Multa récord al dueño de un edificio de Barcelona que alquilaba pisos a turistas sin licencia: 420.000 euros

El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado al propietario del edificio ubicado en el número 24 de la calle Ample de Ciutat Vella por alquilar durante seis años un total de 14 pisos a turistas, pese a no tener licencia. La multa, calificada de “ejemplar” por el teniente de alcalde de Seguridad y concejal del distrito, Albert Batlle, es de 420.000 euros. “Es un aviso de que no se permitirá ningún tipo de actuación como esta”, ha advertido. En la finca hay otra vivienda, con una inquilina de renta antigua, que se encargaba de entregar las llaves a los visitantes, ha añadido el Consistorio sin revelar más que el hecho de que era “cómplice” de su casero. En el edificio vive al menos otro vecino, también de alquiler, que no ha querido hablar con este diario.

Este mismo martes, varios turistas siguen alojados en la finca, como unos italianos que explican que llegaron el pasado 29 y se marchan este miércoles. La oferta turística también continúa figurando y disponible para reservar en anuncios en por lo menos dos portales (Booking y Rumbo). El Consistorio añade que además de la sanción, como es habitual en estos casos, “están en curso órdenes de cese de la actividad ilegal y, en caso de que no cese, se procederá al precinto; y, si persiste, a la apertura de nuevos procedimientos”.

Batlle ha explicado que la sanción llega tras “un largo proceso de investigación” por parte de la Guardia Urbana y los servicios de inspección del distrito. De forma reiterada y pese a las sospechas e intentos de sancionar por parte del Consistorio, el propietario alegaba que alquilaba los pisos de forma legal a inquilinos que aparecían en los contratos como vecinos de los pisos turísticos. “La propiedad evitaba el expediente finalizando el contrato de alquiler o cambiaba el titular cada vez que se acercaba el final del trámite administrativo sancionador”, ha explicado. Legalmente, la propiedad es una comunidad de bienes formada por dos particulares, precisan fuentes municipales.

Los pisos se anunciaban en portales de alquiler turístico como Booking o Airbnb que, sobre el papel, acordaron en 2018 con el Ayuntamiento de Barcelona, entonces gobernado por Ada Colau, no anunciar pisos para turistas si no tienen número de licencia. De hecho, el foco en esta finca se puso precisamente en 2018, cuando el anterior ejecutivo municipal había emprendido una batalla contra los pisos turísticos ilegales: con arañas informáticas que peinaban los portales, con inspectores que acudían a las fincas e incluso animando a los barceloneses a delatar oferta sin licencia en sus barrios. Durante seis años, los inspectores han estado abriendo expedientes sobre esta finca de la calle Ample y pidiendo a las plataformas que eliminaran los anuncios de sus apartamentos, en los que la propiedad mostraba imágenes y supuestos anfitriones distintos, para esquivar a los servicios municipales, siempre según el Consistorio.

Tras meses de acumular pruebas, en abril pasado se produjo una inspección conjunta de la policía local y los inspectores del distrito que constató que 14 de los pisos estaban ocupados por turistas y en otro “vivía una inquilina de renta antigua que gestionaba la recogida de llaves y entradas y salidas de los alojamientos”. La calle Ample está en uno de los extremos de Ciutat Vella, el distrito más presionado por el turismo, muy próxima al puerto de la ciudad. Como su nombre indica en catalán, pese a estar en la tupida trama urbana histórica, es más ancha que las de su entorno.

La voluntad reiterada de esquivar a la administración y “la incorporación de la arrendataria en la gestión turística del inmueble” han sido considerados una acción “muy grave” que ha desembocado en el inicio del procedimiento sancionador. El cálculo de 420.000 euros corresponde a una estimación del beneficio obtenido y “otras circunstancias agravantes reguladas por la Ley de Turismo de Cataluña”, como anunciar viviendas sin licencia como alojamientos turísticos. El Ayuntamiento ha anunciado además que facilitará a Hacienda la información recabada en el expediente, por si el casero debe responder también ante la Agencia Tributaria.

El futuro de los casi 100.000 pisos turísticos legales que hay en Cataluña ha dado mucho que hablar en las últimas semanas en la comunidad. Antes de Navidad, el Parlament convalidó un decreto que contempla cerrar dentro de cinco años 28.000 pisos legales en 260 municipios y que éstos redacten nuevos planes urbanísticos fijando cuántos consideran que pueden tener. El decreto del Gobierno de Pere Aragonès tuvo el apoyo de los comunes y del PSC, que lo votó a cambio del compromiso de ERC de redactar una nueva legislación sobre la cuestión por el trámite ordinario: con debate, informes e información pública. La rebelión de alcaldes del PSC, sobre todo de la costa catalana, forzó que el acuerdo entre republicanos y socialistas pase por rebajar el plan de cierre de casi 30.000 pisos: la idea del PSC es que en la futura ley se suprima la ratio máxima de 10 apartamentos por cada 100 habitantes que contemplaba el decreto. En Barcelona, el actual alcalde, Jaume Collboni, se ha mostrado partidario de reducir “significativamente” la oferta legal del sector, que está en pie de guerra.

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