Los socialistas dan cerrojazo al ciclo independentista en Cataluña pese a las trabas de Puigdemont

El cambio de ciclo político que Cataluña comenzó a vislumbrar hace más de seis años con el abandono de la vía independentista unilateral por parte del grueso del movimiento secesionista registró este jueves su jornada definitiva. Por primera vez desde que Artur Mas se abrazara el procés, allá por septiembre de 2012, un político alejado del soberanismo alcanzó la presidencia de la Generalitat. El socialista Salvador Illa, tras una jornada de nervios en el Parlament y de tensión en las calles, consiguió a las 19.30 sumar formalmente los 68 votos -la mayoría absoluta justa- que le abren las puertas de la primera institución de Cataluña tras haber ganado el PSC por primera vez en votos y escaños las elecciones del 12 de mayo. La conquista de Illa también lo es para Pedro Sánchez, que ve culminada así su arriesgada operación de pactos con el independentismo para distender el grave conflicto que ha presidido la política catalana en la última década. Aunque en la jornada decisiva tuviese que digerir el trago de otra rocambolesca acrobacia de Carles Puigdemont, que alimentó de nuevo el discurso más encendido del PP contra las alianzas de Sánchez.

Nadie lo explicitó tan claramente como la portavoz de la CUP, Laia Estrada, quien sentenció en su discurso: “Este es el fin definitivo del procés institucional”. Pero en todo cambio de ciclo conviven elementos nuevos con los antiguos y la jornada de este jueves no fue la excepción. El contrapunto a lo que pasaba en el Parlament lo puso Puigdemont, que en una fugaz aparición en el centro de Barcelona, tras casi siete años huido de la justicia, buscó el protagonismo que las urnas le negaron en mayo y logró poner patas arriba las instituciones catalanas al esquivar su detención por parte de los Mossos d’Esquadra en una persecución de tintes vodevilescos. Antes, el expresident dirigió un discurso ante unos 3.500 seguidores concentrados en las inmediaciones del Parlament en el que arremetió contra los jueces del Tribunal Supremo por negarse a aplicarle la amnistía. Con su huida, en medio de la muchedumbre y de la plana mayor de Junts, dejó a medias el cumplimiento de su promesa de asistir a la sesión de investidura. Ni siquiera delegó su voto ―como sí hizo el exconseller Lluís Puig, también huido desde 2017― lo que propició que la candidatura del socialista se impusiese por dos sufragios de diferencia.

La lógica alegría de los socialistas catalanes no oculta que afianzar el cambio será complicado. Por la composición monocolor del Gobierno, que solo tiene asegurados los 42 diputados del PSC de un total de 135. Por las divergencias que los socios de investidura siguen teniendo y que no se esfuerzan en disimular. Y por la feroz oposición que tendrán por parte de Junts, que, al verse definitivamente apartada del poder autonómico, volvió a acusar al líder del PSC de pretender “desnacionalizar” Cataluña o, lo que es lo mismo, de no defender los intereses de los catalanes por el simple hecho de no ser nacionalistas. Los problemas también llegarán de fuera. El nuevo president no lo tendrá fácil para defender y hacer avanzar ante el Gobierno central los puntos más emblemáticos del acuerdo de investidura con ERC, basado en una financiación autonómica singular para Cataluña, muy contestada dentro del PSOE y también de sus socios gubernamentales de Sumar.

Por todo ello, el discurso de Illa estuvo alejado de triunfalismos y de las promesas de máximos que tanto han abundado en la tribuna del Parlament la última década. El nuevo president se comprometió a “unir”, a trabajar para la aplicación “sin subterfugios” de la ley de amnistía y a defender una Cataluña fuerte en una España “plurinacional”. El referéndum de independencia que ha monopolizado la política catalana de las últimas cuatro legislaturas ni apareció en su discurso. Citando ya de entrada a Josep Tarradellas, icono del catalanismo pragmático, se centró en decir que Cataluña ya no puede “perder el tiempo”.

Pese a llegar al poder de la mano de las izquierdas, Illa no oculta tampoco que buscará apoyos más allá. “Cataluña necesita abrir una etapa de consensos puertas adentro y puertas afuera” y “afrontar sin prejuicios los conflictos políticos mal resueltos”, dijo. El lugar para abordarlos será la Convención Nacional que forma parte del acuerdo de investidura de PSC y ERC. Además, en políticas sociales y económicas el PSC de Illa, el más centrista de las últimas décadas, buscará apoyos en Junts e incluso en el PP. Su aspiración es, pues, consolidar la ruptura de bloques que han monopolizado la política catalana los últimos años. Solo quedarán fuera del radar los extremos que hoy representan los 11 diputados de Vox y los dos de los ultras de Aliança Catalana. Ellos, junto a la CUP, fueron los únicos a los que el socialista no se acercó a saludar tras conocerse el resultado de la votación.

La colaboración con Junts será capital no solo para ampliar los apoyos de Illa en Cataluña, sino también para ayudar al partido de Puigdemont a volver a una institucionalidad que hoy han perdido entre mensajes hiperventilados. Y también para que los herederos de la vieja Convergència puedan ver alicientes a continuar ofreciendo apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. Nada de esto pareció cercano a la vista de la durísima intervención que el portavoz de Junts, Albert Batet, hizo en el Parlament, acusando a Illa no solo de querer “desnacionalizar” Cataluña sino también a sus socios de investidura de ERC de pretender detener a Puigdemont como si la orden de detención que pesa sobre el expresident huido no la hubiera dictado un juez. Que finalmente Puigdemont haya vuelto a esquivar la cárcel tiene como efecto colateral suavizar la presión sobre Esquerra del independentismo más duro.

En el ámbito nacional, el PP no tardó en lanzarse contra el Gobierno por la nueva escapada del líder de Junts, pese a que el dispositivo policial que debería detenerlo dependía enteramente de los Mossos y, por tanto, de la Generalitat. Alberto Núñez Feijóo no tardó en pronunciarse en Twitter para denunciar la “humillación insoportable” al Estado, de la que hizo a Sánchez “máximo responsable”. Luego salió su secretaria general, Cuca Gamarra, a leer una durísima declaración sin preguntas en la que sostuvo que la vuelta de Puigdemont se produjo gracias a que “Sánchez se ha autoproclamado Estado y ley”, deploró el “espectáculo bochornoso” y arremetió contra el CNI por “no cumplir su función”. Gamarra instó a los jueces a “no dejarse presionar por el Gobierno”. Los populares también tuvieron que soportar en su día críticas por no lograr impedir el referéndum ilegal de 2017. Se lo recordó el portavoz de Junts: “No han podido detener a Puigdemont como tampoco pudieron encontrar las urnas el 1-O”.

El Gobierno y el PSOE mantuvieron un estricto silencio. En el Ejecutivo se sembró cierta preocupación por lo que el episodio afecta a la imagen internacional de la seguridad en España. En lo político, prima la satisfacción. Y que el expresident no ingrese en la cárcel también alivia en este caso la presión política de un socio clave para la supervivencia del Ejecutivo.

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