Un comité de la ONU insiste en la “reparación integral” a Garzón

El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó, en agosto de 2021, que la condena contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel, por la que fue inhabilitado y apartado de la judicatura, fue “arbitraria”; que su actividad “no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal resultando en la pérdida definitiva de su cargo” y que, por tanto, España debía borrar sus antecedentes penales, “compensar” al magistrado y tomar medidas para que nada parecido volviera a suceder. Dos años después, el Comité ha evaluado el grado de cumplimiento de sus recomendaciones y afirma, en su último informe, que las autoridades españolas no han tomado medidas para proporcionar a Garzón la “reparación integral” que, a su juicio, merece por el daño causado.

El informe recoge la respuesta del Estado español a sus recomendaciones. Así, explica que según las autoridades españolas, Garzón no presentó reclamación alguna para que fueran borrados sus antecedentes penales o para obtener alguna compensación por los perjuicios sufridos. En cuanto al requerimiento del Comité de Derechos Humanos para implementar medidas que impidan que esa situación pueda repetirse en el futuro —el Comité consideró que existían dudas “objetivamente justificadas” sobre la “imparcialidad” del tribunal que le sentenció—, el Estado español replicó que la legislación vigente sobre la interceptación de comunicaciones entre abogados y sus clientes es correcta y que Garzón tuvo un juicio con todas las garantías.

El despacho de la abogada del Garzón, Helen Duffy, denuncia que España “ha mostrado un flagrante desprecio por la autoridad del Comité de Derechos Humanos y las obligaciones internacionales vinculantes que tiene en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. En su dictamen de 2021, el órgano consideró que el Tribunal Supremo vulneró el artículo 14.1 de dicho pacto, ratificado por España en 1977, y no respetó el derecho de Garzón a un proceso “con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”. El exjuez de la Audiencia Nacional recurrió a este organismo de la ONU en enero de 2016 después de haber sido condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricación al ordenar las escuchas del caso Gürtel, la trama encabezada por Francisco Correa y que implicó a numerosos cargos públicos del PP. En el dictamen donde el Comité pidió una “reparación integral” para Garzón, recordaba que que otros jueces tomaron medidas similares y no fueron castigados por ello.