La misión europea afea a la Generalitat que no se plantee un modelo alternativo a la inmersión lingüística en las escuelas

El grupo de europarlamentarios enviados durante tres días para analizar el modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas acaba su visita constatando “que todo está muy polarizado” y que “hay opiniones diversas y contradictorias”. “Ha quedado claro que hay familias que buscan el derecho de una enseñanza en castellano, pero eso no quiere decir dejar a un lado el catalán”, ha explicado este miércoles Yana Toom, eurodiputada de Estonia del Eurogrupo Renew (en el que se integra Cs), que al mismo tiempo ha espetado a la Generalitat que no se plantee un modelo alternativo a la inmersión: “Nadie busca otro modelo, están atrapados erre con erre en un concepto”. Toom ha asegurado que se marcha con una lista de preguntas por responder y que cuando tengan estas respuestas la comitiva elaborará su informe final en los próximos meses.

La misión ha estado formada por seis eurodiputados, todos ellos vinculados a eurogrupos conservadores donde se integran PP, Cs y Vox. El grupo llegó este lunes y lo primero que hicieron fue reunirse con las personas y entidades solicitantes de la misión, es decir, la Asamblea por una Escuela Bilingüe y varias familias que han reclamado vía judicial el 25% de castellano en la escuela. Toom se ha mostrado impactada por el relato de estas familias, como la de Canet de Mar, y por la denuncia de “persecución” y “acoso” que sufrieron por el proceso judicial. “Eso es una forma de exclusión social”, ha lamentado la eurodiputada.

La misión, en cambio, no se reunió con la principal entidad que agrupa las asociaciones de familias, la Affac, que es favorable a la inmersión, ni tampoco han explicado el motivo. El lunes también se entrevistaron con el principal sindicato educativo, Ustec (a favor de la inmersión) y Docentes Libres (contrario), además de la Fundación Bofill. Toom ha revelado que Docentes Libres achacó los últimos malos resultado en PISA de Cataluña a la inmersión, mientras que la Bofill “dijo que era por la falta de equidad, pero no dieron pruebas”, ha asegurado la eurodiputada sin cuestionar, en cambio, el argumento de Docentes Libres.

En su repaso sobre las citas concertadas durante la misión, Toom ha explicado que Ustec advirtió que si se aplicaba el 25% de castellano se discriminaría al resto de familias. La eurodiputada estonia ha apuntado que “es necesario defender a la minoría” y ha explicado el ejemplo de su país, en el que conviven la comunidad estonia y los rusófonos, grupo en el que se ha incluido la eurodiputada.

El grueso de la misión se concentró el martes, con un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, y de la sala de lo contencioso, Javier Aguayo, que ha firmado algunas de las sentencias del 25% de castellano y cuya imparcialidad ha estado cuestionada por las entidades de perfil soberanista.

Pero especialmente polémica ha sido la elección de los dos centros educativos elegidos por los eurodiputados para conocer el funcionamiento del modelo de inmersión lingüística: un centro de educación especial (con alumnos con alto grado de discapacidad) y un instituto que aplica el 25% de las clases en castellano a petición de una de las familias peticionarias de la visita europea y que Toom ha calificado de “ejemplo de hecho de bilingüismo porque 30 alumnos estudian más castellano gracias a las familias”.

La eurodiputada ha asegurado que no sabía por qué se ha elegido un centro de educación especial y no una escuela ordinaria que aplica la inmersión (aunque la elección se votó en la Comisión de Peticiones, de la cual ella ostenta la vicepresidencia), y preguntada sobre si ha podido conocer el sistema de la inmersión, ha respondido: “No lo sé, pero espero haber recopilado suficientes datos”.

La eurodiputada ha focalizado sus comentarios en el hecho de que, durante la entrevista con los directores de los centros, estuvieron presentes cargos del Departamento de Educación (la inspectora y el responsable de los servicios territoriales) haciendo una “supervisión”. “Puntualizaban lo que decían los directores e incluso hablaban en lugar de ellos. No ha habido un intercambio libre de opiniones”, ha lamentado Toom.

El martes la comitiva también se reunió con varios representantes del Departamento de Educación, entre ellos la consejera Anna Simó. La eurodiputada ha afeado a la Generalitat que no respondiera a algunas cuestiones, aunque ante las reiteradas preguntas de los periodistas, solo ha puesto como ejemplo la cifra de alumnos a los que actualmente se aplica el 25% de castellano. “Estaban muy emotivos y a veces si estás muy emotivo no puedes dar datos”, ha ironizado Toom. Educación lo niega y asegura que Simó dijo que actualmente hay 30 aulas de 70.000 afectadas por el 25%, al como recogen algunos medios como El español. Finalmente, preguntada sobre si la Generalitat ha puesto “trabas” a la misión, Toom se ha limitado a responder: “Lo han hecho más interesante”.

Con todo, la eurodiputada ha concluido que la situación está “muy polarizada”. “Hemos visto opiniones diversas y contradictorias, ahora tenemos que analizarlo”, ha añadido, y ha querido remarcar que todavía “no hay posición hasta el momento”. Ahora la misión elaborará un informe con sus apreciaciones y recomendaciones, que será presentado en comisión antes de que acabe la legislatura europea, prevista para finales de abril, ha detallado.

Carta a Metsola

La misión oficial, formada por eurodiputados extranjeros, ha contado con el acompañamiento de un grupo de parlamentarios de PP, Cs y de Vox, ya que el resto de formaciones se han desmarcado porque la consideran “sesgada”. Diana Riba (ERC) sí ha participado, en representación del partido de Govern, y ha lamentado que la misión “sea utilizada indebidamente para determinadas agendas políticas nacionales”. En este sentido, Riba ha enviado una carta a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, pidiéndole que investigue si se ha incurrido en un posible caso de malversación de fondos por la visita.

Por su parte, ayer la consejera de Educación, Anna Simó, aseguró que la comitiva planteó preguntas sobre si se prohibía el castellano en las escuelas, el margen de los centros para regular el uso de las lenguas o por qué no se aplica “la Ley del 25%”. “Denotaban un desconocimiento importante de la realidad lingüística, legislativa y pedagógica de Cataluña”, espetó Simó, recordando que ninguna ley obliga a este 25%. Lo que sí hay son reiteradas sentencias que piden la aplicación de este 25% para garantizar los derechos de todos los alumnos.

La AEB se felicita de que una misión haya inspeccionado el modelo de inmersión, que califican de “fracasado”. En un comunicado, la entidad asegura que los eurodiputados han recibido “insultos” y “presiones con las que se ha intentado entorpecer su actividad parlamentaria”, y critica especialmente la “actitud prepotente y despectiva” de Anna Simó y de la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, por criticar que la misión estaba “manipulada” políticamente. La AEB también ha criticado la concentración, como la celebrada este miércoles por un grupo de medio centenar de personas, la mayoría de avanzada edad, ante la puerta de la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona convocados por la ANC para expresar su apoyo al modelo de inmersión lingüística.

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