Illa construye su Govern sobre tres ‘superconsellers’

El Diario Oficial de la Generalitat habilitó ayer al Govern de Salvador Illa con la designación de quienes serán sus 16 consellers y cada una de las funciones centrales que tendrán sus departamentos. Además de algunos cambios de nombre que dan idea del viraje político que pretende imprimir el PSC, el documento deja entrever la mayor parcela de poder que tendrán dos miembros del Govern, Albert Dalmau (Presidència) y Sílvia Paneque (Territorio, Vivienda y Transición Ecológica), que se suman al papel capital de Alícia Romero, titular de Economía y Finanzas y principal responsable de la negociación del nuevo modelo de financiación singular para Cataluña. Ese triunvirato será esencial en lo que el president denominó ayer, en la toma de posesión del Ejecutivo, la tercera mayor transformación de Cataluña en un “espacio compartido de una España plurinacional y una Europa de horizonte federal”.

Dalmau, a quien Illa conoció en su etapa en el Ayuntamiento de Barcelona, estará al frente de una consejería de corte político que gana protagonismo al llevar bajo su paraguas la transformación de los servicios públicos y mayor capacidad económica. Illa le ha ofrecido la gestión de los gastos de personal de la Generalitat, un ámbito que hasta ahora había permanecido bajo el tejado del Departamento de Economía.

Se desconocen los planes del Govern con ese cambio, que llega después de que los últimos gobiernos de ERC hayan incrementado la plantilla de la Generalitat para aumentar los cuerpos destinados, sobre todo, a Educación y Sanidad. Hoy el Capítulo 1 de los Presupuestos (el dedicado a nóminas) representa en torno a un 30% del total del gasto de la Administración autonómica. En el programa electoral con el que los socialistas catalanes acudieron a las elecciones del 12-M se incluía la intención de poner en marcha “una auditoría de los servicios públicos para conocer ineficiencias” y proponer un “plan de racionalización del gasto en la Administración”.

Sílvia Paneque, por su parte, se pone al frente del Departamento con mayores competencias de la nueva estructura de la Generalitat. Si mantiene la sede, en la avenida de Josep Tarradellas, se decidirá allí el futuro del traspaso de Rodalies —con el concurso también del Gobierno central— y la ampliación del aeropuerto de El Prat. Pero la consellera controlará las riendas de un gabinete que, más allá de la gran obra pública autonómica y la construcción de 50.000 nuevos pisos pactados con ERC y comunes, deberá encargarse también de otras patatas calientes de la coyuntura política catalana más reciente. Una es la política del agua y la construcción de infraestructuras hídricas para afrontar nuevos capítulos de sequía. Otra es la política para impulsar de forma definitiva la implantación de parques de energías renovables en Cataluña, que cuenta más de una década de proyectos paralizados y ahora debería empezar a acelerarse tras los trabajos efectuados en los dos últimos años. De los técnicos de ese mismo departamento, si es que el informe no está ya acabado, tiene que salir también el informe ambiental que permita saber si el proyecto del macrocasino Hard Rock puede ser levantado en Vila-seca y Salou (Tarragona).

Ese informe no será tan sustancial como se preveía para el futuro del recinto dedicado, entre otras cuestiones, al juego, y que acabó convertido por la inflexibilidad de los comunes, en el fin del mandato del Govern de Pere Aragonès. En ese tema tendrá mucho que decir la otra gran consellera del Govern, Alícia Romero, hasta ahora mano derecha y portavoz de Illa en el Parlament. La nueva titular de Economía y Finanzas (el departamento ha mudado el nombre y ha dejado atrás Hacienda para asumir Finanzas) deberá modificar la tributación del juego y elevarla del 10% al 55% (tal y como le obligan comunes y ERC) para intentar hacer inviable la inversión de centenares de millones de euros que proyectaba Hard Rock.

Modelo de financiación

Pero el auténtico poder de Romero se visualizará con las negociaciones que deberá llevar a cabo a partir de ahora con el Ministerio de Hacienda. La nueva consellera puede ser una de las protagonistas del mayor salto en autonomía de Cataluña desde la aprobación del último Estatut, responsable como será de la negociación del nuevo modelo de financiación al que se ha comprometido el PSC —y el PSOE— con ERC: una suerte de concierto vasco con recursos destinados a la solidaridad con otras comunidades necesitadas. La negociación será bilateral con el Gobierno central y la Generalitat debería acabar recaudando todos los impuestos, excepto los locales, que se pagan en Cataluña. Ese modelo se debería poder estrenar en 2026 con la recaudación del impuesto de la renta (el que más recursos aporta a la Tesorería pública) desde la Agencia Tributaria de Cataluña. Además, entre sus carpetas también está la condonación de 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómico.

En el nuevo organigrama hay dos nuevas consejerías: Deportes y Política Lingüística. Y entre las existentes se han producido algunas modificaciones en los nombres, ya sea por la introducción de nuevas competencias o por la carga política de las que le quiere dotar Salvador Illa. El Departamento de Interior pasa a denominarse de “Interior y Seguridad”. El de Igualdad y Feminismos será a partir de ahora “Igualdad y Feminismo”, en singular. El Departamento de Justicia, Derechos y Memoria pasa a ser el de Justicia y Calidad Democrática”. Derechos Sociales añade la referencia de “Inclusión” a su denominación. Y el Departamento de Educación pasa a llamarse “Educación y Formación Profesional”. El PSC también ha querido recoger el guante de las demandas del sector primario, que pedía un departamento específico. De aquí que el hasta ahora Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural pase a denominarse “Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación”.

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