La Generalitat estudiará aplicar una renta básica para los agricultores

David Mascort, consejero de Acción Climática, propuso este martes en el pleno monográfico de agricultura una renta básica y un seguro agrario catalán, independiente de Agroseguro, que garantice la viabilidad económica de este sector. “El Govern siempre estará de lado de los agricultores y ganaderos. Por eso debemos estudiar un modelo de país de micros, pequeñas y medianas granjas que puedan sobrevivir en un contexto como el actual”, explicó Mascort en el Parlament, donde también se refirió a las protestas de las últimas semanas como “legítimas”.

El conseller dijo que este debate sirve para tomar decisiones consensuadas que permitan “construir un futuro mejor” en un contexto agrario marcado por los elevados costes de producción derivados de la guerra de Ucrania; la excesiva burocracia y la competencia “desleal” de otros países que no cumplen la misma normativa. Aunque reconoció que “se pueden hacer las cosas mejor”, Mascort, que también anunció una ampliación de los recursos de las oficinas comarcales para atender de manera más eficiente a los agricultores y ganaderos, pidió diálogo con las plataformas agrarias y los partidos políticos para consensuar las normativas y el modelo del sector primario en Cataluña porque “las soluciones no están solo en manos de la Generalitat”. El objetivo del Ejecutivo catalán es “alcanzar un sistema agroalimentario sostenible” que enorgullezca a las futuras generaciones de Cataluña porque “la pagesia es un sector fundamental para nosotros”.

El pleno tuvo una previa agitada. Más de un centenar de agricultores y ganaderos del colectivo Revolta Pagesa se concentraron frente a las puertas del Parlament y protagonizaron una ruidosa protesta para reclamar más y mejor atención para un sector primario que, dicen, está gravemente herido. Exhibiendo pancartas con lemas reivindicativos sobre la importancia que tiene la agricultura para proveer de alimentos a la ciudadanía y, también, para garantizar un equilibrio territorial, los manifestantes han hecho sonar cencerros e incluso una sierra eléctrica para dar más voz a las demandas que lanzan a los distintos partidos políticos.

Representantes de algunas formaciones, como Salvador Vergés y Albert Batet, de Junts; Joaquim Paladella, del PSC; o Dani Cornellà, de la CUP; han tratado de acercarse a los concentrados para escenificar una buena sintonía con las reivindicaciones que se ponen a debate en el Parlament, pero los intentos de los políticos por mostrar complicidad generaron escasa simpatía entre los manifestantes.

Pere Aragonès fue recibido con un sonoro abucheo. El president acudió a la Ciutadella a bordo de un coche en el que también viajaba Josep Maria Jové, presidente del grupo parlamentario de ERC. Ambos bajaron del vehículo a la carrera y sin intercambiar ningún gesto con el grupo que protagonizaba la protesta. El Govern de Esquerra, muy erosionado por la gestión de la sequía, trata de mostrar sensibilidad con las reivindicaciones de los agricultores. El president aseguró en su intervención que cumplirá las “pocas promesas que podemos hacer” a los agricultores y que dependen, exclusivamente, del propio Govern . “Ese es mi compromiso. Prometer poco, pero cumplirlo todo”, afirmó Aragonès, quien remarcó que el objetivo de la Generalitat es que “los agricultores puedan vivir” de su trabajo.

Batet, el líder parlamentario de Junts, abrió el debate. En su intervención, subrayó que el sector primario es “estratégico para el conjunto del país” porque representa el 19% del PIB y forma parte de la identidad catalana. “Cataluña será pagesa o no será”, ha afirmado. Batet pidió a Mascort un “cambio de rumbo” que aporte soluciones a la difícil situación que viven los agricultores y ganaderos con “el exceso de burocracia y la competencia desleal de otros países”.

Tras Batet, llegaron los turnos de los representantes de las plataformas agrarias que acordaron la semana pasada con el Govern acabar con las movilizaciones o la inclusión de las palabras agricultura, pesca y ganadería en la Consellería que dirige Mascort. Imma Puigcorbé, portavoz de la Plataforma Pagesa, atacó duramente las políticas y la gestión de la Generalitat: “O se reconoce a la pagesía como una actividad prioritaria o los agricultores no dejaremos de manifestarnos”, afirmó la portavoz. El sector agrario reclama la simplificación de la burocracia y la entrada en el Comité de Dirección de la Agencia Catalana del Agua (ACA), entre otras acciones, para poder participar en las restricciones por sequía que afectan al sector.

El presidente de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FAC), Ramón Sarro, solicitó “medidas coherentes” para alcanzar “un país con soberanía alimentaria” después de afirmar que el sector “no malgasta el agua”. Joan Carles Massot, presidente de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), pidió que este pleno sirviera para “marcar una hoja de ruta para los próximos cinco años” que garantice el futuro de los agricultores. Finalmente, Joan Caball, coordinador de Unió de Pagesos, señaló la importancia de adaptar la normativa europea a Cataluña y de conseguir la igualdad en el mercado agroalimentario acabando con la competencia desleal.

Para Aragonès, quien dijo que el Govern hace “suyas” las reivindicaciones de los agricultores, el pleno monográfico es “una oportunidad” para hacer acuerdos amplios que permitan cambiar el modelo de producción y fortalecer la cohesión territorial. Sobre las movilizaciones de las últimas semanas, el president afirmó que se han producido en un contexto “especialmente difícil” por la nueva PAC, los elevados costes de producción derivados de la guerra en Ucrania y la sequía que afecta desde hace tres años a Cataluña. “Compartimos vuestras demandas y las hacemos nuestras. Ayudaremos todo lo posible para que los pagesos puedan ganarse la vida dignamente”, afirmó Aragonès, quien también subrayó que la agricultura y ganadería catalana no es “homogénea”. El president también remarcó que ayudarán todo lo posible al sector, como ya hiciera hace unas semanas, cuando trasladó al Gobierno la necesidad de modificar la ley de la cadena alimentaria.

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