Municipios y comarcas catalanas podrán decidir las políticas para acabar con el paro
El Govern, entidades municipalistas y los agentes sociales firman un acuerdo tras siete años de intentos para dar más protagonismo a los criterios locales
Los consejos comarcales y los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes podrán decidir qué políticas aplicar en sus territorios para acabar con el desempleo que afecta a sus territorios y dejarán así de depender de los diferentes programas subvencionados articulados desde la Generalitat y el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC). Esa es la base del acuerdo que han firmado este lunes el Govern con las entidades municipalistas, las patronales y los sindicatos, en el que se trabajaba desde hace siete años.
Fuentes del Departamento de Empresa y Trabajo señalan que con el acuerdo se acaba con el modelo reinante desde ahora, en el que imperaba “el punto de vista de Barcelona” a la hora de diseñar las políticas activas de empleo y se dota de “una distribución de fondos más eficiente”. A partir de ahora, cada territorio que así lo prefiera podrá aplicar su propio programa de trabajo a tres o cuatro años vista, a partir de la concertación territorial de entidades municipalistas, agentes sociales y el SOC. De esta forma se podrán asignar programas plurianuales para asegurar la dotación de recursos públicos de forma más enfocada y afinar mejor la cobertura de las necesidades laborales de las empresas. Se prevé que las primeras entidades en asumir ese trabajo se activen a partir de finales de 2023.
El problema del modelo aprobado hoy es que no hay referencia en España de cómo llevarlo a cabo y se tendrá que iniciar su desarrollo desde cero. De hecho, tampoco existe una opción cerrada sobre qué entes municipales podrán fijar sus propias políticas ocupaciones, en incluso se abre la puerta de que diferentes municipios pueda actuar conjuntamente si el SOC lo considera posible. Una vez se decida la unidad territorial, deberán abordar las problemáticas y las políticas activas conjuntamente con el servicio público de empleo, que sufrirá una reestructuración para poder asumir los cambios.
Tras la firma del acuerdo, el consejero de Empresa, Roger Torrent, lo ha calificado como “un gran avance” para “mejorar la ocupabilidad”. Ideas en las que han mostrado su acuerdo los presidentes de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; Pimec, Antoni Cañete; CC OO, Javier Pacheco; y de UGT, Camil Ros.
En la nueva etapa, el SOC será el encargado de coordinar todos los recursos públicos, con la intención de evitar duplicidades. Antes, en todo caso, será necesario un acuerdo del territorio y un plan estratégico con un diagnóstico y unas planificaciones consensuadas, así como los servicios y programaciones ocupacionales que se llevarán a cabo.
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