¿Quién controla a los jueces? La polarización pone en el punto de mira a los magistrados

“¿Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en Moncloa?”. Es uno de los tuits del juez Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado Mercantil número 11 de Madrid y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y de tendencia conservadora. La Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los magistrados dirigir “felicitaciones o censuras” a las autoridades. Pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene entre sus funciones la disciplinaria, decidió archivar el expediente contra De Lara al considerar que no había quedado acreditado que en el momento de hacer esas críticas invocara su condición de juez. El organismo se expresó en una línea similar tras las críticas lanzadas en Facebook por Manuel Piñar, el juez que condenó a Juana Rivas por secuestro de menores, contra el “comunismo feminazi”, las políticas de igualdad —las llamó “bazofia”— o el propio Tribunal Supremo a propósito del caso ERE —”Esto demuestra hasta qué punto tenemos una basura de justicia y la principal el Tribunal Supremo”—.

La autoridad disciplinaria del CGPJ archivó el expediente contra Piñar al entender que en la red social “no se hace invocación expresa de su condición profesional”. El órgano de gobierno de los jueces ha pedido que se actualice la Ley Orgánica del Poder Judicial (la que ya prohíbe las “felicitaciones o censuras” a autoridades) para poder sancionar este tipo de conductas en redes sociales. Desde el Consejo explican que “aparentemente la ley es muy clara”, pero en Derecho, añaden, “hay que sopesar los derechos en conflicto y hay abundante jurisprudencia del Supremo en el sentido de que prevalece la libertad de expresión del juez”.

La Comisión de Ética Judicial también avaló las concentraciones con toga ante diversos tribunales de toda España contra la ley de amnistía. Es un organismo independiente del Consejo elegido por jueces de carrera. Y el propio CGPJ —entonces con el mandato caducado— había sido el primero en criticar la amnistía. Lo hizo antes incluso de conocer el texto, en noviembre de 2023, a través de una “declaración institucional” que afirmaba que la norma supondría “la abolición del Estado de Derecho” y señalaba directamente lo que el Poder Legislativo “no puede” hacer.

Los integrantes del Poder Judicial son, de acuerdo a la Constitución, “independientes, inamovibles y responsables” y están sometidos “únicamente al imperio de la ley”. El contexto de alta polarización y el debate abierto, por un lado, sobre la politización de la justicia; y, por otro, sobre la judicialización de la política y el llamado lawfare ha puesto todo eso en entredicho, como evidencian las encuestas que miden los índices de confianza ciudadana en la Justicia.

En España hay cerca de 5.500 jueces, pero unos pocos acaparan titulares por decisiones que afectan al poder Ejecutivo o Legislativo. Están aforados y por tanto, son los Tribunales Superiores de Justicia o el Supremo quienes los juzgan por posibles delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Además de esa vía penal para resolver querellas, por ejemplo, por prevaricación, está la del CGPJ, que cuenta con una Comisión y un Promotor de la Acción Disciplinaria (ahora no hay porque cesó con el anterior Consejo y está pendiente nombrar a uno nuevo). El promotor funciona como una especie de juez instructor cuando recibe una queja o denuncia —no actúa de oficio ni fiscaliza a los magistrados—. El órgano de gobierno de los jueces explica que la mayoría son archivadas porque imputan delitos al denunciado —en ese caso la vía ha de ser la penal— o tienen que ver con disconformidades con sus decisiones —o que ha de resolverse por recurso dentro del procedimiento—. Las sanciones pueden ir desde el apercibimiento a la expulsión. Según la última memoria del CGPJ, su comisión disciplinaria alcanzó 17 acuerdos en 2022: cinco de archivo y 12 sancionadores. La mayoría de esas resoluciones de sanción tenían que ver con retrasos e incumplimiento de horarios y fueron castigados con multas (de entre 301 y 3.000 euros).

