Una plataforma de juristas distribuye entre los jueces una guía para frenar la aplicación de la amnistía

Europa frente a la ley de amnistía. Guía para el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Así se llama la guía que un colectivo de juristas, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, ha distribuido entre la carrera y en la que incita a los jueces que lleven casos relativos al procés a acudir a la justicia europea o al Tribunal Constitucional una vez que la ley esté en vigor, para frenar su aplicación. El documento, de 68 páginas, incluye formularios de planteamientos de cuestiones prejudiciales para facilitar la labor a los magistrados que opten por esta vía. La guía recuerda a los jueces que, si al aplicar la norma les surgen dudas sobre su legalidad, pueden acudir al tribunal europeo o al Constitucional, pero recomienda lo primero porque, según sus autores, “es más probable que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esté más dispuesto a valorar la intención real de la ley, más allá de los motivos declarados en la exposición de motivos, de lo que puede estar dispuesto a hacerlo el Tribunal Constitucional”.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial es una asociación formada por magistrados, fiscales, catedráticos, abogados y ciudadanos ajenos al ámbito jurídico, que asegura defender la despolitización de la justicia española. Su presidente es el exeurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo y que fue miembro de la comisión de expertos que diseñó el modelo autonómico español bajo la presidencia de Eduardo García de Enterría. Esta asociación sostiene que la proposición de ley de amnistía “viola tanto la Constitución Española como el Derecho de la Unión Europea” y el documento que ha distribuido entre los jueces pretende ayudarles a frenar la aplicación inmediata de la norma cuando esté aprobada.

El documento, que parte de la base de que el juez español puede estar “poco familiarizado” con el mecanismo de las cuestiones prejudiciales, cuestiona aspectos concretos de la proposición de ley, como que establezca que las medidas cautelares y las órdenes de detención se levantarán de forma inmediata cuando la norma entre en vigor aunque se presenten recursos o cuestiones de inconstitucionalidad. “La pretensión del legislador español de decir al juez si puede emitir o debe levantar una euroorden presenta notable visos de contrariar al derecho de la Unión, ya que ni tiene competencia el legislador español para regular esta figura ni la decisión sobre levantar o mantener una euroorden, en el esquema europeo, puede depender de autoridad distinta que la del propio juez”, recoge la guía. El documento cita extractos del último informe de los letrados del Congreso, que duda de la constitucionalidad de la ley y cuestiona el levantamiento automático de las medidas cautelares.

Los autores de la guía recomiendan incluir una pregunta sobre este extremo en la cuestión prejudicial porque, de esta forma, “quedaría definitiva e inevitablemente en suspensión su aplicación”. Admiten que, en el caso de las cuestiones de inconstitucionalidad, la proposición de ley es más clara, señalando que no detendrán el levantamiento de las medidas cautelares, pero sugiere a los jueces que acudan también al Constitucional para preguntar sobre este aspecto. Así, señalan, “tampoco se aplicaría el caso hasta que se resolviera la cuestión, de modo que la medida cautelar seguiría igualmente en vigor”.