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La lucha de Barcelona contra los pisos turísticos ilegales: 30 rastreadores, 27 inspectores y seis letrados

El Ayuntamiento, que acaba de poner una multa récord de 420.000 euros, inició en 2016 un plan para cerrar la oferta sin licencia que la ha rebajado de 6.000 apartamentos a “una cifra muy baja”

Clara Blanchar
Turistas saliendo y entrando de la finca de la calle Ample de Barcelona donde hay alojamientos turísticos ilegales y cuyo dueño ha sido multado por el Ayuntamiento con 420.000 euros, este miércoles.
Turistas saliendo y entrando de la finca de la calle Ample de Barcelona donde hay alojamientos turísticos ilegales y cuyo dueño ha sido multado por el Ayuntamiento con 420.000 euros, este miércoles.Gianluca Battista

Atasco de turistas con maletas en la acera, ante el número 24 de la calle Ample, en el barrio Gòtic, meollo del turismo en Barcelona. Y vodevil muy parecido en el tercer piso de la finca, donde salen clientes por una puerta, y entran otros por la de al lado. No hay ascensor, y en la escalera otros arrastran el equipaje. Son las 11.00 del miércoles, un día después de que el Ayuntamiento de Barcelona anunciara esta semana una multa récord de 420.000 euros al dueño del edificio, donde la mayoría de viviendas son pisos o albergues turísticos ilegales. Además de la sanción, el Ayuntamiento ha iniciado órdenes de cese de las actividades. Pero, por ahora, la oferta sigue activa y esta semana se anunciaba en portales turísticos como Booking o Rumbo. “¿En serio que son ilegales? ¿Pero podremos entrar? Tenemos la reserva pagada”, se alarma Fernando en la calle, recién llegado de México con otras dos personas, todos de mediana edad. Una sorpresa que en pocos minutos se llevarán otros 21 clientes (de Francia, Italia, países del norte de Europa y Asia) cuando este diario les explica el anuncio del consistorio de multar y cerrar los pisos. El caso de la calle Ample, un edificio regio —escalinata y cuatro plantas de más de 500 metros cuadrados—, ilustra lo que cuesta investigar, multar y cerrar los pisos turísticos ilegales en España: el Ayuntamiento ha tardado seis años.

Barcelona, con el exalcalde Xavier Trias, ya en 2014 congeló la concesión de nuevas licencias para nuevos pisos turísticos legales. Y es también pionera y lidera la batalla contra la oferta ilegal, que provoca problemas de convivencia, saca vivienda del mercado para los vecinos y dispara los precios. Una tensión que viven todas las ciudades turísticas de España y contra la que también luchan, con resultados más modestos, otros Ayuntamientos o comunidades.

El plan de choque contra la oferta clandestina en Barcelona comenzó en 2016, con la exalcaldesa Ada Colau, y el gobierno de su sucesor (y exsocio), Jaume Collboni, mantiene que será “inflexible y contundente ante propietarios y grupos organizados que hacen negocio con los pisos turísticos ilegales”. Desde 2016 “con el control proactivo y constante”, señalan fuentes municipales, “se ha pasado de unas 6.000 viviendas turísticas a ‘una cifra muy baja’ gracias a la actividad inspectora y sancionadora”. En siete años se han analizado casi 70.00 anuncios, se han abierto 22.728 expedientes disciplinarios (puede haber varios por una misma ubicación) que han derivado en 9.679 órdenes de cese y 10.500 expedientes de multas. Además, “se han recuperado para uso de residencia habitual 3.473 pisos donde había actividad turística sin licencia”.

Detrás de estos números hay un equipo centralizado de 30 rastreadores de páginas web, 27 inspectores que investigan a partir de los portales y a pie de calle, y seis letrados, destacan las mismas fuentes. Detectan cada mes unos 500 anuncios de pisos enteros o habitaciones que se ofrecen a turistas sin licencia. Además de iniciar el procedimiento de sanción y cierre, requieren a los portales que retiren los anuncios de pisos sin licencia, una petición que en el caso de Airbnb se tensionó y Colau llegó multar al portal con 600.000 euros, un caso todavía judicializado. Antes del plan de choque, de los ilegales se encargaban los distritos, que hacían lo que podían con muchos menos medios, recuerdan en el equipo de inspectores.

