Las mujeres se acercan a la cúpula judicial, pero todavía siguen siendo minoría

Las mujeres se acercan, poco a poco, a la cúpula judicial, pero todavía están lejos de alcanzar en estos puestos la representatividad que tienen en la carrera. Con todo, el número de magistradas en los órganos colegiados -Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales- se ha incrementado en casi diez puntos en la última década, al pasar del 32,7% a 1 de enero de 2014 al 42,3% a 1 de enero de 2024. En ese periodo, la presencia femenina en la Carrera Judicial ha aumentado un 7,1%, según el último informe sobre Estructura demográfica de la Carrera Judicial publicado este miércoles por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Hace años que las juezas son mayoría en la carrera, pero ese dato contrasta con la notable inferioridad en la que se encuentran en los órganos colegiados, a los que se llega por ascenso en el escalafón o, en el caso del Supremo, por nombramiento discrecional del Consejo. Hace diez años, la cifra de mujeres en estos órganos era de 492 (de un total de 1.503 miembros de la carrera judicial destinados en esos tribunales), de las que 284 estaban en audiencias provinciales, 176 en tribunales superiores de justicia, 23 en la Audiencia Nacional y nueve en el Tribunal Supremo.

Hoy siguen siendo minoría, aunque su presencia ha crecido. De los 1.597 jueces y magistrados en activo con destino en órganos colegiados, 676 son mujeres: 433 en audiencias provinciales, 203 en tribunales superiores de justicia, 28 en la Audiencia Nacional y 12 en el Tribunal Supremo (donde no se realizan nombramientos desde 2021 por la ley que impide al actual CGPJ designar cargos discrecionales, como lo son todos los magistrados del alto tribunal).

Las mujeres, el 57,2% de la carrera judicial

Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del CGPJ, el 1 de enero de 2024 había en España 5.416 jueces magistrados, de los que 3.101 son mujeres. Esta cifra representa el 57,2% del total, frente al 50,1% que suponían las 2.661 de 2014.

Ese porcentaje del 57,2 % es superado en once de las 17 Comunidades Autónomas: País Vasco (62,5%), Galicia (61,2%), Comunidad de Madrid (60,6%), Navarra (60%), Castilla-La Mancha (59,6%), La Rioja (59,5%), Cataluña (59,3%), Comunidad Valenciana (59,2%), Extremadura (59,1%), Baleares (58,3%) y Castilla y León (58%). En el resto de las comunidades, el porcentaje de juezas y magistradas es el siguiente: Canarias (57,1%), Asturias (56,8%), Andalucía (54,1%), Cantabria (52,6%), Aragón (52,4%) y Región de Murcia (49,7%).

El informe revela también que la edad media de los integrantes de la carrera judicial es de 52,3 años -50,4 años para las mujeres y 54,9 años para los hombres- y que su antigüedad media como jueces es de 21,2 años -19,5 años en el caso de las mujeres y 23,4 años en el de los hombres-.

La progresiva feminización de la Carrera se observa analizando los datos por franjas de edad: los hombres solo son mayoría entre los magistrados de entre 61 y 72 años, mientras que las mujeres suponen el 57,9 % entre las de 51 y 60 años, el 66,6 % entre las de 41 y 50 años; el 67,1 % entre las de 31 a 40 años y el 70% de quienes tienen 30 o menos años.

Las juezas y magistradas, que pese al incremento de su presencia en la última década siguen siendo minoría en los órganos colegiados, son mayoría en los órganos unipersonales, con la excepción de los Juzgados de lo Mercantil y de los juzgados de lo contencioso-administrativo, donde representan el 44,2% y el 49,8% de sus titulares, respectivamente.

Así, las mujeres representan el 60,6% de los titulares de los juzgados de lo Social, el 60,8% de los de Vigilancia Penitenciaria, el 62,9% de los de Primera Instancia, el 64,2% de los de Instrucción, el 67% de los de lo Penal, el 67,9 de los de Menores, el 68,6% de los de Primera Instancia e Instrucción y el 76,6 % de los de Violencia sobre la Mujer.

En los órganos colegiados, el porcentaje de mujeres es del 43,1% en la Audiencia Nacional, del 41,3% en los tribunales superiores de justicia y del 44% en las audiencias provinciales. En el Tribunal Supremo es del 21,1 %, aunque su situación está condicionada, como se ha indicado anteriormente, por los efectos de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021.