El Gobierno amplía el plan de refuerzos del Supremo ante el bloqueo del CGPJ

Los refuerzos del Tribunal Supremo para hacer frente a las 25 vacantes que sufre como consecuencia de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han centrado la reunión que han mantenido este lunes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la Sala de Gobierno del alto tribunal. Durante el encuentro, Bolaños ha anunciado a los magistrados del Supremo la renovación por un año, de junio de 2024 a junio de 2025, de los 35 letrados de refuerzo, que suplen las carencias de magistrados. Por su parte, la cúpula del tribunal (compuesta por los cinco presidentes de sala y otros cinco magistrados elegidos por sus compañeros), le han pedido al titular de Justicia que ese plan de refuerzo se mantenga una vez que se desbloquee el Consejo porque la incorporación de nuevos magistrados no hará desaparecer la acumulación de asuntos que se ha registrado en los últimos años.

La reunión del ministro con la Sala de Gobierno se enmarca en la ronda habitual que suelen mantener todos los titulares de Justicia cuando acceden al cargo. Pero en este caso, llega precedida por los ataques lanzados a distintos jueces desde la tribuna del Congreso y el Senado, que han llevado a Bolaños a salir reiteradamente en defensa de los jueces; y el encuentro se ha fijado, además, en plenas negociaciones entre el PSOE y el PP -con la mediación del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders- para renovar el CGPJ, cuyo mandato caducó hace cinco años. Las conversaciones están estancadas, pero el ministro se mostró confiado este lunes, a la salida del Supremo, en que den frutos. Esa renovación es vital para el Supremo, porque permitiría devolverle al CGPJ la competencia para designar cargos discrecionales, lo que permitiría al nuevo órgano de gobierno de los jueces cubrir las 25 vacantes que tiene ya el tribunal y que están afectando a su funcionamiento.

Fuentes del Gobierno señalaron, al término de la reunión, que el compromiso del Ejecutivo para mantener el plan de refuerzo hasta 2025 supone atender “la principal demanda planteada por los magistrados” del Supremo. También se renovarán por el mismo plazo los 37 letrados que actualmente se encuentran en comisión de servicio. “El Gobierno quiere mostrar así su compromiso con el buen funcionamiento de la Justicia en una situación excepcional que espera resolver próximamente en las negociaciones para renovar el CGPJ con la mediación de la Comisión Europea y que ha abocado al Servicio Público de Justicia a una situación límite”, señalan estas fuentes.

El ministro ha anunciado también a la Sala de Gobierno que el edificio del Ministerio situado en la calle Génova, que se está renovando y está previsto que las obras terminen en 2025-2026, va a ser destinado al Gabinete Técnico del Tribunal. “El respeto institucional, la cordialidad y la voluntad de colaboración han sido evidentes en esta reunión, en la que ha quedado patente el apoyo del Gobierno a nuestro Alto Tribunal. El ministro ha reiterado su pleno respaldo a la magistratura ante cualquier ataque con motivación política, tanto desde entornos independentistas como del Partido Popular o de Vox. En este sentido, Bolaños ha vuelto a manifestar su compromiso de defender el buen nombre de los jueces y magistrados españoles ante cualquier intento de injerencia”, afirman las fuentes del Gobierno.

Estos ataques a los jueces y, sobre todo, la reacción que han recibido por parte del Gobierno, ha sido valorada durante la cita entre Bolaños y la cúpula del Supremo, aseguran fuentes presentes en la reunión. Según estas fuentes, el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, ha agradecido al ministro todas las veces que ha salido en defensa de los jueces, pero le ha reprochado que también ha habido algunos “silencios”. Marchena se refería al día en el que la portavoz de Junts en el Congreso Miriam Nogueras llamó “indecentes” al presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, y varios magistrados del Supremo, entre ellos, Carlos Lesmes (expresidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial) y Pablo Llarena (instructor de la causa del procés), y aseguró que deberían ser “cesados y juzgados”. Bolaños, según varias fuentes consultadas, ha explicado a Marchena que ese día él estaba en el Senado, donde sí salió en defensa de los jueces frente a los reproches lanzados por el senador de Junts Josep Lluís Cleries, que les acusó de emprender una “batalla política” para “torpedear” la ley de amnistía. El ministro ha hecho ver a los magistrados de la Sala de Gobierno que su defensa de la judicatura se ha hecho tan habitual que, en ocasiones, ya no tiene repercusión en los medios de comunicación.

Según las fuentes consultadas, otros temas que supuestamente tensan actualmente las relaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, como la proposición de ley de amnistía o el debate sobre el lawfare, ni siquiera han sido citados a lo largo de la reunión, aseguran fuentes consultadas. El encuentro se ha centrado en temas operativos, sobre todo en los refuerzos del Supremo. El Gobierno ha concedido la ampliación en un año que pedía el alto tribunal, que tiene vacante el 31,25% de su plantilla (25 de 79 plazas). Según los datos facilitados este lunes por el Supremo, entre sus cinco salas sumaban a 1 de enero de 2023, 46.658 asuntos pendientes de resolver, lo que supone que los asuntos pendientes se han incrementado en más de 3.000 en el último año (había 43.620 el 1 de enero de 2023).