“En la élite judicial, algunos representantes se han dado cuenta de que tienen en sus manos a quienes representan al Ejecutivo y al Legislativo”

Baltasar Garzón

EL PAÍS ha consultado a media docena de expertos sobre el grado de eficacia de esos mecanismos de vigilancia y sanción. Dos de los magistrados entrevistados, que conocen por dentro la función disciplinaria, piden el anonimato para evitar que sus declaraciones afecten a su capacidad para intentar mejorarla. “A lo largo de mi carrera —explica uno de ellos— he aplicado muchas leyes que no me gustaban. Los jueces no estamos para discrepar de lo que hace el Poder Legislativo. El nivel de politización y de disposición de algunos jueces a entrar en el debate político ha sobrepasado todos los límites. En el chat que tenemos todos los jueces llegaron a colgar modelos de auto para plantear cuestiones prejudiciales por la amnistía. Hay polarización, pero los jueces están más politizados que la mayoría de la sociedad. Hay asociaciones comportándose como partidos políticos”.

Para este magistrado, que forma parte de la cúpula judicial, se presentan pocas querellas contra los jueces por desconfianza en el sistema: “El control lo ejercen otros jueces y perro no muerde perro. Muy pocos abogados se atreven a meterse con un juez, porque temen que les cojan manía, y los colegios profesionales tampoco los ayudan. Y luego está la vía disciplinaria del Consejo, donde incluso cuando hay sanciones por hechos acreditados, hay casos que terminan absueltos por prescripción”. El CGPJ sancionó con 12 años de suspensión, por ejemplo, a Juan de Dios Anguita por juzgar casos en los que se dirimían intereses económicos que les afectaban directamente a él y a su esposa, y el Supremo anuló la decisión un año después, al considerar que se habían sobrepasado los plazos legales.

Otra magistrada carga el peso de la culpa sobre “la triste situación actual” en otro lado: “¿Por qué los jueces ocupan tanto espacio en los medios? Porque se ha judicializado la política. Están utilizando a los jueces para intentar hacer daño político. Ese es el problema de base: utilizar al Poder Judicial para controlar al Ejecutivo y al Legislativo. Pero la solución ahora no puede ser restringir la libertad del juez, sino que los políticos y sus asociaciones afines saquen sus zarpas de la política. Me parece más importante que el juez tenga libertad para actuar a que sea sancionado”.

“He sido poder Legislativo, Judicial y he visto de cerca al Ejecutivo, pero nunca he tenido tanto poder como los 20 años que fui jueza de instrucción”

Victoria Rosell

Para Joaquim Bosch, magistrado de la asociación Jueces para la Democracia, progresista, “la alta polarización” ha traído “cierta sobreactuación en el ámbito judicial”. “Los partidos han extendido a los tribunales el terreno de la contienda política. Por eso es muy importante que los jueces admitan las querellas solo cuando hay claros indicios de delito y no se dejen instrumentalizar. Tenemos que ser vigilados y controlados porque cualquier poder sin límites termina abusando. Pero los órganos judiciales que han de hacer de contrapeso y que deberían tener los máximos niveles de imparcialidad son los más expuestos a las injerencias partidistas, como ha señalado el Consejo de Europa. Que un juez pueda actuar de manera dolosa pensando que desde arriba se le puede proteger es un problema”, añade. La APM envió el pasado julio una carta a la Comisión Europea ”alertando de los ataques” contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la investigación a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En un comunicado, el colectivo conservador afirmaba: “Nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes para cuestionar las decisiones judiciales”. Para su presidenta, María Jesús del Barco, son esos ataques, y no la actuación de los jueces, los que socavan la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

Alba contra Rosell: Una batalla de ocho años y 86.000 euros

Uno de los casos considerados paradigmáticos de control a los jueces por abusar de su poder en realidad no lo es, sostiene su víctima, en este caso otra juez. Se trata de la condena a Salvador Alba por conspirar contra una compañera, Victoria Rosell, para beneficiar a José Manuel Soria, ministro de Mariano Rajoy y hombre fuerte del PP en Canarias, cuando ella dio el salto a la política en las listas de Podemos. Alba, que sustituyó a Rosell en su juzgado, citó en su despacho al empresario Miguel Ángel Ramírez, al que su predecesora había estado investigando. Pretendía que la jueza terminara siendo la investigada, como así fue. Lo que no sabía Alba es que el empresario había grabado esa conversación.

