Los promotores aplauden el plan de vivienda pública de Illa, pero alertan de que no hay suelo ni financiación

La patronal de los promotores y constructores de Cataluña (APCE) ha respondido este martes de forma contundente al president de la Generalitat, Salvador Illa, después de los dos anuncios lanzados en las últimas semanas sobre la construcción de 50.000 pisos públicos (VPO) en seis años y el Plan Territorial Sectorial de Vivienda, que prevé que en 20 años un 15% de las viviendas se destinen a políticas sociales. El presidente de la patronal, Xavier Vilajoana, ha aplaudido las medidas, pero ha alertado de que no hay suelo ni financiación suficiente para llevarlas a cabo al ritmo previsto. Vilajoana ha cerrado la presentación de un estudio de la cátedra APCE-Universitat Pompeu Fabra sobre la evolución de la VPO en Cataluña en los últimos 20 años. Sus autores, los economistas Agustí Jover y Miquel Morell, han señalado que los planes del Govern “suponen un doble salto mortal”: “Venimos de una década en la que Cataluña ha producido 1.200 pisos sociales al año y queremos llegar a 7.000″, han afirmado antes de avisar de que no hay suelo suficiente en las reservas donde el planeamiento vigente contempla construir VPO, el que hay está mal repartido, y que falta financiación. “Cuando se cuantifican estas magnitudes, deben ir acompañadas de una reflexión financiera”, han echado en falta los autores.

Vilajoana ha advertido: “Si queremos alcanzar el ritmo de producción que suponen [los planes de Illa] se necesita mucho dinero, y si la administración no está dispuesta a ponerlo, alguien tendrá que hacerlo”, ha dicho en referencia a la necesidad de financiar la construcción de una vivienda pública que, al ser mayoritariamente de alquiler, tiene un retorno mucho más largo que los pisos que se venden. Sobre la falta de suelo para levantar vivienda de protección, ha asegurado que no saben dónde están los suelos que Illa aseguró que están listos para construir las primeras 20.000 viviendas: “No hay un inventario claro de las reservas que el plan sectorial estima”.

El director de la cátedra, Josep Maria Raya, tampoco se ha mordido la lengua: “Dedicamos un tercio de la media europea a VPO. La vivienda pública es una prioridad en el discurso político y la regulación, porque tiene coste cero, pero no es una prioridad real del Estado del Bienestar”. Los autores del estudio han señalado “los desajustes para resolver un reto que es inmenso”. Para empezar, han recordado que desde 2012, cuando el Gobierno dejó de financiar planes de vivienda, la producción de VPO en Cataluña se desplomó de 5.000 unidades en la década anterior, a solo 1.200 entre 2013 y 2023. “Hemos perdido el 75% de la producción”, ha alertado Jover, al tiempo que Morell aludía a la “imposibilidad de que la Generalitat cubra esa financiación”. Los autores también han puesto en valor que el 66% de los pisos protegidos en Cataluña los han construido privados, con o sin ánimo de lucro, lamentando que solo un tercio los haya impulsado la administración con herramientas como el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl).

El estudio indica que si a los casi 93.000 solicitantes de vivienda pública inscritos en el registro de la Generalitat se suman las 355.000 familias que no pueden acceder a la vivienda en condiciones de mercado que establece el Plan Sectorial Territorial, en la próxima década habría que construir 313.000 pisos públicos (20.800 al año). “Es loable la idea de Illa de romper la inercia”, ha dicho Jover, “pero hay que actuar por tierra, mar y aire”, ha remachado Morell.

Sobre la falta de suelo, han aportado datos. El actual urbanismo en toda Cataluña tiene un potencial para construir 210.700 pisos públicos, pero están donde menos demanda hay. Y donde más demanda hay (Barcelona y su área), este potencial no llega ni a un piso por cada solicitante de vivienda pública. Si la proporción en Barcelona y entorno es de 0,71 pisos previstos en el planeamiento por solicitante, en Terres de l’Ebre daría para hacer 27 pisos por cada solicitante. “El desajuste territorial es brutal”, han lamentado. Y han pedido colaboración público-privada: “Para alcanzar objetivos relevantes, tienes que concentrarte en operaciones que te reporten mil o dosmil: o movilizas suelo y generas líneas exprés para otorgar licencias y expedientes, o estaremos esperando dos años”, han lamentado recordando que hay suelos municipales donde se tarda hasta dos décadas para construir VPO.

El estudio de la cátedra también pide condiciones de financiación excepcionales para hacer VPO de alquiler: porque el retorno para los promotores es a muy largo plazo y porque “el alquiler público máximo autorizado está lejos de la capacidad de pago de las familias”. Las cuentas, aseguran, no salen. Y el capital internacional que estaría interesado en el alquiler público, ha apostillado Vilajoana, no opta por Cataluña “porque no damos seguridad jurídica: en 10 años ha habido 30 cambios legislativos en la vivienda”. “El mercado del alquiler es superintensivo en capital, pero hay que dar seguridad jurídica, porque hay que ir a buscar el dinero fuera y así no entra ni un euro en este país”, ha zanjado.