Las oficinas de empleo catalanas se abren a las empresas y sumarán 230 nuevos orientadores

Las oficinas de empleo catalanas estarán más abiertas a las empresas y cambiarán su forma de funcionar para adecuar mejor los perfiles de sus candidatos a las ofertas de empleo y para estar más cerca del territorio. La Generalitat ha preparado durante meses, junto con patronales, sindicatos y entidades municipalistas, una transformación del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) que se desplegará en los próximos cuatro años. Para llevar a cabo estos cambios la Generalitat destinará 55 millones de euros, cuya ejecución depende de la aprobación de los presupuestos de 2024, pendientes aún de acuerdo político. Entre las medidas previstas más importantes está la contratación de 230 nuevos orientadores laborales, el acercamiento a las empresas con el servicio SOC Empresa —con el objetivo de que comuniquen al SOC cuáles son las vacantes de empleo que tienen— y la creación de ocho consejos territoriales para adaptar las políticas activas a cada zona de Cataluña.

El Govern ha querido darle empaque a estas medidas celebrando un acto en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau al que ha acudido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, representantes de los sindicatos CC OO y UGT y las patronales Foment del Treball y Pimec, y profesionales de entidades sociales que gestionan políticas de ocupación. Pero el Govern lleva tiempo diseñando estos cambios, que surgen de reivindicaciones de los agentes sociales y de varios mandatos del Parlament, y de hecho algunos ya están en marcha o a punto de empezar.

El SOC, que gestiona la orientación laboral y las políticas activas de ocupación, tiene 70 oficinas en Cataluña, y comparte los espacios con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que es el organismo que gestiona las políticas pasivas, las prestaciones. Las dudas y la confusión que genera esta dualidad, a la que se encuentran los usuarios que llegan a la oficina y tienen que afrontar la barrera administrativa, hasta ahora la gestionan de forma oficiosa los vigilantes de seguridad, que hacen el cribaje y el primer trámite de atención. La transformación que emprende el Govern también prevé cambiar esta situación, fomentando la coordinación entre el SOC (que no necesita cita previa) y el SEPE (para el que es obligatoria la cita previa), instalando pantallas y tótems para la gestión de las colas, y situando una mesa de atención inicial en la que una persona del sistema público haga el cribaje.

El plan prevé que cada uno de los ocho consejos territoriales pueda definir sus propias estrategias de ocupación, adaptándolas a su territorio, que coincide con las ocho veguerías catalanas. Al despliegue de la concertación territorial, que este mismo miércoles se ha culminado con la creación del consejo territorial de Barcelona, le seguirá el despliegue de las estrategias de cada consejo, que el SOC financiará con 40 millones de euros.

El Govern explica que este acercamiento al territorio será clave para afinar mejor las necesidades tanto de las empresas como de los demandantes de empleo, y se reforzará aún más con la contratación de 230 nuevos orientadores laborales (para lo que se destina una inversión de nueve millones de euros). En total, entre los orientadores del SOC, los que no forman parte del organismo pero están financiados por él, y los orientadores de las entidades sociales, en Cataluña hay cerca de 1.000 profesionales de este tipo. Estos trabajadores harán un diagnóstico del demandante de empleo y el plan prevé crear un “nuevo modelo de perfilado” de los candidatos, que se terminará de completar en 2025. Lo que llegará antes, este año, será el expediente único ocupacional, que recogerá todos los aspectos de la vida laboral de la persona y podrá compartirse entre las entidades del sistema.

Ir a buscar a las empresas

Las 70 oficinas del SOC tendrán aparejada una nueva oficina SOC Empresa, que en algunas ocasiones estará en el propio espacio del SOC, y en otros se ubicará en zonas de promoción económica como polígonos industriales. El objetivo, ha explicado el Govern, es “ser proactivos e ir a las empresas a preguntar qué necesitan”. La Generalitat no tiene capacidad para obligar a las empresas a publicar en el SOC las ofertas de empleo, pero sí prevé establecer incentivos para que lo hagan, lo que permitirá establecer la conexión con los candidatos y proponerles programas de formación específicos para cubrir las vacantes de las compañías. El año pasado, el SOC gestionó solo 60.000 ofertas de empleo, una cifra que contrasta con el millón de contratos que se firmaron en 2023. “Tenemos que aprovechar la oportunidad de que a muchas empresas les está costando cubrir sus vacantes, para ofrecerles las soluciones”, han explicado fuentes del departamento.

El año pasado, unas 147.000 personas participaron en las políticas activas del SOC (el número de desempleados fue de 345.000 en Cataluña según la EPA del tercer trimestre). El plan prevé fomentar más estas políticas activas y orientarlas sobre todo a los colectivos en situación de más vulnerabilidad, con un plan específico para parados mayores de 45 años (para el que se destinarán 130 millones de euros en tres años), uno para los jóvenes (120 millones y el refuerzo que ya se ha hecho de 125 orientadores financiados por el SOC) y uno para mujeres (67 millones de euros de inversión). El plan del Govern incluye además cinco millones para avanzar en la digitalización de los procesos.

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