La Justicia de la Comunidad Valenciana avala el toque de queda en 32 municipios y la limitación de las reuniones en todo el territorio
El Tribunal Superior considera que las medidas solicitadas por la Generalitat mantienen la proporcionalidad exigida por la ley
La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha decidido avalar las medidas impulsadas por la Generalitat para dictar el toque de queda en los municipios con mayor incidencia por contagios y limitar las reuniones sociales a diez personas, tanto en el ámbito público como en el privado. La sala ha adoptado su decisión después que que la Fiscalía no se opusiera a las restricciones. Así, una vez más, el Consell ha logrado el aval a sus medidas incluso sin el paraguas del estado de alarma porque, según señalan, son “equilibradas” y cumplen el juicio de “proporcionalidad”. En total serán 32 los municipios de más de 5.000 habitantes en los que se aplicará el toque de queda entre la 1.00 y las 6.00. El auto, que cuenta con un voto particular discrepante y que puede ser recurrido, alude a la expansión de la variante delta del coronavirus, el crecimiento exponencial de contagios, el aumento de las hospitalizaciones y la “situación cercana al colapso que se está ya produciendo en los centros de atención primaria”. La sala considera que de las medidas se derivan “más beneficios para el interés general -contención de la pandemia- que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto”, al tiempo que cumplen el “juicio constitucional de proporcionalidad”. Esta es la segunda vez que la justicia avala la aplicación de un toque de queda una vez finalizado el estado de alarma, el pasado 9 de mayo. La controversia por la posible limitación de derechos con el marco normativo de la Ley de Salud Pública fue solventada por el Tribunal Supremo que dictó que esa norma permitía limitar derechos fundamentales sin estado de alarma pero solo en los casos en los que fuera “imprescindible y temporal”.
Los municipios en los que habrá toque de queda, tal como había solicitado la Generalitat, son, en la provincia de Alicante: Sant Vicent del Raspeig; en la provincia de Castellón: Benicàssim; y en la provincia de Valencia: Alaquàs, Alboraia, Aldaia, Almàssera, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, Bunyol, Burjassot, Catarroja, El Puig, Gandía, L’Eliana, Meliana, Mislata, Moncada, Paterna, Picanya, Picassent, Puçol, Quart de Poblet, Requena, Riba-roja de Túria, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Utiel, Valencia, Vilamarxant y Xirivella. La medida tendrá una vigencia de 14 días desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
“La experiencia práctica que ahora tenemos es que medidas más laxas no han funcionado correctamente en relación al objetivo evidente que se persigue”, recoge la resolución judicial que considera que le Ley de Salud Pública contiene la suficiente cobertura normativa para avalar las restricciones. “Son medidas necesarias e idóneas”, señala el TSJCV para interrumpir la propagación del virus pues “atañen al marco de las relaciones sociales y el ocio nocturno no reglado”, que son las principales causas de contagios.
El Gobierno valenciano decidió, el pasado jueves, dar un paso atrás en la desescalada y endurecer las medidas de protección contra el virus ante la subida en el número de contagios, que han alcanzado máximos que no se registraban desde el pasado mes de febrero. La incidencia acumulada en la comunidad es de 262,98 casos por cada 100.000 habitantes, cuando durante semanas no superó índices que rondaban los 50 contagios. Nada más conocer la decisión de la Justicia, la consejera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha valorado muy positivamente el auto porque “se hace necesario adoptar estas medidas encaminadas a proteger la salud de la ciudadanía”. “La situación epidemiológica no es la que nos gustaría y, por tanto, el gobierno valenciano ha decidido actuar de forma contundente para frenar la cadena de contagios”, ha dicho.
Además de estas dos medidas, que limitan la movilidad y el derecho de reunión y, por tanto, han se ser autorizadas por la justicia, el Consell decidió volver a cerrar el ocio nocturno, cuando apenas llevaba abierto una semana, y adelantar media hora el horario de cierre de la hostelería.
Uno de los puntos contra los que pretende luchar el Ejecutivo valenciano es el botellón. Por ello, el Consell ha pedido a la policía “máxima vigilancia” y control en los espacios en los que habitualmente se juntan los jóvenes para beber. Además se ha cambiado la normativa sobre sanciones y la práctica del botellón ha pasado a ser falta grave, mientras que el límite horario para la venta de alcohol se ha adelantado de las 22.00 a las 20.00.
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