El Govern amplía la protección del Llobregat tres años después de la petición de la UE

La Comisión Europea notificó en febrero de 2021, a través de una carta de emplazamiento, a la Generalitat que debía aumentar la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) en el delta del Llobregat si no quería ser multada. Tres años después, el Govern en funciones de Pere Aragonès ha aprobado la ampliación. “Ha llegado más tarde de lo que queríamos, pero los procedimientos técnicos y jurídicos no son inmediatos”, ha explicado Patrícia Plaja, portavoz del Govern, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, donde también ha informado de nuevas flexibilizaciones antisequía para los municipios que se abastecen de las cabeceras de los ríos Ter y Llobregat. Bruselas tendrá que decidir ahora si sanciona o no a Cataluña por la demora del proyecto.

El Govern ha asegurado que en este acuerdo, que aumenta en 1.427 hectáreas la ZEPA, han participado sindicatos agrarios como Unió de Pagesos o Jarc, plataformas como Ecologistes de Catalunya y la Xarxa per la Conservaciò de la Natura (XCN). “El delta también debe ser para los agricultores. Hemos dialogado en todo este tiempo con todos los agentes involucrados para compatibilizar el impacto socioeconómico con la conservación de la biodiversidad”, ha detallado la portavoz. Aunque el Institut Agrícola, la patronal catalana del sector, ha solicitado “la suspensión urgente” de la ampliación porque “no se han tenido en cuenta los informes independientes donde se muestra que es contraproducente” y porque “un Govern en funciones no está capacitado para acometer transformaciones profundas”. El área protegida total será de 2.407,12 hectáreas y atravesará los municipios del Prat de Llobregat, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Gavà, Santa Coloma de Cervelló, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels y Barcelona.

El ensanche del área protegida del Llobregat choca con la parálisis de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Según Aena, la empresa participada en un 51% por el Estado y gestora de la terminal catalana, el aeropuerto necesita una ampliación integral para operar con normalidad a partir de 2026, cuando la compañía prevé que se superen los 55 millones de pasajeros con los que El Prat puede operar con normalidad. Para evitarlo, Aena solicitó el alargamiento de una de las pistas, la más cercana al mar y que implica invadir la franja natural del delta del Llobregat, porque hacia el sur hay una urbanización con exclusivos chalés (Gavà Mar) que imposibilita la viabilidad de las obras. Ayuntamientos, asociaciones de vecinos y plataformas ecologistas se movilizaron entonces contra el proyecto. “Son vasos comunicantes. Es verdad que tiene unos condicionantes sobre la ampliación del Prat, pero es un acuerdo coherente con el objetivo de proteger el delta”, ha señalado Plaja.

La nueva protección del Llobregat, justificó en 2022 el Govern, también se estaba demorando más de la cuenta por el cambio de organigrama que supuso la fusión de las competencias ambientales y agrícolas en mayo de ese año bajo la consejería de Acción Climática. Desde que la UE inició el procedimiento sancionador, tres directores generales (Ferran Miralles (Junts), Antoni Ferran (ERC) y, el actual Marc Vilahur (ERC), han trabajado para desencallar la ampliación de las zonas ZEPA. El mayor obstáculo, admiten fuentes del Govern, estaba en tratar de convencer a determinados agricultores, contrarios a que sus terrenos fueran considerados zona de protección avícola.

La entidad naturalista Depana ha sido la encargada a lo largo de estos años de elevar informes a la Comisión Europea para demostrar la grave afectación de las especies en la zona por la sobreurbanización en la zona, donde convergen el aeropuerto, el puerto de Barcelona y zonas urbanizadas. Fuentes de Acción Climática explican a este periódico que el acuerdo actual “da respuesta” a la notificación de la Comisión Europea de 2021, que “debe decidir si es suficiente o no” para no ser sancionados. Además, el Gobierno de Pedro Sánchez también podría tumbar las ZEPA a través del Consejo de Ministros. “Tienen mecanismos para hacerlo, pero nos sorprendería que tomaran una decisión unilateral sin tener en cuenta a los agentes catalanes que han intervenido”, ha afirmado Plaja.

Entre los agricultores había ciertas reticencias a la declaración de las ZEPA porque implicaban la limitación del uso de insecticidas y otras actividades económicas relevantes que perjudicaban la vida avícola silvestre. Según el Govern, la ampliación del área protegida preservará la vida de más del 98% de las especies presentes en el delta del Llobregat y garantizará las áreas de reproducción y alimentación.

Nuevas flexibilizaciones de sequía

Patrícia Plaja también ha informado de que la Comisión Interdepartamental de la Sequía, que ha tenido lugar este martes, ha decidido relajar las restricciones de los municipios que se abastecen de las cabeceras de los ríos Ter y Llobregat. “En pleno verano, estamos en una situación que no se parece en nada a las pésimas condiciones en las que estábamos hace unos meses en Cataluña”, ha explicado la portavoz. Las lluvias de los últimos cuatros meses han mejorado notablemente la capacidad de los embalses del sistema de las cuencas internas, que se encuentran por encima del 35%, y el consumo doméstico, agrario e industrial está garantizado hasta 2025. Las localidades que dependen de la cabecera del Llobregat pasan del nivel de Alerta a Prealerta y, los del Ter, de Excepcionalidad a Alerta.

Cataluña tiene ahora 13 municipios en situación de Normalidad, que dependen del embalse de Banyòles y el acuífero de Tarragona; 75 en Prealerta, que se abastecen de la cabecera del Llobregat; 327 en Alerta, que se nutren del sistema Ter-Llobregat; 198 en Excepcionalidad, que utilizan los acuíferos de Fluvia-Muga y Carme Capellades; y 17 en Emergencia I, que beben de los embalses Darnius Boadella y Riudecanyes, sin tener en cuenta a las localidades de Vallirana, Vacarisses i Sant Feliu de Codines, que utilizan otros recursos.

A pesar de las buenas noticias, Plaja ha hecho hincapié en que la comunidad continúa en situación de sequía. “Hay que seguir haciendo un esfuerzo y un consumo responsable. La llegada del verano y las altas temperaturas reducirán las reservas”, ha comentado la portavoz, quien ha asegurado que la disponibilidad de agua está asegurada y, solo si se cumplieran “las peores previsiones”, se reactivarían a finales de febrero de 2025 nuevas restricciones.

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