Trajín de turistas con maletas en el edificio del barrio Gòtic de Barcelona donde hay alojamientos para visitantes ilegales y que el Ayuntamiento intenta cerrar, este miércoles.
Trajín de turistas con maletas en el edificio del barrio Gòtic de Barcelona donde hay alojamientos para visitantes ilegales y que el Ayuntamiento intenta cerrar, este miércoles.Gianluca Battista
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Uno de los responsables del equipo explica que la dificultad de cerrar pisos turísticos ilegales radica en que la actividad se realiza en una vivienda, un espacio protegido por la ley y en el que está permitida la compatibilidad de usos. “Si una discoteca incumple la norma y la cierras, no puede reabrir como otra cosa. En cambio, si precintas un piso turístico, puede volver a ser vivienda, porque un domicilio es un derecho constitucionalmente reconocido”, ilustra el técnico municipal. De hecho, en la oferta ilegal que se ha conseguido cerrar, el Ayuntamiento realiza inspecciones semestrales en los siguientes tres años.

El plan de choque, con una primera batería de multas de 60.000 euros, espantó “a la increíble cantidad de particulares de Barcelona que alquilaban sus pisos a turistas”. Ahora la guerra es otra. Otro nivel. “Los ilegales que quedan son una minoría de profesionales que se dedican a esto: los gestionan a través de distintas empresas o marcas para despistar, cambian las fotos de los anuncios, los anfitriones…”, explican las mismas fuentes. En el caso de la calle Ample, el propietario (con el que este diario ha intentado contactar sin éxito), mostraba al Ayuntamiento contratos legales de alquiler y aseguraba que eran los inquilinos quienes realquilaban a vecinos. En el edificio hay pisos turísticos cada uno con su cocina, pero también plantas que son albergues, como la tercera. “Esperábamos un hotel, no un piso”, reconocía el miércoles Nadia, una clienta de Sitges (Barcelona) que se alojó con seis amigas de Montpelier.

Clientes jóvenes saliendo del albergue que se anuncia como Blue Hostel o Blue Gòtic, en un edificio del barrio donde hay este y otros pisos turísticos sin licencia, este miércoles.
Clientes jóvenes saliendo del albergue que se anuncia como Blue Hostel o Blue Gòtic, en un edificio del barrio donde hay este y otros pisos turísticos sin licencia, este miércoles. Gianluca Battista

Blue Hostel o Blue Gótico son algunos de los nombres que se pueden encontrar en internet del establecimiento. Y en un comercio próximo, los dueños, acostumbrados a atender a clientes que no lo encuentran, porque en la calle no hay ningún cartel, explican que ha tenido otros nombres, como 4 Fun o Serenity. Los turistas muestran un mensaje de su reserva: “La entrada es por una gran puerta. Para entrar llame al interfono 3º 2ª o 3º 3ª. Una vez dentro del edificio, puede ir directamente a la tercera planta”.

“La actividad inspectora saca muchos datos y pruebas, pero la tramitación es muy compleja. Hemos de hacer expedientes muy completos para demostrarlo todo y que el juez valide nuestra actuación, a veces no han aceptado casos que llevábamos años trabajando”, indican en el equipo del plan de choque. En cada caso, se abren dos líneas. Una para detener la actividad, la restitución: aviso al propietario, órdenes de cese, hasta lograr precinto y cierre. Y otra, sanciones para que no reincida, que suelen acabar en los juzgados cuando los propietarios son profesionales y tienen abogados que buscan cualquier fallo en el expediente o cuestionan la cuantía de las multas.

Desde la asociación de vecinos del Gòtic, Martí Cusó subraya que el caso de la calle Ample es conocido de hace años y que actuaciones como la de su propietario no son aisladas. En 2016, un estudio mostró que más de la mitad de los edificios del barrio tenía oferta turística. Y destaca otra cuestión: “Este caso muestra que no solo estamos ante fondos de inversión de capital internacional, sino de rentistas locales, propietarios de la ciudad que utilizan la vivienda para sacar beneficios y no para su uso social y tienen alfombra roja”. Cusó explica que a las asambleas de la entidad tras la pandemia “llegaron personas a quienes cobraban 600 euros por una habitación en la finca cuando no había turistas en la ciudad, pero que fueron expulsadas de mala manera al recuperarse la normalidad”. Aplaude el plan de choque municipal, pero alerta de que estos propietarios pueden pagar cualquier multa y de la “falta de inspectores y la poca celeridad y flexibilidad de las leyes en materia de vivienda”. Ahora, recuerda, el gran problema en Barcelona son los alquileres de temporada.