“Me dijo que quería cargarse a esa ‘hija de puta’. Quería acabar con su carrera judicial y con su carrera política”, relató. El magistrado fue expulsado de la carrera y condenado finalmente a seis años de cárcel, pero el proceso fue largo y difícil. “El mensaje mayoritario que recibía”, recuerda Rosell, “con algunas honrosas excepciones, era: ‘Déjalo pasar’. Fue una batalla de ocho años que me costó la salud, la vida familiar y 86.000 euros en total. Por eso me gustaría deshacer el mito de que yo personifico que el control a los jueces funciona. Si no llega a ser porque ese empresario decidió actuar contra un juez sin escrúpulos, nunca lo habrían condenado”.

En 2005, el juez Alba había presentado una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Violencia de Género del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). “Los juzgados de violencia son tribunales de excepción”, aseguró entonces en una entrevista en EL PAÍS. Rosell fue delegada del Gobierno contra la violencia de género. “He sido —explica la exmagistrada— poder Legislativo, Judicial y he visto de cerca el Ejecutivo, pero nunca he tenido tanto poder como los 20 años que fui jueza de instrucción. Y en una situación de exceso de poder, la ideología puede ponerse por encima de la ley. A todo poder le corresponde una gran responsabilidad, pero en el caso de los jueces no hay contrapesos suficientes”. Una de las soluciones, apunta, es la reforma planteada para que la instrucción pase a los fiscales, con un juez de garantías, y acabar así con “el inmenso poder del juez instructor, una anomalía en Europa”.

Esa es una de las propuestas de regeneración democrática planteadas por la organización +Democracia, además de “incorporar, de nuevo, la responsabilidad personal de jueces y fiscales”, que fue retirada en 2015. En Alemania, el fiscal inicia y dirige la investigación con apoyo del magistrado como juez de garantías y puede archivar una causa. En Italia, el juez de garantías decide la adopción de medidas cautelares, la intercepción telefónica o la práctica anticipada de medios de prueba a instancias del Ministerio Público. En Reino Unido, la investigación corresponde a la Policía y la intervención del crown prosecutor o fiscal de la Corona. En Portugal, la investigación preliminar se encomienda al fiscal y la instrucción, que solo se abre a instancias del imputado, al juez.

Rosell propone, además, formación legal “desde la ESO”: “No saber nada de Derecho”, afirma, “es no conocer las reglas de tu propia sociedad y, por tanto, que te puedan manipular”. Pero “el gran problema”, a su juicio, “es el corporativismo”, que a veces también ha servido para “perseguir a un magistrado”, como le ocurrió a Baltasar Garzón, que llegó a tener tres causas abiertas por prevaricación y fue finalmente condenado a 11 años de inhabilitación por intervenir las comunicaciones en la cárcel de los corruptos de la trama Gürtel con sus abogados.

“Partido (político) Judicial”

Garzón comparte las críticas al sistema de control. “En la élite judicial”, afirma, “especialmente en el Supremo, algunos representantes se han dado cuenta de que tienen en sus manos a quienes representan al Ejecutivo y al Legislativo, al estar aforados”. “Eso ha convertido al Poder Judicial en una suerte de Partido (político) Judicial que no respeta las reglas y mecanismos políticos, sino que los manipula usando el Código Penal”, sostiene.

“Los procesos son largos —añade— y se confunde la no intromisión en la función jurisdiccional con la mala praxis judicial que raya en la prevaricación, con la prospección y actuación coordinada con actores políticos y mediáticos. La tolerancia con los comportamientos de algún juez que instruye un caso que afecta a los aledaños del palacio de La Moncloa o aquel que ve mecanismos de inverosímiles espionajes en el procés ponen en evidencia que los controles disciplinarios se aplican o no en función del juez y del caso de que se trate. Eso lleva a que la desconfianza hacia la Justicia se extienda cada vez más”. Falta, a su juicio, “transparencia y control sobre las actividades colaterales de jueces y fiscales” y propone “modificar el sistema de participación en la justicia de partidos políticos y el de contrapesos y controles” y que intervenga, por ejemplo, un jurado en los juicios contra jueces. Sobre su propia condena, Garzón afirma: “Fui un aviso para navegantes. El juez que continuó el caso prorrogó la interceptación de las comunicaciones en prisión a los máximos responsables de Gürtel y nadie dijo lo más mínimo. El Comité de Derechos Humanos de la ONU estableció que mi condena fue ‘arbitraria e imprevisible’ y pidió a España que borre mis antecedentes penales proporcionándome ‘una compensación adecuada por el daño sufrido’. A día de hoy, sigo a la espera”.