El desembarco de Junts en empresas estatales incendia el trato con Esquerra

Han pasado dos meses exactos desde que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras se dejaron ver juntos y sonrientes en Bélgica, dentro de un coche con la matrícula 1-O-2017, una alusión al plan de referéndum independentista que ambos planearon cuando compartían gobierno. Aquel encuentro en Waterloo, tras una larga temporada sin reunirse, buscaba aparentar un deshielo de la relación entre ellos y, por extensión, engrasar los tratos entre Junts y ERC. Emitieron un comunicado apelando a “impulsar espacios de trabajo coordinado” y a “iniciar una nueva etapa de relación”. No consta que la cordialidad se fijara como una de las prioridades. Junts y Esquerra han elevado el tono de sus ataques cruzados, incluso con insultos y desprecios como “rata” o “indocumentado”, a raíz de los tratos que ambas formaciones mantienen con el Gobierno. El partido que comanda Carles Puigdemont acusa a su rival doméstico de acordar traspasos inútiles para Cataluña y desde ERC se denuncia que los posconvergentes usan el dedo acusatorio con una mano mientras, con la otra, maniobran para colocar a cargos afines en empresas como Renfe o Aena. La pelea entre independentistas catalanes supone otro zarandeo al juego de equilibrios que sostiene a la legislatura.

Esquerra critica que Junts usa la capacidad de influir en el Gobierno para situar a personas de confianza en puestos de dirección de empresas con participación estatal. El partido de Puigdemont ha avalado al economista Eduard Gràcia en el consejo de administración de Renfe y al exconseller Ramon Tremosa en Aena. Además, respalda al periodista Miquel Calçada en el consejo de RTVE y a Pere Soler como consejero en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Soler fue director general de los Mossos d’Esquadra mientras se preparaba el referéndum del 1-O y ahora, desde su nuevo puesto, tiene la posibilidad de ser protagonista en otro proceso con fuerte impacto en Cataluña: la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. La CNMC supervisa qué condiciones tiene qué cumplir la entidad vasca para poder absorber el banco catalán, que recientemente ha devuelto su sede al Vallès tras siete años en Alicante.

Fuentes de la dirección de Junts defienden que “tener a gente donde se toman las decisiones de poder es interesante e importante, siempre que sea en beneficio de los intereses de país”. Se apunta que “no se trata de colocar a nadie para aprovechar un cargo. No hicimos un 1 de octubre y tenemos al president Puigdemont siete años en el exilio para poder colocar a la gente. Si se tratara de eso hay maneras de hacerlo directamente y te sale mucho más barato”.

Este jueves, durante la junta de accionistas que el banco celebró en Sabadell, se trató de escenificar el rechazo frontal que, desde Cataluña, genera la opa del BBVA. “De los bancos españoles, el Sabadell es el banco catalán”, subrayó el presidente Josep Oliu durante su discurso. La patronal Foment del Treball, lo mismo que Pimec, se posicionan totalmente en contra de la opa. En la junta de accionistas, la presencia política la monopolizó la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, pero algunos representantes del sector económico y empresarial catalán se acercaron al evento. Durante una conversación previa al inicio del acto, uno de esos representantes elucubraba qué posibilidades tiene el Sabadell para bloquear la ofensiva del BBVA: “Si Junts fuera un partido previsible, podría instar al Gobierno a frenar la opa y, a cambio, le da estabilidad en la legislatura. Pero, con Junts, uno nunca sabe a qué atenerse”.

El pésimo funcionamiento de los trenes de cercanías en Cataluña, con averías recurrentes y retrasos permanentes, ha puesto la gestión de Renfe y Adif en el foco de la actualidad y de la bronca política. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, afronta las peticiones de dimisión alegando que no es oportuno “buscar culpables”. Pero, más allá de activar las críticas contra el Govern de la Generalitat por la falta de soluciones al desaguisado, los trenes actúan de chispa para encender otra pelea entre Junts y Esquerra. Los republicanos pactaron con el Gobierno el traspaso del servicio de Rodalies a la Generalitat y han validado los términos de la negociación con el sindicato de maquinistas, contrarios al traspaso, para lograr la desconvocatoria de una huelga de protesta. Junts se ceba con la idea de que, a la postre, el cambio de manos de las competencias de Rodalies es de cartón piedra e ineficaz para propiciar ningún cambio válido para los usuarios, unos 400.000 diarios. Josep Rius, portavoz de Junts y vicepresidente de la formación, denuncia que “la presión de los sindicatos ha aguado un traspaso que nunca ha sido integral”.

“Nos machacan a nosotros por negociar el traspaso de Rodalies mientras ponen a sus amiguitos en el consejo de administración de Renfe”, denunció Gabriel Rufian, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados. Antes, Rufián, había replicado con el emoticono de una rata las declaraciones en redes sociales del diputado de Junts, Josep Maria Cruset, donde reprochaba a Esquerra que hubiera votado en contra de una proposición de ley contra las ocupaciones. Francesc de Dalmases, diputado de Junts en el Parlament, acusó a Rufián de ser “un indocumentado sin estudios” y de no haber sido capaz de terminar de leer un libro en toda su vida.