La sanidad pública catalana necesita 3.000 millones de euros más, según un estudio de la UPF

La sanidad catalana requiere 3.000 millones de euros más para garantizar la financiación del sistema público. El estudio La insuficiencia financiera de la sanidad catalana revisitada, publicado por el Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES, por sus siglas en catalán) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), confirma la infrafinanciación del sector sanitario, aunque cuantifica una disminución de 2.000 millones del déficit entre 2018 y 2021, el último curso analizado. “La crisis sanitaria ha reducido la diferencia entre el gasto público y el gasto esperado”, concluye el informe. El análisis es la actualización del estudio La enfermedad de la sanidad catalana: financiación y gobernanza, también coordinado desde la UPF, y que cifró en 2020 un déficit de 5.000 millones en la sanidad pública. La cifra se convirtió en un mantra en el sector e incluso ERC y Junts asumieron el compromiso de inyectar ese dinero en cinco años (los dos primeros años la aportación creció 2.000 millones). El estudio también carga contra la financiación autonómica y observa un “mal pronóstico” en el futuro del sistema sanitario “si no hay una corrección importante”.

La inversión en salud parece una piedra en el zapato permanente para la Generalitat de Cataluña desde que los recortes del Gobierno de Artur Mas (2010-2016) cronificaron la infrafinanciación sanitaria. La crisis de la covid obligó a la administración a aumentar notablemente la inversión, como concluyen los investigadores, pero la falta de personal sanitario y el desgaste provocado por la pandemia ha vuelto a generar una sensación de malestar colectivo, especialmente en la atención primaria. Unas 2.500 personas salieron el domingo en manifestación en Barcelona para reivindicar la sanidad pública y tanto médicos como enfermeras fueron a la huelga en 2023 a pesar de las mejoras salariales conseguidas por el Govern.

La falta de presupuestos agrava una situación compleja, con listas de espera enquistadas, y con los principales hospitales catalanes anunciando reajustes de personal que los sindicatos califican como “recortes”. Incluso la patronal catalana Foment del Treball exigió este lunes al Parlament resultante de las próximas elecciones catalanas ampliar en 1.000 millones de euros los recursos destinados a sanidad.

“Son conocidos los descosidos en los que se mueve la sanidad catalana para hacer frente a un gasto insuficiente”, remarca el documento, que incluye la “presión” de los salarios del personal sanitario y sus jornadas laborales como consecuencias de este desequilibrio. “Los resultados de la sanidad catalana son aceptables por la valía de los profesionales. Los márgenes financieros en los que puede moverse la política sanitaria de la Generalitat ya no dan para mucho más”, insisten los investigadores, Guillem López-Casasnovas y Roger Sabater. Según el estudio, el gasto público por persona en Cataluña (2.755 dólares; 2.537 euros) es inferior al del conjunto de España (2.926 dólares; 2695 euros).

“Mal pronóstico” sin una corrección

El estudio señala el déficit fiscal autonómico como parte del problema de la infrafinanciación. “Esta problemática es común en muchos países desarrollados, pero lo que no es tan común es que en nuestro país todos estos retos tengan que confrontarse con una financiación autonómica que no tiene que ver con la capacidad fiscal y el PIB del país, y que claramente resulta insuficiente a la vista de las tensiones que soporta la gestión sanitaria”, remarca el documento. ¿Y en el futuro? “Nuestro sistema sanitario tiene mal pronóstico si no hay una corrección importante”, plantea el equipo de la UPF.

Una de las prioridades del Departamento de Salud antes del fracaso presupuestario era reducir la diferencia entre el gasto real de la consejería con el presupuesto inicial. Entre 2019 y 2023, según datos de Salud, el gasto real superó entre el 19% y el 28% lo previsto inicialmente, lo que obligó a la Generalitat a ampliar su deuda pública. “Esto no puede seguir pasando y debe solucionarse”, coincidieron el consejero Manel Balcells y los grupos parlamentarios. En 2023, el presupuesto fue de 11.708 millones de euros, pero el desembolso público anual alcanzó los 15.129 millones. Según el estudio de la UPF, añadiendo los 3.000 millones que faltan para cumplir con el gasto esperado, el Gobierno tendría que haber invertido aproximadamente 18.100 millones.

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