El desplome de la gestión pública de empleo obliga al SOC a reinventarse

Los servicios de ocupación pública tenían como misión principal ser los intermediarios directos de ofertas de empleo entre empresas y parados. Ahora ya no. En 2007, el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) gestionaba 110.000 ofertas de empleo. Una década después, son apenas 31.000, lo que supone una caída del 72%. Ante el cambio de hábitos a la hora de buscar empleo —por el avance imparable de las plataformas de internet y las agencias privadas— el SOC intenta reinventarse. El organismo de la Generalitat trata de impulsar su faceta de formación y orientación laboral.

Ya no es obligatorio pasar por el Servicio de Ocupación de Cataluña para encontrar trabajo si se está en una situación de desempleo. El SOC, sin embargo, consiguió resistir hasta antes de la crisis como una de las principales soluciones al desempleo: la confianza de las compañías en la Administración, a la que fiaban el proceso de selección, y la confianza de los desempleados para conseguir un trabajo se tradujeron —hasta 2007— en un todavía alto número de ofertas gestionadas directamente por este organismo. Desde entonces, la caída ha sido drástica.

“Las oficinas del SOC ya no son el sitio donde solo se va a buscar trabajo, sino que se sitúan como el lugar de orientación. Tenemos que profundizar en este sistema”, expuso el jueves el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir el Homrani, en la presentación de los programas de este año. En 2018 se destinarán 331 millones de euros en políticas activas para la ocupación, de las que se beneficiarán 240.000 personas, con el objetivo prioritario de atender a los colectivos más vulnerables.

Programas de formación

El año pasado se atendió a dos millones de personas. Los programas de cualificación profesional del SOC, además, consiguieron un 63% de inserción laboral el año pasado. El Homrani también destacó el compromiso por un empleo de calidad: las personas contratadas a partir del programa Trabajo y Formación tienen un salario mínimo de 1.000 euros al mes, una condición de la que se han beneficiado 4.000 personas en 2017.

A pesar de la buena marcha de los programas de formación, hay quien muestra preocupación por la pérdida de terreno en la función de la intermediación directa. Más aún si se tiene en cuenta que el presupuesto del SOC ha aumentado de 304 millones (2007) a 386 diez años después. “La caída de esta función es más acusada en Cataluña. Lo inquietante es la falta de confianza de los empresarios hacia el servicio público”, argumenta Juan Antonio Alujas, profesor en el departamento de Política Económica de la Universidad de Barcelona. En 1996, explica, el 15% de los desempleados que encontraban trabajo en España lo hacían a través de la Administración. En 2007 fue del 6% y ahora es el 2%. En Cataluña, no llega al 1%, lo que contrasta con el 8% que todavía mantiene Extremadura, donde las ETT no tienen tanto peso.

Además, los puestos gestionados por el servicio público que finalmente se ocupan también son pocos. La media de cobertura en España, explica Alujas, se sitúa alrededor del 65%, mientras que en Cataluña, en 2017 fue del 53%. “No son ofertas atractivas o no cuadran con las características de los candidatos. Hace falta más personal para asesorar a los desempleados: en España cada trabajador tiene que orientar a 200 personas”, añade el profesor.

En Cataluña hay 1.284 trabajadores en el SOC. “La plantilla es insuficiente si miramos los objetivos que tenemos”, asegura Antonia Pascual, de CC OO. Según Pascual, no es tan grave que la intermediación directa pierda peso: “El objetivo es reducir el paro; no importa si, tras una formación del SOC, donde encuentran trabajo es en Infojobs”. La ley que regula el servicio de ocupación, de 2015, todavía tiene que desplegarse. “Es una oportunidad para revisar la eficiencia de los servicios, especialmente el de intermediación directa”.