El plan de vivienda de Illa arranca con solares para construir 20.000 pisos públicos de alquiler

El Ejecutivo catalán ha aprobado este martes el anunciado Plan de Medidas Urgentes para Incrementar la oferta de vivienda protegida. El objetivo es aumentar el parque de alquiler público en 50.000 pisos en hasta 2030, con una inversión 4.400 millones de euros esta legislatura, reveló durante el pasado debate de política general el president Salvador Illa. La consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, ha detallado que el plan parte de una disponibilidad de “solares a punto para construir 20.000 pisos”, una cifra que el Govern está en disposición de anunciar porque son suelos que han tramitado las propias administraciones. “Los terrenos son públicos o privados y todos los pisos que se construyan tendrán calificación permanente de protegidos, para que desclasifiquen en el futuro y acaben en manos privadas”, ha destacado la consejera. El Govern estima que si se alcanzan los 50.000 nuevos pisos el parque público pasaría de algo más de un 2,5% del total de viviendas, a entre un 5% y un 6%. El president Illa ha insistido en la clausura de las jornadas World in Progress organizadas por Prisa, El País y la SER en la necesidad del plan y la inversión, dejando claro que la vivienda es una de sus prioridades.

Entre otros detalles del plan, Paneque ha explicado las fórmulas para agilizar la construcción y reducir el tiempo habitual a la mitad, o el desglose de los 1.100 millones de euros anuales. De éstos, “500 serán para créditos a promotores, 500 ayudas al pago del alquiler (para 100.000 familias) y los 100 restantes una nueva ayuda a jóvenes de hasta 35 años a la compra de vivienda de segunda mano”. Se llamará Fondo de Emancipación y serán créditos para cubrir el 20% del coste de las viviendas, que si se vendieran en el futuro no podrían ser de mercado libre, sino que tendrían un tope en el precio del incremento del IPC. Para ello se creará una nueva tipología de vivienda: la “vivienda de precio limitado”, que se calcula que podrán comprar 12.000 familias. Paneque ha admitido que estas inversiones dependen de la aprobación del presupuesto y ha asegurado que el Govern continúa manteniendo negociaciones con los grupos parlamentarios: “Mantenemos el objetivo de tenerlos aprobados en enero de 2025, para hacer posibles planes como este”, ha afirmado.

Una de ellas será permitir a los promotores comenzar a construir con una licencia básica, que cumpla con las leyes urbanísticas pero todavía no tenga el detalle del proyecto ejecutivo y la licencia definitiva. La licencia exprés permitirá ganar entre diez meses y un año de tiempo, durante los que las obra avanzarán en lo básico, cimientos y estructura. A la hora de tramitar solares, también se podrá obtener licencia urbanística antes de que esté aprobada la reparcelación. La idea es trabajar en paralelo para alcanzar el objetivo de los 50.000 pisos: activar los solares existentes y generar solares nuevos. También los colegios del sector podrán realizar algunos trámites administrativos.

Paneque ha recordado que el Govern abrirá en febrero de 2025 la primera convocatoria para que los Ayuntamientos puedan inscribir suelos donde construir vivienda protegida de alquiler. El nombre oficial de este banco será “Reserva pública de solares”.

La consejera también ha detallado el desglose de los 1.100 millones de euros anuales de inversión: 500 millones serán créditos del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) a promotores, otros 500 ayudas de la Agencia de Vivienda para el pago del alquiler, y los 100 restantes un nuevo fondo de emancipación, para ayudar a pagar la entrada de pisos de compra. Sobre los préstamos a promotores, la idea es hacerles más atractiva la construcción de pisos de alquiler, que tienen una menor rentabilidad que la compra, y a largo plazo. Para ello se pretende cubrir con estos préstamos el 20% de diferencia que en algunas zonas tiene el módulo que fija el precio al que se podrán alquilar y el coste de construirlos.

Sobre la cantidad que aporta la Agencia, es abultada porque el Govern estima que al tumbar el Tribunal Constitucional la obligatoriedad de que los bancos hagan alquileres sociales a las familias vulnerables que no pueden pagar hipotecas o rentas, deberá destinar mucho más dinero a ayudas.

El gobierno autonómico también cuenta con que la ley de acompañamiento autorice al Incasòl ampliar el uso que puede hacer de las fianzas de contratos de alquiler depositadas, de modo que la disponibilidad presupuestaria aumentará entre 700 y 800 millones de euros en los próximos cinco años.

Paneque también ha explicado que, a la espera de quién y cómo se acaban regulando los alquileres de temporada, el Govern aprobará vía reglamento un régimen sancionador y más inspectores que velen por el cumplimiento de la regulación del precio del alquiler.

Mas allá de la promoción de nuevos pisos, el Govern confía en otras vías de entrada de nueva vivienda pública de alquiler, pero todavía no la cuantifica. Las fuentes pueden ser la SAREB (que se quedó los activos tóxicos de la banca cuando estalló la burbuja en 2008), propiedades del Estado (como cuarteles militares), o propiedades de la propia dirección de Patrimonio de la Generalitat que están en desuso.