El Sindicato de Inquilinas de Barcelona convoca una manifestación contra los precios del alquiler el 23 de noviembre

Dos días después de la multitudinaria manifestación por la vivienda y contra el precio de los alquileres en Madrid, el Sindicato de Inquilinas de Barcelona ha convocado este martes una protesta en la capital catalana para el 23 de noviembre. La organización considera “un punto de inflexión” la movilización de Madrid y exige que los precios caigan “a la mitad”: “Si los rentistas y los responsables políticos no bajan los precios, lo haremos nosotros”, advierte el Sindicato en un comunicado. Barcelona vivió una huelga de alquileres en 1931.

La convocatoria llega cuando los alquileres en Barcelona cayeron un 5,2% en el segundo trimestre de este año, el primero después de la aplicación de la regulación de precios de la Ley de Vivienda, rompiendo con 11 trimestres de subidas ininterrumpidas. Pero también bajaron los contratos, entre otras razones porque la regulación ha llevado a muchos caseros a desviar sus pisos a mercados no regulados, como el alquiler de temporada o por habitaciones. Las administraciones (Ayuntamiento, Govern y Gobierno) han anunciado regulaciones para que el alquiler de temporada entre en la contención de rentas, pero por ahora no las materializan.

El Sindicato acusa a los propietarios de buscar el beneficio a cualquier precio y a los políticos de proteger sus intereses y no los de los inquilinos. “La patronal rentista se ha dedicado a boicotear, de forma organizada cualquier medida que hemos impulsado para mitigar nuestro sufrimiento. Han atacado judicialmente la regulación catalana de precios (vigente 18 meses entre 2020 y 2022), utilizan los contratos fraudulentos de temporada y la precariedad de las habitaciones para seguir subiendo precios”, lamenta el sindicato, que afirma: “Nuestros derechos van contra su lucro privado”. Sobre las medidas tomadas por las administraciones asegura que han sido “descafeinadas o defectuosas, llenas de agujeros”. El comunicado tacha de “farsa” los bonos para pagar el alquiler, en los que ven “transferencia de fondos públicos al bolsillo de los rentistas, que compensarán la ayuda subiendo precios”.