dar un ‘empujón’ a Fernando Castelló para que se firme el acuerdo de compraventa entre Transvía e Hidrocantábrico, para dejar cerrada toda la operación”.

La Guardia Civil dirigió un escrito a la jueza en el que señalaba “el supuesto pago de comisiones con motivo de la adjudicación del plan eólico y de las que podrían haber sido beneficiarios Eduardo Zaplana y Juan Francisco García Gómez” (...)” además de la existencia de documentos que apuntan a la evidencia de un papel central en relación al PECV por parte de Fernando Castelló.

Quien sí ha declarado ha sido el empresario Pedro Romero, peluquero de Eduardo Zaplana, quien se ha mostrado “indignado” porque le hayan situado en la trama del caso Erial y ha negado haber tenido negocios con el expresidente. Los investigadores consideran que Romero podría haber colaborado con los “propósitos delictivos” de Zaplana. En concreto, la UCO cree que Zaplana se habría valido de la empresa con la que estaba vinculado el peluquero con el objeto de posibilitar la disposición de fondos y bienes en su beneficio y como medio para ocultar la identidad del verdadero titular de los mismos.