ERC se juega su futuro político y la legislatura en la consulta sobre la investidura de Illa

Unos 8.500 militantes de Esquerra Republicana están llamados este viernes a tomar una de las decisiones más trascendentes en los 98 años de historia del partido. Las bases de la formación independentista tienen en sus manos avalar el acuerdo que permitiría investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, a cambio de una larga lista de contrapartidas que incluyen alcanzar un modelo de autonomía fiscal similar al concierto vasco, que le permitiría recaudar y gestionar impuestos estatales. Se trata de una reforma que depende de inciertas mayorías en el Congreso y que ya ha chocado con el rechazo de barones territoriales tanto del PSOE como del PP y de Junts per Catalunya. La elección de Illa no solo implica el regreso del PSC a la presidencia del Govern tras 14 años en la oposición; significa enterrar de manera definitiva la división en bloques que marcó la política durante el procés. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende un paso atrevido hacia una España federal, la líder de ERC, Marta Rovira, ve un escalón más para la independencia. La moneda está en el aire.

“Nos jugamos el futuro de ERC, es una encrucijada entre darle la estocada final a que la lucha por la independencia sea la prioridad y concretar el viraje de la actual dirección a ubicarnos en el eje derecha-izquierda”, asegura Xavier Martínez —en contra de apoyar el pacto—, militante de base y portavoz de la plataforma crítica 1 de Octubre. Ivan Faccia, militante de Cunit (Tarragona), es defensor del acuerdo: “Esto no va de la confianza en que los socialistas cumplan, sino de nuestra autoconfianza en que tenemos la fuerza para condicionar y arrastrar [a los socialistas] a que cumplan con un pacto que es bueno para el país, más allá de las simpatías políticas”, apunta.

La consulta comienza a las diez de la mañana, terminará a las siete de la tarde y corona una semana de infarto. Hace tan solo ocho días, las negociaciones entre ambas partes pendían de un hilo por el desacuerdo sobre las “garantías de cumplimiento”. El pasado lunes, la Ejecutiva de ERC, tras una maratónica jornada de casi 12 horas, dio su bendición a las 25 páginas de acuerdo y se lanzó a explicar su contenido a unas bases muy exaltadas. A su tradicional alergia a pactar con los socialistas, la dirección republicana se enfrenta ahora a contrarrestar la desconfianza hacia sí misma, generada tras la gestión que ha hecho la cúpula en la pugna interna por el liderazgo y del escándalo por ataques a los hermanos Maragall.

Fuentes de la dirección aceptan que, a diferencia de las últimas votaciones, creen que la opción más realista es que se imponga el sí por la mínima, con el voto en contra y el blanco dividiendo la oposición al acuerdo. Martínez asegura que en las asambleas territoriales de los últimos días se ha podido ver cómo, mientras que hay zonas donde todo está más polarizado (Barcelona y sus alrededores), en Lleida o Tarragona se impone el no al pacto. La propia Rovira se ha pasado los últimos días tratando de separar esta votación clave del ruido ambiental de lo que sucede en la formación y derivar eso al Congreso Nacional del 30 de noviembre. La actual líder de la formación ha seguido este jueves defendiendo el acuerdo alcanzado con el PSC y ha desvelado que su partido y el PSOE tienen listo un “plan b” para garantizar que el pacto para dotar a Cataluña de un modelo de financiación diferente al del resto de comunidades y sacarla, por tanto, del régimen común, se llevará a cabo aún en el caso de que el Congreso no apruebe la modificación de la ley correspondiente, la LOFCA. “Lo que tenemos acordado con el PSOE son las modificaciones legales, pero no somos ingenuos, porque es una ley orgánica y requiere unas mayorías que nos tocará trabajar. Y, si no, hay alternativas legales, porque nos preocupa el cumplimiento del acuerdo”, ha afirmado Rovira en una entrevista en Catalunya Ràdio.

