Generalitat y Gobierno buscan blindar ante la UE la ampliación de El Prat con el dictamen de una empresa

La ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat ha aterrizado de nuevo en la mesa del Govern de la Generalitat. El president Salvador Illa ha clasificado el tema como una prioridad y considera que desbloquearlo “es crucial para la conectividad de la economía catalana”, según manifestó al poco de ser investido en una entrevista en TV3. También pronosticó que antes de final de año la comisión mixta, con técnicos de la Generalitat y del Gobierno, debería tener a punto una propuesta de consenso sobre cómo agrandar el aeropuerto. El propósito de la ampliación sigue en el radar, pero el plan parte con retraso.

El año se va a cerrar sin tener el boceto técnico y la previsión se pospone. Por lo menos hasta finales de enero, según fuentes conocedoras de la tramitación. “Hasta marzo”, alargan otras fuentes, que también están al tanto del asunto. La demora tiene que ver con la decisión de contratar los servicios de una consultora independiente, especializada en temas de medio ambiente, para dar solidez al paquete de compensaciones que hay que presentar ante la Comisión Europea. Se trata de definir qué acciones se llevan a cabo en los humedales protegidos del delta del Llobregat para mitigar el impacto que supondrá alargar la pista más cercana al mar.

Los datos de tráfico registrados por Aena revelan que, a finales de noviembre, el aeropuerto de Barcelona ya había rebasado los 50 millones de usuarios, lo que supone en once meses un volumen de viajeros mayor que el que hubo en todo el año 2023. Los datos de cierre de 2024 no se han hecho públicos aún, pero la evolución del mes de diciembre abre la puerta a que por primera vez se alcance el techo de capacidad operativa de las terminales, fijado en los 55 millones de viajeros anuales.

El aeropuerto se aboca a su tope de operatividad y las dilaciones en la propuesta técnica de ampliación coinciden en un momento en que el Govern del PSC tiene pendiente la aprobación de los presupuestos catalanes. Los socialistas necesitan apoyos en el Parlament para desbloquear las cuentas y sus socios de investidura, Comunes y ERC, no ven con buenos ojos ampliar las instalaciones. La fragilidad medioambiental de los terrenos que rodean al aeropuerto, con zonas protegidas de nidificación de aves, supone un freno al desarrollo aeroportuario. La ampliación que interesa a Aena se fundamenta en alargar 500 metros la pista más cercana al mar, para que los aviones de gran tamaño que cubren los viajes transoceánicos tengan margen de rodadura suficiente para poder despegar. Pero alargar la pista supone alterar la laguna de la Ricarda, lo que ha provocado una férrea oposición, encabezada por colectivos ecologistas.

El estudio de la comisión mixta baraja distintas opciones para ganar más pista, minimizando la afectación en el entorno natural. Se estudia la posibilidad de que la pista crezca por debajo de los 500 metros que demanda Aena. La prioridad es invadir lo mínimo posible la Ricarda, situada en el extremo más cercano al Prat de Llobregat, y hay una línea roja: ninguna obra puede afectar a las marismas del Remolar-Filipines, en la parte sur del aeropuerto, entre Viladecans y Gavà.

La consejería de Territorio que comanda Sílvia Paneque pilota los trabajos técnicos que tienen que recabar todos los puntos a favor y en contra de la ampliación. Sigue pendiente una nueva reunión de la comisión mixta que integra a técnicos del departamento de Territorio de la Generalitat y a asesores del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La comisión se reunió por primera vez en enero y, según aseguran desde el Govern, se volvió a convocar a comienzos de octubre. El año se tendría que cerrar con la concreción de la propuesta técnica que agrade a las dos partes que integran esa comisión, pero afinar con las exigencias medioambientales que comporta la ampliación ha retrasado el redactado final y ha introducido un nuevo actor en el proceso. Se ha decidido encargar a una empresa externa la elaboración de un dictamen que complete los trabajos de los técnicos de la Generalitat y del Ministerio.

Fuentes conocedoras de la tramitación señalan que hay cuatro opciones encima de la mesa. Tiene que ser una consultora con reputación internacional y que se dedicará a concretar de manera desglosada las compensaciones medioambientales que hay que reservar en el delta del Llobregat para hacer de contrapeso a la ampliación. Estos trabajos de consultoría tienen que servir para reforzar el proyecto final, de cara a blindarlo ante la inspección que realizarán las autoridades de la Unión Europea.

Los humedales que rodean al aeropuerto de Barcelona cuentan con la protección de los espacios de la Red Natura 2000, una distinción europea que vela por la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora. Pero, la protección de la zona no cierra del todo la puerta a una posible afectación por obras. La Directiva “Hábitats” de la Comisión Europea establece que, si por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, se realiza un proyecto en zonas de especial conversación se adoptarán medidas compensatorias. En ese punto es donde se centra el empeño de la comisión mixta por elaborar un informe pulcro y que tenga las mínimas lagunas. Aena admite que la afectación a la Red Natura 2000 hace más complejos los trámites. Pero no imposibles.

Administraciones alineadas

El proyecto de Aena para ampliar el aeropuerto de Barcelona-El Prat contempla una inversión de 1.700 millones de euros para ampliar las instalaciones y construir una nueva terminal satélite, con la idea de convertir al aeródromo catalán en un nudo de conexiones, un hub, de vuelos entre Europa y América. “El apoyo del proyecto por parte de las instituciones implicadas es indispensable para conseguir una tramitación favorable ante la Comisión Europea”, ha sostenido Aena.

La situación actual, con Salvador Illa mandando en la Generalitat y Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona puede despejar el camino, porque el PSC se ha posicionado claramente a favor de la ampliación. Hace tres años, Aena decidió enviar al cajón el proyecto de inversión porque la Generalitat, entonces gobernada por Pere Aragonès y ERC, se desmarcó súbitamente del plan. Entonces, el Ayuntamiento de Barcelona estaba en manos de Ada Colau y los Comuns, que tampoco pusieron facilidades. La semana pasada se conoció la renuncia de Lluís Mijoler (Comuns) en la alcaldía del Prat. Mijoler, que se ha mostrado muy crítico con la posible ampliación aeroportuaria, ha anunciado que deja el consistorio para centrarse en sus funciones de diputado en el Parlament.

Aena defiende que la ampliación de la pista de mar permitiría incrementar la actividad en periodos punta, disponiendo de toda la capacidad para llegar a 90 operaciones cada hora, en lugar de los 80 movimientos hora actuales. El aeropuerto de Barcelona opera básicamente con dos pistas paralelas. Reserva la más cercana al mar para los despegues y la que queda más próxima a las terminales, más larga, se deja para los aterrizajes. Técnicamente, existiría la posibilidad de usar las pistas para ambos usos, pero hacer despegar los aviones por la pista interior genera una potente carga de ruido para los vecinos de Gavà y Castelldefels.