Cataluña impulsa un plan para que un 15% de las viviendas se destinen a políticas sociales en 20 años

El Govern ha aprobado este martes el Plan Territorial Sectorial de Vivienda, una idea que contemplaba la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007 pero que no se había desarrollado, y que contempla que en 20 años un 15% de las viviendas se destinen a políticas sociales. Este porcentaje es lo que la ley del gobierno triparito entre el PSC, ERC e ICV llamaba el “objetivo de solidaridad urbana”. El plan, que se aplicará en los 140 municipios declarados como de mercado tenso, también fija que un 9% de las viviendas principales sean de alquiler asequible. Para ello, fija unas reservas mínimas para vivienda de protección (VPO) del 50% en suelos que se transformen a uso residencial y de un 40% los solares en suelo urbano no consolidado, como son los nuevos barrios que se levantan en algunas ciudades.

Se trata de un ambicioso plan, teniendo en cuenta que actualmente las viviendas públicas de alquiler no alcanzan el 2% del total del parque. En total, la Generalitat estima que para alcanzar el 15% en 20 años habrá que crear unas 300.000 viviendas destinadas a políticas sociales: el grueso será VPO de alquiler (184.250 viviendas), 32.000 pisos está previsto comprarlos a propietarios privados por tanteo y retracto (compra preferente por parte de la administración), 38.500 captados entre ciudadanía que tiene pisos cerrados, 38.550 VPO de compra y 7.000 de usuarios. El plan traslada a los Ayuntamientos buena parte de la aportación de la solidaridad urbana. De entrada, tienen un año de plazo para crear un censo de las viviendas que integran sus parques destinados a políticas sociales.

Se consideran como tales una decena de modalidades distintas de vivienda: los pisos de protección oficial, los que promueven operadores públicos a precio concertado (a medias entre la VPO y el mercado) pero calificados como protegido, vivienda protegida impulsada por privados pero gestionada por las administraciones, alojamientos dotacionales (para jóvenes o mayores, por ejemplo), bolsas de pisos de alquiler de entidades, pisos de inserción de la red de viviendas de inclusión, alojamientos de acogida para migrantes o refugiados solicitantes de asilo, pisos privados de alquiler sujetos a prórrogas forzosas o viviendas de empresas destinadas a sus trabajadores.

“El Plan Territorial Sectorial de Vivienda se convierte en el principal instrumento de planificación y programación de políticas de vivienda, una cuestión prioritaria para que se conviertan en un ámbito estructural para que haya vivienda para las clases medias a un precio asequible, un parque social del 15%”, ha celebrado la portavoz y consejera de Territorio y Vivienda del Govern, Sílvia Paneque. El plan a dos décadas vista se divide en cuatro quinquenios y el objetivo del primero es “movilizar 53.000 viviendas”.

Paneque no ha detallado el plan, pero sí alguna de las cuestiones que contempla. De entrada, que por parte de la Generalitat, la aportación será la prevista en el primer quinquenio del plan para generar 50.000 pisos asequibles anunciado por el president Salvador Illa. Otros detalles revelados por la consejera son que las superficies de la vivienda con protección podrán alcanzar los 120 metros cuadrados, pensando en familias extensas, o que en las zonas de nuevo desarrollo la reserva de protección oficial de alquiler debe alcanzar la mitad de los pisos que se construyan. El plan también contempla la rehabilitación como fórmula para aumentar el parque social.

La ley de 2007 prevé que para alcanzar estos objetivos los ayuntamientos puedan mancomunarse para conseguir los objetivos fijados, repartiéndose, las aportaciones de vivienda de protección de forma equitativa. También considera que, atendiendo a las especificidades de cada municipio, el Govern podrá modificar los porcentajes.

Más allá de los 140 municipios de demanda residencial fuerte y acreditada, el plan define más áreas: preferentes, rurales, no preferentes, de intervención complementaria y de escasa demanda. El Govern ha aclarado que este plan entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat, “mientras que la parte del cumplimiento de los objetivos de solidaridad urbana, de alquiler social y de protección oficial para las distintas áreas estará en vigor el 1 de enero de 2025″. Paneque también ha aclarado que los 131 municipios declarados como zonas tensionadas posteriormente a los 140 primeros, son poblaciones con incrementos de la renta del alquiler sostenida, pero que no han sido acreditadas como tensas. “Se revisarán y veremos cuáles se pueden incluir”, ha dicho.