La espesa huella de la corrupción marcará el nuevo curso político en Valencia

La intención del líder del PP, Pablo Casado, de no hablar de casos de corrupción porque son “pasado” choca con el presente de los populares valencianos. No hay curso político en el que no tengan que enfrentarse a un nuevo escándalo con origen en los años en los que el PP fue amo y señor de las administraciones valencianas, entre 1996 y, al menos, 2011.

El nuevo presidente regional del PP, Carlos Mazón, repite como un mantra el número de dirigentes absueltos por corrupción cada vez que se pregunta por el lastre. Por mucho que lo intentara, en una comunidad en la que mes a mes se inician operaciones, se realizan registros o se practican detenciones —a veces, también con dirigentes de otros partidos implicados— la actualidad de los escándalos sobre sobornos o mordidas impide eludir la corrupción. Más cuando el recién elegido Mazón está marcado por la estela del que fue su mentor, el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, protagonista de una era con consecuencias que perduran. Pero también persisten las de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y las del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Todos ellos tienen, directa o indirectamente, relación con corruptelas que aún se están investigando. Las tres provincias valencianas siguen manchadas y el otoño político estará marcado, nuevamente, por la corrupción.

Caso Erial. Eduardo Zaplana es el principal implicado. Las pesquisas se centran en las presuntas comisiones en la adjudicación del Plan Eólico Valenciano, en 2011, y el circuito internacional que posteriormente diseñó para blanquearlas. Los investigadores también consideran que hay indicios suficientes sobre el pago de sobornos por la adjudicación de las ITV de la Comunidad Valenciana, en 1997. La instrucción está a punto de finalizar y, según fuentes de la investigación, antes de fin de año se dará por concluida para que la jueza determine, en su caso, el procesamiento de quien también fue ministro de Trabajo.

Caso Azud. Con más de medio centenar de imputados y cerca de una veintena de detenidos, el caso mantiene en prisión a Alfonso Grau, que fue mano derecha de Rita Barberá, también investigado en el caso Taula. Ambos procedimientos investigan el cobro de mordidas. En Azud se investiga también al exsubdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafael Rubio, por los mismos delitos. Aunque se abrió en 2017, el grueso de las diligencias se desarrollaron en esta primavera de 2021. El Ayuntamiento de Valencia es la institución sobre la que recae el foco principal por adjudicaciones urbanísticas y decisiones sobre la gestión del agua. El otoño traerá, presumiblemente, los informes policiales sobre el recorrido de las mordidas.

Operación Taula. La dimensión de las distintas tramas que fueron destapándose conforme avanzaba la investigación obligaron a dividir el caso en piezas, hasta once, de momento. En este macrocaso hay de todo: pitufeo, que es como se conoce al blanqueamiento de dinero en pequeñas cantidades; irregularidades en la contratación de un servicio de un call center; contratación irregular de personas que realmente no trabajaban (zombis, en jerga); o el desvío de dinero que debería haber ido a pagar la construcción de colegios, entre otros. La investigación de cada una de las piezas ha ido progresando desde 2015. En un principio, se desplegó sobre 80 imputados, aunque algunos de ellos han sido finalmente excluidos. El expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, es el más señalado y ya ha sido procesado después de que la jueza haya cerrado dos de las piezas que llevarán al banquillo a más de una treintena de personas. Seis años después de que comenzaran las pesquisas, el primer juicio de la macrocausa ya está señalado. Comenzará en mayo. En esta pieza, el PP será juzgado como responsable civil subsidiario porque los indicios apuntan a que “aprovechó” dinero público para pagar campañas. Uno de los juzgados será Marcos Benavent, conocido como “el yonqui del dinero”, gerente de la empresa pública Imelsa, de la que procedían los fondos.

Caso Fabra. Después de ser juzgado y condenado, el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, siguió delinquiendo. Al menos así lo apuntan los indicios que le llevarán de nuevo al banquillo por haber frustrado la ejecución de aquella sentencia, que le obligaba a pagar 1,3 millones de euros por cuatro fraudes fiscales. En aquel caso no fueron corruptelas sino un delito contra la Hacienda Pública pero ahora la nueva investigación ha desvelado que recibió una docena de “préstamos personales” procedentes de empresarios y políticos, supuestamente, por el cargo que ocupó. Fabra volvió esta primavera a la actualidad política por participar en la recogida de avales para una de las candidatas a presidir el PP de Castellón, Marta Barrachina, la ahora presidenta provincial que cuenta con el aval del presidente regional, Carlos Mazón.

Caso IVAM. También llegará este otoño la hora para Consuelo Císcar, exdirectora del Centro Valenciano de Arte Moderno. Se sentará en el banquillo en noviembre para ser juzgada por malversación, prevaricación y falsedad por la compra de unas obras de arte no originales. En el juicio por haber utilizado los fondos para promocionar la carrera artística de su hijo, conocido como Rablaci (acrónimo de Rafael Blasco Císcar), acaba de ser condenada a un año y medio de prisión, condena suspendida por los atenuantes de confesión y pago de la responsabilidad civil y al condicionante de no delinquir en dos años.