Una entidad pide a la justicia abrir la vía penal contra el ‘conseller’ de Educación por no implementar la sentencia del 25% de castellano

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) -impulsora de las demandas de las familias que piden más castellano en las aulas catalanas y que consiguió que la justicia ordenara la ejecución de la sentencia- pasa al contraataque. Un día después de que la Generalitat argumentara ante la justicia que no puede aplicar el porcentaje del 25% por “imposibilidad legal”, la entidad ha solicitado oficialmente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que actúe de diversas maneras. La más dura (e incluso sin esperar a que el alto tribunal catalán determine si se está cumpliendo su mandato o no), que se abra la vía penal contra el consejero de Educación catalán, Josep Gonzàlez Cambray, al considerar que comete un posible delito de desobediencia. La AEB también pide específicamente que se multe al consejero con 1.500 euros diarios hasta que se pueda certificar que todos los alumnos catalanes reciben al menos una cuarta parte de su educación en castellano y que la justicia requiera directamente a los directores de los centros que cumplan el fallo y expliquen qué acciones han adelantado para ello.

“No nos vale que cambiar el marco legal sea una respuesta”, ha dicho José Domingo, uno de los líderes de Impulso Ciudadano (parte de la Asamblea), que ha comparecido este miércoles y ha calificado el nuevo sistema sin porcentajes de “una chapuza” y “tinta de calamar”. Ana Losada, portavoz de la entidad, cree que la decisión del Ejecutivo catalán de fijar por ley la imposibilidad de aplicar porcentajes con una nueva norma, que choca con lo establecido por la sentencia es ”una desobediencia abierta y pública del Govern”. La Generalitat había explicado en un escrito al TSJC que no podía cumplir el mandato judicial pues el nuevo decreto ley que explica cómo tienen que ser los proyectos lingüísticos de cada centro genera una “imposibilidad legal” de aplicarlo.

“Las instrucciones dadas a los centros por el departamento no responden a los términos de la interlocutoria de ejecución forzosa de la sentencia”, ha insistido Domingo. La AEB incluso sugiere al Departamento de Educación que se pregunte a las direcciones de los más de 4.000 colegios e institutos catalanes, de cara a realmente determinar si se cumple la decisión del TSJC, cuáles son las lenguas vehiculares en cada centro y en qué lenguas se están dando las asignaturas. Para ello, aparte de la exigencia de que se cumpla la sentencia, también abrirá otra vía legal, con la presentación de un recurso contencioso administrativo adicional contra las instrucciones aprobadas por Educación el pasado 30 de mayo, derivadas del decreto ley sobre el uso de lenguas.

Domingo ha defendido además que está ampliamente certificada “la voluntad clarísima de no cumplir los autos y las sentencias” del Govern. Por ejemplo, ha ejemplificado, con las declaraciones de Gonzàlez-Cambray y de otros altos cargos criticando “la injerencia de los tribunales en la escuela” o los llamamientos a las direcciones de los centros para que “no hicieran nada” tras conocerse la obligación del 25% de tiempo lectivo en castellano. En el documento enviado al TJSC, la AEB justifica que esos actos “implican una dificultad objetiva para que los interesados [por la sentencia] puedan ver garantizados sus derechos”. Otro de los miembros de la entidad, Rafael Arenas, ha reconocido que si bien hay que esperar a que el Tribunal decida si se cumple la sentencia o no, es legítimo pedir ahora a la justicia que analice los indicios y decida si hay material para ir a la Sala de lo Penal del alto tribunal catalán.

Para Domingo, es inadmisible que el titular de Educación intente erigirse como el único responsable ante la ley. “Si los proyectos lingüísticos no se adaptan a la ley la responsabilidad no es únicamente del consejero, también es de los directores de los centros”, ha recordado. De ahí que la AEB solicite al TSJC no solo que los directores expliquen qué han hecho hasta ahora para cumplir la sentencia que obliga a un 25% de tiempo lectivo en catalán, sino que también se les “requiera directamente” para que den cumplimiento al fallo. “Los directores son ciudadanos, como yo. Aquellas personas que no siguen las decisiones judiciales son responsables de sus decisiones”, ha añadido Losada.

Gonzàlez-Cambray ya se había referido a la posibilidad de que los tribunales acabaran señalando a los directores. “Si un profesor se encuentra en esta situación, lo que debe hacer es comunicarlo al Departamento y nosotros lo acompañaremos en todo el proceso”, aseguró. Con todo, el consejero insiste en que el nuevo decreto ley ha generado un nuevo marco legal que, según su interpretación, rige sobre la sentencia, de modo que no es necesario acatar la sentencia. “Lo que hacemos es cumplir la legalidad de las leyes del Govern. Y los tribunales están obligados a velar porque se cumplan las leyes”, ha añadido este martes en un encuentro informativo en el Fórum Europa.

Otras vías judiciales

La AEB no será la única que continúe la batalla judicial por el castellano. Los partidos contrarios a la inmersión lingüística no se dan por satisfechos con la respuesta de la Generalitat a la sentencia. Vox, Partido Popular y Ciudadanos ya han anunciado que llevarán el nuevo decreto ley al Tribunal Constitucional, pero mientras tanto el partido de ultraderecha también ha asegurado este miércoles que pedirá un dictamen sobre esta normativa al Consejo de Garantías Estatutarias, un proceso que no suspende el decreto ley, en vigor desde el lunes. Asimismo, Ciudadanos avanzó este martes que denunciará al consejero Cambray ante la Fiscalía.

Pero las entidades proinmersión también han decidido entrar en la batalla jurídica. Òmnium Cultural ha optado por un recurso de reposición para lograr personarse en la causa e intentar frenar la ejecución forzosa cuyo plazo vencía este martes. Plataforma per la Llengua y los sindicatos Ustec (mayoritario en la enseñanza) y La Intersindical han presentado un recurso pidiendo la anulación de la sentencia al considerar que la elección del magistrado Javier Aguayo Mejía fue irregular porque decidió participar en el auto de ejecución de la sentencia, “en contra de un principio jurídico fundamental que es el derecho a que los jueces sean predeterminados por ley”, aseguran.

Los tribunales también tienen pendiente resolver la demanda de un grupo de familias de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, que no están de acuerdo con que la petición de una familia sobre el 25% afecte de rebote a sus hijos.

Negociación de los sindicatos

Paralelamente, en motivo de los dos días de huelga planteados por los sindicatos educativos -una parcial de dos horas este jueves y una total el día 9 de junio-, representantes del Departamento se han reunido con el comité de huelga en una nueva sesión de mediación. Cambray también se han referido a las nuevas convocatorias de huelga asegurando que entiende “el malestar” y “el cansancio” del profesorado, pero se ha reafirmado en sus últimas decisiones polémicas, como el cambio del calendario escolar. “Un gobierno republicano no viene a gestionar, viene a hacer una transformación ambiciosa. Siempre habrá ruido y reticencias cuando se propone un cambio. Siempre ha pasado y pasará”, ha zanjado el consejero.

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