El Constitucional aprueba la abstención del exministro Campo en la amnistia con el rechazo conservador

El Tribunal Constitucional ha iniciado un intenso debate sobre su composición para decidir sobre la ley de amnistía. El pulso se desarrolla en torno a un asunto previo, las abstenciones y recusaciones de magistrados, cuya tramitación puede alterar los equilibrios internos del tribunal, que ahora mismo cuenta con una mayoría progresista. En este contexto, los cinco miembros de este segundo grupo han votado este martes en contra de extender la abstención del exministro de Justicia y hoy magistrado Juan Carlos Campo a todos los recursos relacionados con la amnistía. La resolución se ha aprobado, pero por la mínima: seis votos a favor y cinco en contra.

Una decisión muy similar —apartar a Campo de la discusión sobre la impugnación presentada por el Tribunal Supremo contra la amnistía— había sido tomada por el Constitucional hace solo dos semanas por unanimidad, es decir, con el apoyo de los cinco magistrados conservadores; y sin embargo este martes el tribunal, que debatía si extender esa abstención a las otras 19 impugnaciones existentes, se ha partido en dos. Estos cinco magistrados han aducido una cuestión de procedimiento: han reclamado que en la votación no estuvieran presentes otros tres magistrados cuyas recusaciones se debatirán más adelante. El bloque progresista se ha negado a ello.

En el cambio de criterio subyace, no obstante, otro motivo, según interpretan fuentes del tribunal: los conservadores consideran que las recientes recusaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra el magistrado de este sector José María Macías, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han cambiado la situación. Los argumentos que se emplearon inicialmente para apartar al exministro Juan Carlos Campo —esto es, que en su anterior cargo público se manifestó abiertamente contrario a la amnistía y por tanto no es imparcial— podrían ser empleados ahora contra Macías, que siendo vocal del CGPJ firmó un informe muy crítico con el perdón penal de los delitos del procés independentista. El sector conservador estima que se han cambiado las reglas del juego a mitad de partido, porque ellos favorecieron hace dos semanas la unanimidad del tribunal para aprobar la abstención de Campo sin que estuviera planteada la recusación de Macías.

El sector progresista replica que la oposición del grupo minoritario al auto de este martes responde exclusivamente al intento de salvar la presencia de Macías en la composición del tribunal que decidirá sobre el recurso del PP contra la ley de amnistía, para el que este mismo magistrado ha sido designado como ponente, es decir, encargado del proyecto de sentencia.

Después de la decisión sobre la abstención de Campo, el Constitucional tendrá que debatir en octubre las recusaciones presentadas contra otros tres magistrados del tribunal: el presidente, Cándido Conde-Pumpido, y la magistrada Laura Díez (ambos del sector progresista) y el magistrado José María Macías (del conservador). A los dos primeros los ha recusado el PP; al tercero, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el expresidente catalán Carles Puigdemont.

El sector conservador defenderá en esos debates sobre las recusaciones que ningún recusado pueda participar en las deliberaciones, ni en las relativas a su recusación ni en las del resto. Junto a Campo, por tanto, y según esa tesis, tendrían que dejar de participar en esos plenos el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y Laura Díez, ambos del sector progresista, así como José María Macías, del bloque conservador. Con ello, para resolver sobre las recusaciones el Constitucional quedaría compuesto por ocho magistrados, cuatro de cada sector, pero con el voto de calidad en manos de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, del grupo progresista, que presidiría la sesión y tendría en su mano el desempate.

Este escenario supondría que un tribunal muy reducido resolvería sobre las recusaciones, facilitando el cuestionamiento posterior de sus decisiones, máxime si la decisión que se adoptara supusiera la continuidad de Conde-Pumpido y Díez y la baja de Macías. En cambio, si del debate sobre cada abstención se tiene que ausentar sólo el afectado en cada caso, el bloque progresista mantendría sus seis miembros y el conservador a cuatro de sus integrantes, lo que permitiría votaciones más holgadas. Esa es, según interpretan fuentes del tribunal, la razón de fondo del episodio vivido este martes en el Constitucional, como prólogo a las deliberaciones de los recursos contra la ley de amnistía y con la batalla sobre las recusaciones aún por resolver.