El ser de la nación y sus guardianes

El Gobierno de Pedro Sánchez tuvo en su momento poderosas razones para creer que la concesión de la amnistía a Carles Puigdemont y los demás condenados y perseguidos por la revuelta catalana de 2017 le aseguraría la estabilidad parlamentaria. Pero no está siendo así. Ha habido ley de amnistía y el Gobierno no para de perder votaciones en el Congreso. Nadie sabe si se podrán aprobar los presupuestos del Estado para 2025.

La amnistía está en una especie de punto muerto a la espera de decisiones judiciales o constitucionales que no se sabe cuándo llegarán. El Gobierno y sus aliados creen que esta situación no durará mucho. Confían en controlar el proceso, en superar las resistencias.

Pero este largo momento de impasse ilumina un aspecto del sistema político español del que se habla poco. Y es la existencia de poderes políticos difusos, instalados en extraños intersticios. La idea de los socialistas y sus aliados era esta: El Gobierno tomará una decisión, las Cortes aprobarán la ley correspondiente, se aplicará y se acabó. Asunto resuelto. Crisis encauzada.

Esta previsión no se ha materializado. Puede que acabe siendo así, pero de momento no lo es. Para comprender qué está sucediendo hay que responder a dos preguntas básicas en toda cuestión política, y la crisis catalana es una de las grandes, puesto que para algunos afecta nada menos que al ser de la nación y para otros al de dos naciones. Primero: ¿Cuál es la relación de fuerzas? Segundo: ¿Quién manda aquí?

Se está viendo que la relación de fuerzas en el conjunto del sistema político es más disputada de lo que indica la aritmética parlamentaria. Y es así porque aquí mandan las Cortes y el Gobierno, cierto, pero hay también otros poderes.

Uno de ellos es el judicial. Aunque no solo. Todo el mundo recuerda el momento, en 2016-2017, en el que el Gobierno de Mariano Rajoy creyó que la crisis política catalana se le escapaba de las manos y decidió ponerla en manos de la Fiscalía General. La crisis tuvo su desarrollo, su clímax y su desenlace, con cárceles y exilios incluidos, hasta que, finalmente, un nuevo gobierno, el de Pedro Sánchez, quiso cerrarla mediante la política de desinflamación, indultos y amnistía.

Llegados a este último punto, se ha producido, sin embargo, un choque entre poderes. Los fiscales, jueces y magistrados que en 2017 recibieron el encargo de resolverla no quieren soltarla. El primer choque se produjo cuando el Gobierno dictó los indultos a los líderes de la revuelta. Jueces y magistrados se opusieron a ellos, pero no pudieron evitarlos y después, cuando ha llegado la amnistía, también se han opuesto y han seguido actuando bajo la premisa y la convicción de que la causa les pertenece. Actúan con la idea de que eso lo resuelven ellos a su manera.

¿Por qué sucede esto? Pues porque una parte de las élites conservadoras españolas cree que está en juego el ser de la nación, que para ellas es anterior a todo, y el Gobierno y las Cortes pueden decir lo que quieran, pero del ser de la nación se ocupan ellos. Y para eso se toman el poder que haga falta. Y lo extraordinario del caso es que pueden. De momento.