Un juez llama “psicópata sin límites éticos” a Pedro Sánchez

“Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en Moncloa”. “Era lógico que un mentiroso patológico como @sanchezcastejon eligiese al siervo mentiroso patológico @felixbolanosg al frente del ministerio de @justiciagob para que manipulase, omitiese las exigencias de @CoeGreco y continuase la senda de ataque al @PoderJudicialEs RESISTIREMOS”. Estos son algunos de los mensajes publicados este lunes en X (antes Twitter) por el juez Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado Mercantil número 11 de Madrid. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalan que, de momento, no se va a abrir un expediente al juez, pero que se estudiará si llega alguna queja o si algún vocal lo plantea en la comisión permanente. [El juez ha restringido desde anoche el acceso a sus mensajes solo a sus seguidores autorizados, tras la polémica generada, lo que impide la libre lectura de los tuits].

El juez Ruiz de Lara, que se presenta en su perfil de la red social como magistrado y es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y de tendencia conservadora, tiene acostumbrado a sus seguidores en X a críticas furibundas contra Pedro Sánchez, sus ministros, magistrados progresistas del Tribunal Constitucional o el fiscal general del Estado. En los últimos días, además de afirmar que el presidente del Gobierno tiene “rasgos claros de psicópata sin límites éticos” o llamar al presidente y al nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, “mentiroso patológico”, se ha mofado del ataque sufrido por un grupo de diputados socialistas junto al Congreso antes de la segunda jornada de la sesión de investidura y ha afirmado que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, es “la personificación del deshonor en la carrera”. “Al igual que Grande-Marlaska, Margarita Robles, Pilar Llop, la ‘disparatada podemita’ prefieren, deshonrando la toga, arrastrarse en la indignidad por las migajas de un cargo”. El pasado domingo, cargó también contra EL PAÍS por la entrevista publicada con el presidente de la Sala Social de la Audiencia Nacional, que había votado en contra del acuerdo de la Sala de Gobierno pidiendo “respeto a la división de poderes” tras el acuerdo entre el PSOE y Junts. “Lo País diario oficial del sanchismo. Pa lo que habéis quedado periodistas del @el_pais @elpais_espana en permanente genuflexión, ya no ante el PSOE, sino ante un narcisista patológico @sanchezcastejon”, escribió Ruiz de Lara.

El órgano de gobierno de los jueces no prevé, de momento, actuar de oficio en este caso. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera faltas graves (artículo 418.3) “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”, así como la “falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial” (artículo 418.5). “El CGPJ manifiesta su absoluto respeto por la pluralidad informativa, que constituye una de las señas de identidad del Estado de derecho, así como por la diversidad de opiniones en la Carrera Judicial, que pone de manifiesto en todas sus comunicaciones a la sociedad. Por otro lado, el CGPJ reafirma su compromiso con los Principios de Ética Judicial, que establecen que la imparcialidad de los miembros del Poder Judicial impone también el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia”, señala un portavoz del órgano de gobierno de los jueces a preguntas de este periódico.

Las fuentes consultadas explican que la autoridad disciplinaria del Consejo (el llamado promotor de la acción disciplinaria, que instruye los expedientes sancionadores) y la Comisión Disciplinaria (el órgano que resuelve los expedientes por infracciones graves y muy graves) no actúan de oficio, por lo que, para que se abriera un expediente por algunos de esos mensajes, tendría que presentar una queja la persona afectada. La comisión permanente sí tiene la opción de llevar un asunto directamente a la disciplinaria, y algún vocal consultado no descarta plantearlo, aunque, de momento, no se ha hecho.

A pesar de la existencia de estos preceptos en la ley que consideran sancionable la crítica (e incluso la felicitación) a los poderes del Estado y las autoridades, el CGPJ suele ser muy laxo en su interpretación y tiende a blindar la libertad de expresión de los jueces. Aunque, en una de las últimas intervenciones de la comisión disciplinaria relacionadas con manifestaciones vertidas en redes sociales, este órgano advirtió de que la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985, se ha quedado obsoleta para castigar estos casos y señaló “la conveniencia de que por parte del legislador se valore la necesidad de proceder a una revisión y actualización de los tipos disciplinarios contemplados” en esta norma.

Otros pronunciamientos

Esta declaración llegó a raíz de unas críticas vertidas en Facebook por el juez Manuel Piñar Díaz, el magistrado que condenó a cinco años de prisión a Juana Rivas, por dos delitos de secuestro de menores. Piñar había cargado repetidas veces contra la justicia y las políticas de igualdad. Habló de “comunismo feminazi” para referirse a un viaje de Irene Montero o escribió “ladrones, corruptos” sobre una foto de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo tampoco actuó de oficio en este caso, pero sí le abrió expediente a raíz de una denuncia del abogado de Rivas, a la que también había criticado. El CGPJ, sin embargo, archivó la queja con el siguiente argumento: “La publicación por parte de un miembro de la Carrera Judicial, en una red social, de determinadas opiniones —con independencia total de la que, a su vez, a cada cual nos merezcan—, cuando en tal medio no se hace invocación expresa de su condición profesional o cuando sea factible entender que su intervención se hace a título particular como mero ciudadano carece de tipicidad a fecha de hoy”. La dificultad para sancionar estos casos, aseguran fuentes del Consejo, es que solo se pueden sancionar las manifestaciones que hagan los jueces en su condición de juez, y, hasta ahora, el órgano ha entendido que lo que se diga en redes no cumple este requisito, aunque el magistrado se presente como tal.

Los jueces están también sujetos a unos principios éticos, recogidos en el Texto de Principios de Ética Judicial, en los que se insta a “velar por el mantenimiento de la apariencia de imparcialidad”. La comisión de ética judicial, un organismo independiente del CGPJ cuya función es orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial, dictó en 2019 una resolución sobre la participación de los jueces en las redes sociales que daba luz verde a los miembros de la carrera a expresar sus opiniones, “ya tengan naturaleza jurídica o no, así como reaccionar ante publicaciones ajenas en las formas habitualmente utilizadas por los usuarios de las redes sociales”. Pero también advertía: “En todo caso, la intervención de los jueces en las redes sociales tendrá que estar presidida por la prudencia, y deberá velar de forma muy especial por preservar la apariencia de imparcialidad”.

El documento ponía el acento en que las opiniones de los jueces en las redes sociales “puede afectar gravemente a la apariencia de independencia y de imparcialidad, además de ser reflejo de una conducta que ha de preservar la dignidad de la función jurisdiccional”. “Por eso surge el correlativo deber ético de ser extremadamente cuidadosos a la hora de expresar sus opiniones, efectuar valoraciones personales y reaccionar ante publicaciones ajenas, siempre que exista la razonable posibilidad de que puedan ser reconocidos como integrantes del Poder Judicial”, concluía el texto. Fuentes del CGPJ consultadas admiten que muchas de las afirmaciones vertidas por jueces en las redes sociales incumplen estos principios, pero señalan que el órgano de gobierno no puede actuar contra ellos porque no son preceptos cuyo incumplimiento se pueda sancionar.