El miércoles, mientras seguían entrando y saliendo turistas de la puerta de madera del 42 de la calle Ample, Oriol y Lourdes, vecinos casi de la calle, varias generaciones en el barrio Gòtic, relataban lo que cuesta resistir en el barrio. “De la generación de nuestros hijos no queda nadie, no pueden quedarse, y también personas de nuestra edad se rinden. Son los pisos turísticos y todo lo que arrastra: la subida de precios, el comercio de proximidad que desaparece, no se puede ni caminar por las calles más conocidas. Es un círculo perverso donde todo está pensado para los guiris”.

Inteligencia artificial en Valencia y lío jurídico en Galicia

A otros ritmos e intensidades respecto a Barcelona, otros Ayuntamientos españoles se han arremangado también contra la oferta ilegal de vivienda turística. En Madrid, está vigente un plan aprobado cuando Manuela Carmena era alcaldesa, que dejaba fuera de la legalidad a la inmensa mayoría de los inmuebles porque en la almendra central (dentro de la M-30) es necesaria una entrada independiente desde la calle. Sin embargo, el cumplimiento de esta norma ha sido deficiente y el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha sido tachado de permisivo por las asociaciones de vecinos y la oposición. Su Gobierno se defiende diciendo que las inspecciones son poco efectivas porque el ejercicio de la actividad de viviendas turísticas se oculta. Almeida anunció en octubre una nueva regulación, durante una visita a Madrid del alcalde Collboni. Dijo entonces que la norma estaría lista en tres o cuatro meses, también aseguró que se realiza un “esfuerzo en inspección”, pero el consistorio no respondió esta semana si ha cerrado oferta ilegal. Igual ocurre en Valencia, donde el Ayuntamiento asegura que no podrán disponer de datos hasta pasadas las fiestas. Mientras, explican que tanto en la capital valenciana como en el resto de la comunidad la oferta de pisos turísticos ilegales se controlará con inteligencia artificial. La Conselleria de Innovación y Turismo trabaja en un plan para reforzar el trabajo de los inspectores (solo 11 en toda la región: 4 en Valencia, 4 en Alicante y 3 en Castellón) con la ayuda de algoritmos que rastrearán las webs de alojamientos turísticos. Contrastarán la oferta con el registro oficial y las que no tengan licencia serán sancionadas y cerradas.

En Andalucía, el Gobierno autonómico ha cerrado 384 pisos turísticos ilegales desde 2018, 64 al año, y alega que aprobará “de forma inminente” la nueva ley que regula las viviendas de uso turístico. La Junta avanza que con la nueva norma incrementará el número de inspectores y mejorará los medios tecnológicos para automatizar el cruce de datos con las plataformas y así “perseguir las viviendas clandestinas”. Mientras, Sevilla ha recuperado una mesa bimensual donde se aborda el fenómeno de la oferta clandestina; y Málaga responde que al no ser la inspección competencia de las administraciones municipales, si recoge denuncias las deriva a la Junta. En Santiago de Compostela, el Ayuntamiento estima la oferta ilegal en 900 pisos, pero no facilita la cifra de los que ha cerrado. Mientras, se arrastra una batalla judicial entre el Ayuntamiento y los propietarios de viviendas turísticas que tiene origen en la moratoria que en 2017 impuso el entonces alcalde Martiño Noriega: el consistorio les pedía permiso municipal y el sector respondió que estaban dados de alta en la Xunta. El actual ejecutivo municipal explica que los juzgados están resolviendo los contenciosos a favor del consistorio.

Con información de Fernando Peinado (Madrid), Marta Rojo (Valencia), Javier Martín-Arroyo (Sevilla), Nacho Sánchez (Málaga) y Silvia Pontevedra (Santiago).

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Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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