El acuerdo anunciado el lunes muestra un compromiso de conseguir a largo plazo el desarrollo de un sistema fiscal en el que la Generalitat controle la gestión, la recaudación y la inspección de todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Pero más a corto y medio plazo se fija sobre todo dos objetivos. Estrenarse en ese camino con el control del impuesto de la renta a partir de 2026 y asegurarse lo antes posible lo que los técnicos denominan el principio de ordinalidad, o lo que es lo mismo, que ninguna autonomía pueda superar a otra en recursos per capita una vez se aplican los mecanismos de solidaridad. La Generalitat no ha cuantificado la mejora que supondrá ese cambio de escenario, pero los últimos datos ofrecidos por su consejería de Economía sobre el actual modelo de financiación permiten calcular que se podrían ingresar hasta 6.000 millones de euros adicionales, según las fuentes consultadas.

La cifra surge de comparar los ingresos per capita de Extremadura, que en la liquidación de 2022 se convirtió en la tercera comunidad en recursos después de la nivelación (4.108 euros per capita), con Cataluña, que fue la tercera mayor aportadora al sistema y que tras el sistema de nivelación acabó con 3.264 euros por habitante. Así las cosas, debería ganar como mínimo 844 euros por cada uno de sus 7,89 millones de habitantes (datos de 2022). Esa cifra podría suponer una mejora de 6.600 millones de euros con los datos actuales. Madrid y Baleares obtendrían mejoras incluso superiores si se respetara ese principio de ordinalidad, pero la mejora supondría recortar más de una cuarta parte del déficit fiscal que los independentistas denuncian que Cataluña sufre cada año, y que cifran en 22.000 millones de euros.

La pregunta que se someterá a la consulta híbrida de las bases ―”¿estás de acuerdo con que ERC vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución del conflicto político y el resto de medidas acordadas?”― es bastante reveladora de la situación interna de la formación ya que han decidido omitir de forma deliberada el nombre de Salvador Illa y del PSC. ERC aspira, en una Cataluña independiente, reemplazar a los socialistas como formación de referencia de la izquierda. Su hoja de ruta política ha tenido en los últimos años como uno de sus principales objetivos ganarle la batalla en el llamado cinturón rojo de Barcelona. Durante los años duros del procés, los republicanos lograron efectivamente rascar poder en esa zona, llegando incluso a ganar las elecciones municipales en la ciudad de Barcelona. Los socialistas, de hecho, estuvieron en el centro de la operación que llevó a Ada Colau a la alcaldía, gracias al apoyo del exprimer ministro francés Manuel Valls. En los pasados comicios municipales, sin embargo, ERC experimentó una hemorragia tal de votos ―perdió uno de cada tres apoyos― y comenzó un ciclo de claro repliegue. Una de las ideas compartidas en las bases republicanas es que ello responde a que el votante penaliza sus acuerdos con los socialistas.

El pacto que ahora se pone sobre la mesa y que implica pactar con un Illa que se ve muy cercano a las tesis menos catalanistas del PSC genera muchos reparos. Eso explica por qué la dirección de los republicanos ha optado por no mencionar ni a Illa ni al PSC en la pregunta que tendrán que responder las bases. En 2019, cuando se consultó sobre la investidura del jefe del Gobierno socialista, el nombre de Pedro Sánchez se dejó blanco sobre negro. Participó entonces el 70% de la militancia y un 94,6% aceptó la propuesta que formulaba la dirección que entonces sí compartían Oriol Junqueras y Marta Rovira.

El expresidente del partido, que quiere intentar volver a hacerse con el timón en el Congreso de noviembre, ha optado por una equidistancia respecto al acuerdo. Mientras que en el PSC se mantiene el hermetismo ante todo el proceso, el presidente Pedro Sánchez quiso el pasado miércoles vestir todo el acuerdo de investidura, clave en un momento político complicado para él y necesitado de un acto de reivindicación como sería la presidencia de Illa, de “paso en la federalización de nuestro Estado autonómico”.

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