La conexión Puigdemont-Pujol
El candidato de Junts explicita el apoyo que recibe del expresidente, sujeto a un proceso penal. ¿Cuándo se celebrará? Una vez más, la Administración de Justicia expresa su pacto implícito con los poderosos
Durante la campaña electoral ha aflorado la relación del candidato de Junts, Carles Puigdemont, y Jordi Pujol Soley. Relación ya antigua, como lo acredita, entre otros, su encuentro en Sant Miquel de Cuixà el 21 de agosto del pasado año. Pero dicha relación ha adquirido una mayor publicidad cuando el candidato de Junts ha explicitado el apoyo que recibe del expresidente. Hasta el punto de proclamar que, si llegara a la Presidencia de la Generalitat, aplicaría la “fórmula Pujol”, referida a sus pretendidos objetivos políticos. Puigdemont se ha declarado “emocionado” por el gesto de Pujol.
Puigdemont obvia que el expresident lleva ya doce años sujeto a un proceso penal, ya ahora solo pendiente de la celebración del juicio oral. ¿Cuándo será convocado? ¿Cuándo se celebrará? Una vez más, la Administración de Justicia expresa su pacto implícito con los poderosos, ya económicos, ya políticos. Las razones son obvias. El proceso contra Jordi Pujol se inició en diciembre de 2012. El 21 de mayo de 2021 (va a hacer tres años) la Fiscalía Anticorrupción formuló la acusación contra Jordi Pujol y 15 acusados más. ¿Qué espera la Audiencia Nacional?
En este inacabable proceso es formalmente acusado de dos graves delitos. La acusación pública afirma lo siguiente: “Jordi Pujol Soley [...] aprovechando dichas condiciones […] entre otras, la Presidencia de la Generalitat […] tejió una red de clientelismo, hasta el punto de constituir un entramado que implicaba que, por una parte, el propio Pujol Soley y, por otro, determinados empresarios afines a CDC, se repartían los sobresalientes beneficios de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control de CDC”. “Así, se consiguió por el mencionado acusado un patrimonio, ajeno a sus ingresos legales, que hubo de ocultar a la Hacienda Pública Española y, en particular, a la sociedad catalana”.
A ello, se añade, bajo el título “Connivencia y reparto de papeles”, que “con la finalidad tanto de ocultar el auténtico origen del dinero depositado en las cuentas bancarias de Andorra como de disfrutar del mismo, una vez oscurecido su origen, los acusados antes referidos actuaron de manera coordinada, manteniendo dicho acuerdo a lo largo de muchos años. Unos, dirigiendo la actuación de ocultación y afloramiento: Pujol Soley y su cónyuge; otros…”. “La cuenta se abrió con un ingreso en efectivo de 307.000.000 pesetas y sus movimientos fueron suscripciones de imposiciones a plazo fijo que a su vencimiento se iban renovando”.
A partir de las expresadas actuaciones, la Fiscalía las califica de delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita (artículos 301 y 515 del Código Penal), este último dentro de los cometidos “en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas”. Por los que solicita las penas de cuatro y cinco años de prisión respectivamente. Estamos, pues, ante una realidad que viene ocultándose a los ciudadanos y ciudadanas desde que el proceso se inició y que expresa cómo los poderosos disponen de recursos capaces de paralizar un proceso justo y fundado. Proceso que conjunta el abuso de la función pública y el enriquecimiento ilícito. ¿Hasta cuándo?
En definitiva, el candidato Puigdemont no es sino la actual expresión de la CDC que, someramente, acabamos de describir. De ahí, su plena coincidencia con el expresident.
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