La Fiscalía pide 12 años de cárcel para Consuelo Císcar por usar el IVAM para promocionar a su hijo

La Fiscalía especial contra la corrupción solicita 12 años de prisión para la exdirectora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) Consuelo Císcar por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho. El ministerio público considera que la que fuera responsable de la institución cultural entre 2004 y 2014 “aprovechó” su posición para promocionar de forma irregular la carrera artística de su hijo, conocido como Rablaci (acrónimo de Rafael Blasco Císcar). Consuelo Císcar fue nombrada por la Generalitat Valenciana cuando estaba presidida por Francisco Camps, del PP.

La fiscal pide para Císcar una pena de seis años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otros seis por el de cohecho, además de una inhabilitación de 10 años por prevaricación administrativa, según el escrito adelantado este martes por el diario Las Provincias.

Anticorrupción también pide penas de cárcel para otros dos encausados: Juan Carlos Lledó, exdirector económico administrativo del IVAM, y el responsable de la empresa Logística del Arte SL, Enrique Martínez. Para el primero pide cuatro años y seis meses de prisión por malversación, mientras que para el empresario solicita cinco años y seis meses por malversación, seis años por cohecho y otros dos por falsificación de documento mercantil. Además, los acusados deberían indemnizar, conjunta y solidariamente, al IVAM en 26.920,13 euros, de los que 8.884,3 le corresponderían a Lledó.

El ministerio fiscal pide en su escrito la apertura de juicio oral contra estos tres acusados por su participación en la supuesta promoción irregular del hijo de la exdirectora. Rablaci también es hijo del exconsejero popular Rafael Blasco, condenado a prisión por el desvío de las ayudas a la cooperación, y comenzó su carrera como escultor y fotógrafo en 2007. El texto dice: “Desde ese momento, la acusada, consciente de las dificultades que existen para alcanzar el éxito en este sector de la cultura, aprovechando sus conocimientos, sus contactos y su posición al frente de una de los museos más importantes de la Comunidad Valenciana, se erigió en la coordinadora del proyecto profesional de su hijo, organizándole exposiciones por distintos países, haciéndolas coincidir con las exposiciones que ella misma proyectaba en el IVAM, a fin de costear, en algunos casos, su asistencia a las inauguraciones de las muestras de su hijo con los fondos públicos del museo”.

El escrito da cuenta de exhibiciones de obras de Rablaci en ciudades de Portugal, China, Japón, Cuba, Guatemala, Ecuador, Chile, Uruguay, México y Francia. Esta “coincidencia espacio-temporal”, añade la Fiscalía, “también le permitió, tras pactarlo así con el acusado Enrique B. Martínez, que las empresas contratadas para realizar los servicios de transporte, montaje y desmontaje de las exposiciones del museo valenciano se ocupasen simultáneamente del montaje y desmontaje de las exposiciones de su hijo, ahorrándose así el coste de estos servicios que satisfacía el proveedor del IVAM, a modo de agradecimiento a las contrataciones públicas que la propia acusada le adjudicaba”.

Además, considera que, “en su propio beneficio, Císcar utilizó a sus colaboradores más estrechos dentro del personal del museo público, encomendándoles todas las tareas dirigidas a la organización de las exposiciones de Rablaci”. La fiscal apunta que ninguno de los empleados del museo público se cuestionó la legalidad de las instrucciones recibidas, ya que derivaban de la máxima responsable de la institución, de la que dependían jerárquicamente, y puntualiza que Rablaci “siempre se mantuvo al margen de todas las decisiones que iba tomando su madre respecto a su carrera profesional”.

Císcar está procesada en otra causa del caso IVAM. La jueza ya abrió juicio oral contra la exdirectora del museo por un delito continuado de malversación, prevaricación y falsedad, cometido supuestamente al comprar reproducciones no originales de obras del escultor madrileño Gerardo Rueda (1926-1996) por unos cuatro millones de euros. La Fiscalía pide para ella seis años de prisión. También acordó la apertura de juicio oral contra el exdirector financiero del museo Juan Carlos Lledó y contra José Luis Rueda, hijo adoptivo del escultor.