Ampliar el periodo de la amnistía y evitar grietas: las claves políticas de las enmiendas de Junts y ERC

Diseñar el contenido y el alcance de la ley de amnistía fue la principal fuente de tensión durante las negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes Junts per Catalunya y Esquerra para fraguar el acuerdo por la investidura de Pedro Sánchez. El pacto, a la postre, obtuvo la luz verde porque, supuestamente, gustaba a todas las partes. Sin embargo, tanto Esquerra como Junts presentaron este martes enmiendas para blindar y ampliar un texto legal que pretende dar carpetazo a las causas judiciales que pivotan sobre el procés y el referéndum del 1 de octubre de 2017. Los dos partidos coinciden, por separado, en pedir que se suprima de la ley un precepto que aparta de la amnistía a los encausados por terrorismo. Es el caso de los incluidos en la causa de ‘Tsunami Democràtic’ como Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, y el expresidente de catalán de Junts Carles Puigdemont.

La proposición de ley señala en el apartado “c” del artículo 2 que quedan excluidos de la amnistía los actos tipificados como delitos de terrorismo siempre y cuando “hayan recaído en sentencia firme”. En sus enmiendas, Junts afirma que a la vista del “uso indebido que se hace del Código Penal” y de los instrumentos del Estado para “perseguir el independentismo” resulta conveniente retirar esos delitos excluidos. “Es una realidad que nada más hacerse pública la proposición de ley de amnistía se han reactivado procesos que se asumía estaban destinados al sobreseimiento”, recoge el el texto. Fuentes de ERC apuntaron que suprimir la exclusión de casos de terrorismo de la ley es para blindarla lo máximo posible además “de que se garantiza la inclusión de todos los casos”.

Junts tramitó en solitario una docena de enmiendas en las que demanda que “la amnistía incluya todos los casos de persecución contra el independentismo sin excepciones”. Pretende que sea aplicable en toda su extensión “y tenga efectos inmediatos en su aplicación”. El partido posconvergente quiere evitar así posibles retrasos en el despliegue de la amnistía y, para ello, registró enmiendas para que la presentación de recursos de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales a la justicia europea no impidan levantar medidas cautelares u órdenes de detención y prisión, aunque el proceso quede en suspenso.

Tras cerrar, hace dos meses, un pacto con el PSOE, Carles Puigdemont y su partido alegaron que el espaldarazo a la reelección de Pedro Sánchez era a cambio de una ley de amnistía sólida y sin fisuras. Junts siempre ha defendido tener buenas dotes negociadoras, en contraposición del “a cambio de nada” que dedican a ERC para desmerecer los logros de los republicanos en sus tratos con el Gobierno. Las enmiendas se conocieron este martes en medio del revuelo que ha creado la publicación de informaciones relacionadas con la Operación Cataluña y que señalan al Gobierno de Mariano Rajoy y a la cúpula policial del Ministerio del Interior, que pilotaba Jorge Fernández Díaz, por maniobrar, al margen de la ley, para asediar al independentismo.

Introduciendo modificaciones a la ley de amnistía, JxCat alega que trata de hacer más grueso el blindaje contra recursos posteriores a la norma y contra previsibles interpretaciones judiciales que puedan poner en jaque el fin que persigue la ley, esto es, la dispensa judicial de las personas imputadas por causas relacionadas con el desafío separatista catalán. De una parte, Junts propone ampliar dos meses la cobertura de la amnistía, desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. El texto inicial marcaba el punto de partida de los efectos en el 1 de enero de 2012. Junts razona que el estiramiento de la protección legal se debe al afán indagatorio del Tribunal de Cuentas, que retrotrae en el tiempo el inicio de los actos preparatorios de la consulta del 9N de 2014. Fuentes del partido indican que se pretende, expresamente, proteger actuaciones o decisiones del departamento de Exteriores de la Generalitat en noviembre de 2011. Entonces, el presidente era Artur Mas y su vicepresidenta, Joana Ortega, se encargaba del área de relaciones institucionales.

Junts también introduce una enmienda para que se entiendan comprendidos por la amnistía aquellos actos realizados o atribuidos “en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno”. El partido insiste en que se trata de mejorar la cobertura de cargos del Govern, y asesores, que puedan estar relacionados con la organización de la consulta del 9N y la preparación del referéndum del 1-O, y niega que la referencia persiga amnistiar a su presidenta, Laura Borràs, condenada a 4 años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación por trocear contratos públicos. Borràs siempre ha alegado ser víctima de una persecución judicial por sus ideas políticas.

Esquerra presentó conjuntamente con PSOE, Sumar, EH-Bildu y BNG ocho enmiendas entre las que destaca la exclusión de la amnistía de los delitos del título 24 del Código Penal que atentan contra el derecho humanitario o que la amnistía se podrá aplicar en cualquier procedimiento, también durante los juicios.

Paralelamente, ERC impulsó cuatro enmiendas propias que confía en transaccionar con los otros grupos durante la ponencia. Los republicanos proponen modificar el artículo 2 de la ley, que especifica quienes pueden quedar excluidos de la amnistía, en dos sentidos: en el apartado B, los republicanos certifican que quedan fuera del beneficio quienes cometan torturas o trato degradante, pero elimina la coletilla “siempre que superen un umbral de gravedad”. “Sería dar un excesivo margen de interpretación a los jueces”, afirman fuentes de ERC. Y el apartado C, en referencia a los encausados por terrorismo. En el artículo 4, proponen una modificación sobre cómo alzar las medidas cautelares del procedimiento y en el 7, que se puedan retornar el importe de las multas impuestas por la llamada ley mordaza.

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